Iniciativas ciudadanas

Saldos del segundo periodo ordinario de sesiones de la 62 Legislatura del Congreso de la Unión: 85 por ciento de la “agenda comprometida” entre los grupos parlamentarios pudo cumplirse, no obstante los amagos de sabotaje del PAN y el sometimiento al Pacto por México, que redujo el papel de diputados y senadores a meros tramitadores del mecanismo de concertación que impulsa la transformación del país.

“Retomaremos los pendientes en el próximo periodo”, confió Emilio Gamboa Patrón, coordinador del grupo mayor en la Cámara Alta, quien presume que el trabajo coordinado de las fuerzas políticas ha brindado resultados positivos desde hace ocho meses.

Ojalá y el mérito fuera solamente de los legisladores federales. Además de las presiones de las cúpulas partidistas y las dirigencias empresariales en asuntos concretos –la reforma educativa y las redefiniciones del marco legal en materia de comunicaciones– también han gravitado las expresiones y los reclamos de diversas organizaciones de la sociedad civil.

Allí están los logros del poeta Javier Sicilia y las agrupaciones que participan en el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que se movilizaron para lograr la reforma de la Ley General de Víctimas.

Antes, en conjunto con México SOS y Causa en Común, presentaron ante los grupos parlamentarios del Senado una propuesta de mejoras, procesadas por diversos actores públicos y consensadas con las ONG desde octubre del año pasado.

Ese trabajo conjunto –en el que participaron abogados, académicos, legisladores y los activistas del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, México SOS, Causa en Común y Alto al Secuestro– produjo una nueva propuesta de reforma, que presentó en febrero en el Senado y un mes después, fue aprobada –en lo general y en lo particular– el pasado 21 de marzo.

En las trincheras de las organizaciones sociales han surgido nuevas leyes y actualmente se incuba la masa crítica para una auditoría al Plan Nacional de Desarrollo, que ejecutaría México Evalúa el think tank dirigido por la maestra Edna Jaime. De manera simultánea, el empresario Alejandro Martí ha logrado que prospere la propuesta de legislar un nuevo Código Único de Procedimiento Penales, para homologar los procesos de investigación en las 32 policías investigadoras estatales.

Ambas iniciativas ciudadanas reflejan el vigor actual de la sociedad civil.

México Evalúa está próximo a presentar un sistema de métricas e indicadores de monitoreo y evaluación para la administración pública que identifica aquellos indicadores que nos hablan de un gobierno eficiente en sectores como desarrollo social, salud, educación, infraestructura y seguridad pública.

En los últimos años, organismos multinacionales como el Banco Mundial, la OCDE y las Naciones Unidas han insistido en que para ser efectivos, los gobiernos federales y locales deben promover un enfoque a resultados, que no se base únicamente en indicadores de desempeño y metas de gestión, sino que informe respecto a los avances en sus objetivos estratégicos.

El esfuerzo de Alejandro Martí y otros activistas sociales para expedir un Código Único de Procedimiento Penales, fue canalizado por los senadores Manuel Camacho Solís y Areli Gómez González, quienes en primera instancia lograron que el Pleno aprobara –por mayoría–  avances significativos antes de que concluyera el periodo ordinario de sesiones. El martes, por mayoría, el Senado reformó el artículo 73 de la Constitución a fin de facultar al Congreso de la Unión para expedir una legislación única en materia procedimental penal, tanto en el orden federal como en el fuero común, que regirá en toda República.

Después de que la Cámara de Diputados valide este cambio al texto constitucional, será posible la aprobación del nuevo Código Penal, que representa la estandarización de las reglas que deben utilizarse para la investigación, persecución y procesamiento penal en todo el país, además de que permite contar con un proceso penal que sea más entendible para todos.

La iniciativa de las organizaciones de la sociedad civil fue acogida por un grupo de senadores lidereado por Camacho y Gómez, al que respaldan Roberto Gil Zuarth, Pablo Escudero Morales, Angélica De La Peña Gómez, Omar Fayad Meneses, Luis Armando Melgar Bravo y Dolores Padierna Luna, quienes ayer propusieron un proyecto de decreto para expedir el Código Procesal Penal para la República Mexicana.

Este nuevo ordenamiento implica que las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley mejoren su coordinación y eficacia, además de que permitiría clarificar cuáles son responsabilidades y competencias de las autoridades involucradas en la procuración y administración de justicia, de forma tal que se instale una efectiva política pública tendente a la rendición de cuentas.

¿Qué tiene de peculiar esta nueva norma jurídica? Además de establecer un proceso penal acorde a la realidad mexicana, resalta porque contiene experiencia teórica y práctica de operadores directos en el sistema acusatorio mexicano, además de que en su elaboración se tomaron en cuenta los códigos y las experiencias de todos los estados que ya habían empezado la reforma al sistema penal, e inclusive a la de aquellos que lo hicieron antes de la reforma del 2008.

Ante casos bochornosos para la justicia mexicana como el de Florence Cassez o más recientemente el del General Tomás Ángeles, un Código Único generaría certidumbre y seguridad jurídicas para la población y para todos los que intervienen en el proceso penal, permitiendo la protección efectiva de los derechos fundamentales de todos los involucrados.

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Por: Alberto Aguirre M. / elarsenal.net / Correo electrónico: aam@mexico.com