Hoy la anticorrupción tiene dientes

Una exigencia ciudadana desde hace décadas es que los corruptos –que pululan en México y no pocas veces se sirven de la política- no queden en la impunidad, que sean juzgados y castigados, y que, además, la corrupción sea combatida en todo frente, en los tres niveles de gobierno, lo cual implica la adopción de medidas especiales preventivas.

Pues bien, finalmente el pasado jueves 26 de febrero fue aprobado el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) propuesto por el PAN, en la Cámara de Diputados. Se trata de un gran avance, se diría un paso histórico, innovador, integral, con dientes, para combatir esa vieja práctica que tanto daño le ha hecho al desarrollo de todos los mexicanos.

La corrupción ha dañado nuestra convivencia social, la forma en que nos hemos relacionado entre nosotros como pueblo, y ha deformado nuestra imagen dentro y fuera del país. Además, ha detenido el crecimiento económico y ha sido un factor muy determinante de la injusticia social, en la pésima distribución de la riqueza. Entonces la ciudadanía es sabia y es justa cuando juzga a la corrupción como el peor enemigo de la democracia.

La corrupción genera crisis. De las instituciones, a las que deslegitima y pudre. De los gobiernos, a los que les hace perder toda credibilidad en la medida en que se van descubriendo nuevos escándalos por irregularidades inexplicables. De la ciudadanía, la que acepta corromper y corromperse para intentar escapar de un sistema económico que no le brinda las posibilidades de desarrollo que merece.

No es la corrupción, por tanto, sólo un asunto a vigilarse en el sector público, aunque es evidente que donde más se roba es desde los gobiernos. La aprobación del SNA es muy útil y un camino hacia una democracia más transparente y eficaz, en donde los funcionarios no son reyezuelos o caciques impunes, sino algo más cercano a un servidor público, con vocación de transformar al país en algo mejor y empeñar la vida en ese noble propósito.

Por ello, cabe reconocer el esfuerzo legislativo que el Sistema Nacional Anticorrupción implicó al tener que concretar no pocas reformas a la Constitución, que modifican 14 artículos: 22, 28, 41, 73, 74, 76, 79, 104, 108, 109, 113, 114, 116 y 122.

Por una vez en la vida, una considerable mayoría de los diputados, de todos los partidos, votaron a favor del combate sistematizado contra la corrupción. Fueron 331 votos a favor, 61 en contra y sólo una abstención. Ahora el documento deberá pasar al Senado para ser en su caso modificado y aprobado, y luego deberá irse a los estados, para que al menos 16 de éstos le den su visto bueno.

Sólo entonces podremos empezar a ver funcionar un verdadero mecanismo integral, transversal y filoso, que no fácilmente podrán burlar los administradores gubernamentales federales, y los virreyes estatales en que se han convertido algunos gobernadores.

De hecho, el SNA podrá fiscalizar hasta en un 92% de los fondos que van destinados a los gobernadores y a los alcaldes. Dentro de las nuevas facultades con que contará la Auditoría Superior de la Federación (ASF) está la capacidad de fiscalizar recursos locales, efectuar supervisiones en tiempo real, auditar deuda y poder abordar problemas estatales si esto es solicitado por los congresos locales.

Ahora las investigaciones podrán ser emprendidas por órganos que cuenten con una verdadera autonomía. La Secretaría de la Función Pública (SFP), la ASF, el Fiscal Anticorrupción y el Tribunal Federal de Justicia Fiscal Administrativa serán las principales instituciones que resultarán reestructuradas favorablemente, y que trabajarán en equipo. Los magistrados de este tribunal ahora serán designados por el Presidente y tendrán que ser ratificados por el pleno del Senado.

El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y los tribunales de lo contencioso estatales, se convertirán en tribunales de justicia administrativa. Podrán ahora imponer sanciones a los funcionarios públicos.

Es un gran avance, porque la corrupción debe enfrentarse en todos los lugares, y en todo momento, hasta que podamos contar en México con la conciencia de una nueva ética pública. La corrupción actualmente, según cálculos del Banco Mundial, nos cuesta hasta 1.5 billones de pesos anualmente a todos los mexicanos.

Al mismo tiempo que se promueve la aprobación en el Senado y en los estados del SNA, se deben impulsar –sin duda- programas de simplificación de trámites administrativos, de todo tipo, para pagar todo tipo de servicios, tanto como para facilitar la apertura de negocios, y aún en su caso, la entrada de miles de comerciantes informales, en la formalidad, pero con estímulos.

Es decir, no sólo es con grandes medidas coercitivas que México va a dejar de ser corrupto. Se necesita que simultáneamente se instauren cambios para hacer más sencillo el camino al crecimiento económico, reduciendo de esta manera la brecha entre ricos demasiado ricos y pobres extremos. Hay que crear mucha más clase media, a través de la educación, y a través de muchos programas y políticas públicas de estímulos, y no sólo de coacción o corrección.

Es la hora de luchar.

POR RAÚL TORTOLERO / elarsenal.net