Francisco Garfias_Arsenal El moche de la 3 de 3

Es un misterio como le hicieron el PRI y el PVEM para que representantes de la sociedad civil avalaran el documento de los senadores Raúl Cervantes, tricolor, y Pablo Escudero, Verde, que rasura la famosa Ley 3 de 3 .

Y es que bajo la batuta de los citados representantes, alrededor de 634 mil ciudadanos suscribieron la iniciativa original, que incluía la obligación de publicar las declaraciones patromonial, de intereses y fiscal para los servidores públicos.

La propuesta original 3 de 3 es un reflejo del hartazgo de la sociedad por moches, desvíos, sobreprecios, transas que son financiadas con recursos públicos y que están al origen de grandes fortunas inexplicables.

La contrapropuesta de los “partidos gemelos”–o mellizos si prefiere- deja a criterio del funcionario público la decisión de presentar o no las tres declaraciones: patrimonial, de interés y fiscal.

“Me extraña es que, de pronto, eso que originalmente se planteó frente a 600 mil ciudadanos, se esté firmando achicado. Se esté firmando con menos potencia de la que viene en el texto que se promovió”, comentó el perredista Armando Ríos Piter.

Le preguntamos al senador del PVEM, Pablo Escudero, presidente de la Comisión Anticorrupción, los motivos por los cuales se retiró el carácter obligatorio a la citada iniciativa.“No podemos ir más allá de La Corte”, respondió.

Y puso en nuestras manos el amparo 599/2012 relativo a la negativa a entregar las versiones públicas y electrónicas de las declaraciones patrimoniales de los 500 diputados.

Al resolver el amparo, el 12 de agosto del 2014, los ministros del Tribunal Supremo consideraron que no existe causa que justifique la divulgación de la información.

Casi en forma unánime, los ministros consideraron que los servidores públicos no tienen un umbral distinto de protección de datos personales.

Para ponerlo en boca del ministro Luis María Aguilar, hoy presidente de la SCJN:

“No es válido afirmar que los datos personales por razón del sujeto como servidor público, puedan ser objeto de un escrutinio de mayor o menos intensidad que cualquier persona”.

Luego de entregarnos el documento, Escudero resumió su sentir: “la decisión jurídica ya está tomada. Falta la decisión política”

Al cierre de esta columna, hacia las 21:30 horas, no se había dado aún esa voluntad política.

No se vislumbraba por ningún lado un acuerdo para aprobar cinco de las siete leyes secundarias que requiere el Sistema Nacional Anticorrupción para ponerse a caminar.

“Es un atropello”, nos dijo el senador del PAN, Ernesto Ruffo, al destacar que el documento PRI-Verde-ONGs deja el tema de las declaraciones como está.

“Lo que nos presentan en relación a la 3 de 3 ya lo tenemos en la Ley de Responsabilidades vigente”, subrayó.

Miguel Barbosa, coordinador de la bancada del PRD, anunció que los senadores de su partido no bloquearían el proceso legislativo, pero que votarían en contra del “achicado” Sistema Nacional Anticorrupción.

Al cierre de la columna no se vislumbraba una salida a lo que Emilio Gamboa definió comoimpasse (callejón sin salida.)

Sólo quedan dos opciones: Convocar a un período extraordinario, o ponerla a votación en el Pleno, sin previo consenso.

Los  siete ordenamientos que requiere el SNA son:

La Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; La Ley General de Responsabilidades Administrativas; la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; Reformas a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas.

Y dos reformas adicionales en materia penal relativas a los delitos de corrupción.

Escudero nos entregó en mano un documento firmado por Eduardo Bohórquez, de Transparencia Mexicana, en el que se daba el “sí” al documento base de la iniciativa del PRI-PVEM.

Paralelamente se repartió la lista de representantes de las organizaciones de la sociedad civil que supuestamente revisaron “los proyectos de reforma”.

Ellos son: Guillermo Ávila y Haydé Pérez Garrido, Fundar; Eduardo Bohórquez, Transparencia Mexicana; Enrique Cárdenas y Enrique Díaz Infante, Centro de Estudios Espinosa Yglesias; María Amparo Casar, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.

Pero también Juan Pardiñas y Max Kaiser, IMCO; Sergio López Ayón, CIDE; Mauricio Merino y Lourdes Morales,  Red por la Rendición de Cuentas; y Pedro Salazar, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

Luego de dar el “sí” a los 30 elementos que contiene la propuesta Cervantes-Escudero que habría sido tomado de la 3de3.el documento firmado por Bohórquez destaca:

“Estimamos imperativo que se reformen los tipos penales relativos a los delitos de corrupción y que se hagan explicitas las competencias que tendrá la Fiscalía Especializada en materia de Delitos de Corrupción”.

En las iniciativas de carácter penal radicaba otra de las grandes diferencias entre los grupos parlamentarios. PRD y PAN insistieron en que se aprobara el conjunto de siete leyes en paquete.

El PRI y el Verde se oponían aprobar las de carácter penal.

Ernesto Cordero llevó su báscula a la reunión previa del grupo panista en el Senado. Sacó un cigarro de la cajetilla de Delicados que llevaba. Lo pesó: menos de un gramo.

Luego mostró fotos de lo que serían 28 gramos.

Al ver las imágenes, el senador Ruffo las comparó con “taco gigante” que requiere tomarlo “a dos manos”. De ese tamaño.

El asunto se votó. Perdieron los que, encabezados por el coordinador Fernando Herrera, querían aprobar la iniciativa del presidente Peña que eleva de 5 a 28 gramos la posesión legal de la hierba y sus derivados.

El PAN votará en contra cuando se lleve al Pleno.

FIN.

POR FRANCISCO GARFIAS / ARSENAL, COLUMNAS / elarsenal.net