¿Impostores en Convergencia?

En el desahogo de los pendientes del extinto IFE, los consejeros electorales resolvieron –el pasado 21 de mayo– completar el trámite de registro, para las Agrupaciones Políticas Nacionales que solicitaron su reconocimiento (con el correspondiente acceso a las prerrogativas) por parte de la autoridad administrativa.

Entre las nuevas APN –consideradas en su momento como “protopartidos”– está el Frente Nacional Ciudadano en Movimiento, quien cumplió con los requisitos estipulados por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del nuevo INE.

El 26 de mayo, el abogado Juan Miguel Castro Rendón, en representación de Movimiento Ciudadano promovió un recurso de apelación, por considerar que la resolución INE/CG23/2014 viola el principio de identidad.

¿Movimiento Ciudadano, original y genérico? La ponencia del magistrado Constancio Carrasco Daza formuló la resolución al juicio SUP-RAP-75/2014, que reconoció lo evidente: la diferencia fonética entre ambas denominaciones, es mínima, lo que puede provocar confusión entre las fuerzas políticas y la ciudadanía cuenta con poco conocimiento sobre la fundación y el reconocimiento de la APN. “El hecho de anteponer las palabras Frente Nacional no es suficiente para establecer diferencias”, concluyó el magistrado.

Aliado al PRD desde la elección presidencial del 2000, este partido político ha preservado su registro como partido político nacional gracias a una inteligente política de alianzas. En el 2012 formó parte del Movimiento Progresista que nominó a Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de la República, al que le aportó dos millones de votos, que le valieron 15 diputados federales y un senador.

El pleno de la sala superior –que en la sesión de ayer contó con la asistencia de cinco de sus siete integrantes– dejó sin efecto el acuerdo del nuevo INE que otorgó el registro al Frente Nacional Ciudadano en Movimiento y abrió un “plazo razonable” de tiempo para que cambien su denominación.

El fallo del Tribunal Electoral deja a salvo el nombre del partido de Dante Delgado… por ahora. Y es que dentro de las filas del otrora  Convergencia por la Democracia se incuba una rebelión que busca arrebatarle el control de esa formación de corte socialdemócrata, que ha detentado en las últimas dos décadas.

Al frente de esa asonada están el diputado mexiquense Horacio Jiménez –naucalpense, ex militante del PRI– y Emilio Ulloa, economista chiapaneco formado en la misma línea política que Rosario Robles y quien militó en el PRD durante una década. Aun no se sabe si ambos personajes –que controlan a Movimiento Ciudadano en el Estado de México– trabajarían para la causa de Alejandro Chanona o para la secretaria de Desarrollo Social, a quienes otras versiones aviesas ubican como probable lideresa de Nueva Alianza, en un futuro no muy lejano.

Ambas hipótesis no son excluyentes. Y caminarían en la misma ruta de un plan que involucra a las fuerzas políticas con registro nacional, que a toda costa buscan que la izquierda social –ya sea en su faceta de Movimiento Ciudadano o MORENA, el partido en gestación que encabeza Andrés Manuel López Obrador– fracase en las elecciones del 2015.

Por lo pronto, los pleitos al interior del partido naranja dejarían un gran damnificado: Luis Walton Aburto, actual alcalde de Acapulco, quien es el político izquierdista mejor posicionado para competir por la gubernatura de Guerrero, pero que correría sin el respaldo del PT, del PRD… y probablemente de Movimiento Ciudadano.

EFECTOS SECUNDARIOS

OMISIÓN. Ayer, los magistrados de la sala superior del Tribunal Electoral también resolvieron una queja tramitada por el perredista César Arturo Espinosa Morales, quien reclamó la intervención de los juzgadores, ante la omisión de la Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia del PRD, sobre la solicitud de afiliación al ex gobernador de Chiapas, Pablo Salazar Mendiguchía como  militante de dicho partido político, después de 203 días. “A la brevedad”, esa instancia partidista tendrá que resolver el particular.

ACUERDOS.

El gobierno de Coahuila y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, firmaron un convenio para que los elementos de Policía Estatal sean derechohabientes de ese organismo, con lo que podrán acceder a créditos crédito hipotecarios –ya sea para adquirir o remodelar viviendas– en asociación con la banca privada; o a la   devolución de sus aportaciones al Fondo Nacional de la Vivienda, con sus respectivos intereses, en caso de retiro. La administración de Rubén Moreira Valdés se comprometió a crear un organismo paraestatal que cubrirá las aportaciones obrero-patronales al Infonativ, que encabeza Alejandro Murat.

DESLINDES. Paula Soto fue integrante del grupo parlamentario del PAN en la ALDF, conoce a la perfección a Sergio Eguren y Rafael Medina, los panistas que escandalizaron en Brasil. Y después de reprobar la conducta por la que se acusa a sus correligionarios insistió en que –en congruencia con sus principios y por mandato estatutario– la dirigencia del blanquiazul está obligado a sancionarlos.

Es una de las pocas voces al interior de esa organización que ha definido postura, en torno a este caso que ya tiene tintes escandalosos pues, como algunos lectores de este espacio compartieron en la versión electrónica de El Economista, los funcionarios de la delegación Benito Juárez  iban acompañados de un Director de Ventas de la empresa ORACLE. ¿Qué se sabe de dicha empresa y por qué les financió el viaje a estos funcionarios?, preguntaron.

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Por Alberto Aguirre / La Columna / elarsenal.net