Impuesto chatarra

Paradojas de la reforma fiscal peñista: dos de los productos más populares en los estanquillos, las tiendas de barrio y las cooperativas escolares -los Mamuts, de Gamesa, y los Gansitos, de Grupo Bimbo- quedaron fuera de la lista de “alimentos con alta densidad calórica” susceptibles del nuevo Impuesto Especial a la Producción y Servicios (IEPS) tan presumido por el PRD y adoptado entusiastamente por el secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso.

Ya se verá si ambas gigantes de la industria de los alimentos procesados ajustan los precios de esos y otros productos similares, cuyos costos de producción inexorablemente se verán afectados, ante el incremento de las materias primas que también acarreará la reforma fiscal.

Lo que será un hecho ineluctable es que el 8% del IEPS a las ventas de las botanas fritas y el peso que se cobrará por litro de refresco, hará más caras esas mercancías. Pero, ¿las expulsará de la mesa de la mayoría de los hogares mexicanos? ¿Los niños comerán más sano durante su recreo? ¿Cambiarán los Gansitos y los Cazares por pepinos con chile y botellitas de Evian?

¿Cuánto tardarán en instalar bebederos en todas las escuelas de educación básica del país? ¿Cuántos años pasarán para definir los tratamientos para reducir la obesidad y para ampliar la dotación de terapias para los enfermos de diabetes?

En ciernes esas definiciones. Mientras, los legisladores perredistas -principalmente aquellos radicados en la Ciudad de México- pugnan por quedarse con parte de los recursos que recaudará Hacienda por los gravámenes especiales a la comida chatarra, cuya paternidad debe atribuirse al senador guerrerense Armando Ríos Píter, aunque originalmente hayan sido su colega Mario Delgado y la senadora panista Marcela Torres Peimbert quienes impulsaron un impuesto a los refrescos.

Quedan seis días para las definiciones presupuestarias. Y entonces, el “paquetón fiscal” propuesto por Videgaray, con el aval de las bancadas perredistas enfrentará su prueba de fuego. Y es que con los nuevos gravámenes a los alimentos con alta densidad calórica, el Congreso habría rebasado sus facultades constitucionales.

En efecto: el artículo 73 de la Carta Magna otorga a los legisladores federales atribuciones para establecer impuestos especiales, pero específicamente sobre: “energía eléctrica; producción y consumo de tabacos labrados; gasolina y otros derivados del petróleo; cerillos y fósforos; aguamiel y productos de fermentación; explotación forestal, y producción y consumo de cerveza”. Nada, sobre bebidas azucaradas o comida chatarra.

La fracción XXIX del artículo 73 de la Constitución tiene 18 incisos, entre ellos establece la facultad del Congreso federal -aun no ejercida, por cierto- para legislar sobre iniciativa ciudadana y consulta popular.

La reforma más reciente a ese artículo constitucional data del pasado 26 de febrero, cuando hubo una adición al numeral 25, para establecer el Servicio Profesional Docente, “en los términos del artículo Tercero”.

EFECTOS SECUNDARIOS

EMBOTELLADOS. En San Lázaro, tendrán que predicar con el ejemplo: organizaciones ciudadanas acudirán mañana al recinto legislativo para exigir que la Cámara de Diputados cancele la compra de agua embotellada y construya un sistema general de potabilización para que los legisladores y sus equipos puedan usar el grifo sin desconfianzas. Tal acción permitiría ahorrar recursos que alcanzarían para instalar bebederos en 300 edificios públicos.

¿EJEMPLARES? Renovaron los comités directivos del PRI en 122 de los 125 municipios del Estado de México, cuna del presidente Enrique Peña Nieto, del mandamás del tricolor, César Camacho, y del Grupo Atlacomulco. Solo en uno, Zumpahuacan, hubo comicios. En el resto, los consejeros políticos validaron las planillas de unidad “sugeridas” desde la Plaza de los Mártires. Para Toluca no hubo acuerdo entre los grupos locales y la elección quedó pospuesta, hasta el jueves.

 por Alberto Aguirre / elarsenal.net