Iniciativas preferentes

Inexorables, los plazos fatales definen la priorización de las leyes secundarias que desahogará el Congreso de la Unión, entre febrero y abril próximos. A la Ley de Partidos, en ciernes, se sumará la nueva regulación de los mecanismos de participación ciudadana, después de que este viernes 31, el Ejecutivo federal promulgue la reforma política, en presencia de los presidentes nacionales del PRI, del PAN y del PRD.

Para legisladores vendrán 12 semanas de mucha intensidad. Y a más tardar el 9 de marzo, deberán haber dictaminado y aprobado la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones. Ayer, el secretario Gerardo Ruiz Esparza urgió a los diputados federales del PRI y del PRD a definir las atribuciones y competencias del IFETEL.

“Se trata de un esfuerzo necesario para generar un piso parejo y, por tanto, atractivo para la licitación de dos nuevas cadenas nacionales de televisión digital que ya prepara el IFETELl”, definió. El Ejecutivo federal –ofreció el titular de la SCT– podría contribuir, haciendo uso de su facultad de iniciativa preferente.

En el caso de la reforma energética, Emilio Lozoya Austin, director general de Pemex, anticipaba –a principios de esta semana– que las primeras asignaciones a la iniciativa privada podrían estar listas incluso a finales de este año. En otros ámbitos del gobierno federal y de los órganos legislativos, sin embargo, son más escépticos y existe la consideración de que la definición de la legislación secundaria podría limitar los alcances de las enmiendas a los artículos 25, 27 y 28 de la Carta Magna.

Y es que las modificaciones al texto constitucional –en realidad no tan profusas– quedaron supeditadas a los 21 artículos transitorios que incluye el decreto presidencial… y a un calendario que agota sus plazos dentro de 50 días para ser exactos.

Las leyes secundarias de la reforma energética deberán precisar los términos de la conversión de la CFE y de Pemex en “empresas productivas del Estado” y antes del 20 de marzo próximo –justo en vísperas del aniversario de la Expropiación Petrolera de 1938– deberán quedar definidas las modalidades  de contratación entre ambos organismos públicos y los particulares, así como el régimen fiscal al que deberán sujetarse.

El Ejecutivo federal hizo su tarea y propuso a los legisladores una iniciativa que abriera el sector energético a los inversionistas: “aguas arriba”, los contratos petroleros con el gobierno federal y los contratos de servicio con Pemex; “aguas abajo”,  las alianzas con los operadores ya instalados –tanto nacionales como foráneos– y el desarrollo de nuevos proyectos.

La reforma fue más allá de la propuesta gubernamental inicial. Toda la industria petrolera se abre a la inversión privada, nacional y extranjera. La administración de los recursos en hidrocarburos se realizará en adelante a través de operadores públicos y privados. El gobierno federal otorgará licencias, contratos de  producción compartida y cualquier otra  modalidad contractual que  considere adecuada.

Ahora le toca al Poder Legislativo disponer lo necesario para garantizar la seguridad energética nacional y la eficacia del Estado como autoridad regulatoria, además de redefinir el papel de Pemex como ente económico y asegurarle condiciones equitativas en materia ?scal, presupuestal, ?nanciera, administrativas, ambiental y tecnológicas.

El punto nodal de este nuevo entramado legal está en las características de los convenios que las empresas estatales signen con la iniciativa privada, que deberán atenderse a los términos de la Ley Reglamentaria en ciernes. Hasta ahora, la única limitante es que los hidrocarburos en el subsuelo son propiedad de la Nación y así deberá afirmarse en las asignaciones o contratos. Fuera de eso, las variantes para participar en todos los eslabones de la cadena –tanto en la exploración y explotación petrolera como en la generación de electricidad– son múltiples.

Si esta legislación es preferente -lo mismo que la de telecomunicaciones-, el proceso de dictaminación coincidirá con el arranque de las protestas de la izquierda, que demandan someter a un plebiscito el cambio de paradigma energético.

El mayor riesgo para el gobierno federal y la mayoría priista es la debilidad de su acuerdo con el PAN. Y si de facto, la falta de consensos partidistas pone en riesgo la viabilidad y la estabilidad de la reforma, en el largo plazo, también puede derivar en una implementación lenta y defectuosa, en una reglamentación secundaria incongruente con el modelo subyacente en la reforma constitucional y con una asimetría regulatoria.

Una legislación secundaria defectuosa se traduciría en un régimen ?scal poco atractivo para Pemex, los agentes privados… o ambos; en el debilitamiento gradual de las “empresas productivas”, en una falta de autonomía presupuestal y de gestión; en una inversión productiva insu?ciente; en dificultades para el reclutamiento de recursos humanos especializados y  la retención del talento generado dentro de las paraestatales.

¿Más riesgos? Sí, de que los comisionados y consejeros de los entes regulatorios queden capturados por grupos de interés institucionales y/o económicos y que relación institucional de las empresas productivas con las autoridades del sector y con los privados se vea marcada por el signo de la politización.

EFECTOS SECUNDARIOS

PEREGRINOS. El gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, inició su segunda semana en España. Después de acudir a la FITUR, permaneció en Madrid para reunirse con la embajadora, Roberta Lajous, y el chileno Enrique Iglesias, titular de la Secretaría General Iberoamericana. Y mientras, el mandatario de Coahuila, Rubén Moreira Valdés, emprende una gira de trabajo por Chile y Uruguay.

AMPARO. Asesorados por el Centro de de Estudios Constitucionales y Política Social de UAM Azcapotzalco, estudiantes de esa casa de estudios que integran el movimiento #Posmesalto recaban firmas para soportar un amparo indirecto masivo en contra del  acuerdo emitido por Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, que decretó el aumento en la tarifa del Metro. Este movimiento social pugna por la revocación del incremento sobre la base de que constituye un agravio a los habitantes de la Ciudad de México.

TARDANZAS. Ha pasado una semana de que el gobierno de Sonora y los representantes de la Tribu Yaqui firmaran un acuerdo –con el secretario Miguel Ángel Osorio Chong como testigo– para acabar con el conflicto social derivado de la construcción del Acueducto Independencia. La CONAGUA se haría cargo de la operación del sistema que redujo el afluente que corre desde la Presa del Novillo y los pobladores de la región terminarían con el bloque a la Carretera Internacional, altura del VICAM.

Pero la vía de comunicación seguirá ocupada hasta que la dependencia federal, que encabeza el mexiquense David Korenfeld, cumpla con dos cláusulas del convenio, sostuvo Tomás Rojo Valencia, vocero de las autoridades tradicionales yaquis. Otros campesinos –agrupados en Movimiento por la Justicia Agraria de los estados de Sinaloa, Durango y Nayarit– anunciaron que tomarán las oficinas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en la Ciudad de México, para reclamar el pago de las indemnizaciones por sus tierras, expropiadas en el trazo del eje carretero Tepic-Mazatlán-Durango, y quejarse de las “las acciones dilatorias, discriminatorias y autoritarias” de la subsecretaría de Infraestructura encabezada por Raúl Murrieta Cummings.

 por Alberto Aguirre / elarsenal.net