Inquisición rediviva

La Historia de México está colmada de experiencias increíbles, vergonzosas algunas e inaceptables otras. Una de infausta memoria es la del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición en México, el cual se fundó en 1571 y permaneció actuante hasta el año de 1820.

Los códigos aplicados en la Nueva España eran los mismos que se encontraban vigentes en la metrópoli: las Constituciones de Torquemada, las del Arzobispo de Granada y las de don Diego de Espinosa.

Las autoridades civiles y eclesiásticas en la Nueva España combatieron con energía la introducción en los dominios ultramarinos de España, de cualquier tipo de obras que atacaran la fe, la moral o las instituciones. Diversas disposiciones y normas habían sido expedidas en la metrópoli, tendientes a regular la impresión y el comercio de los libros y en las cuales se insistía en vigilar con particular cuidado cualquier tentativa de libros prohibidos en las colonias.

La Inquisición Mexicana multiplicó el número y agresividad de los instrumentos de tortura, además, se preocupó por el control ideológico de la población y buscó evitar cualquier influencia nociva a la ortodoxia, mediante el examen riguroso de los libros. Fernando de Valdés, inquisidor general, promulgó el Catalogus librorum qui prohibentur, que se revisaba periódicamente en Roma y España, y que era una lista de libros prohibidos o un índice. Los libreros debían tener una copia del catálogo para no introducir en las colonias las obras que en él se marcaban.

Entre el período inquisitorial y la segunda década del siglo XXI, median más de cuatro centurias, y sin embargo, pareciera que nada ha cambiado en cuanto a la libertad de expresión. A la Iglesia Católica se suman las instituciones gubernamentales y las empresas de telecomunicaciones. Cualquiera que se salga de los cánones establecidos por estas sacrosantas instancias será condenada o condenado a la censura cuasidivina.

En días recientes ha sido noticia relevante la enjundia con la que Joaquín Vargas, dueño de la cadena televisiva MVS, interpuso una demanda por ‘daño moral’ contra la periodista Carmen Aristegui, por lo que ésta expresa en el prólogo del libro La Casa Blanca de Peña Nieto, la historia que cimbró un gobierno, escrito por los cuatro reporteros que develaron el caso, Daniel Lizárraga, Rafael Cabrera, Inving Huerta y Sebastián Barragán.

La prepotencia de quienes quieren arrinconar o, de plano, expulsar del país a la periodista, es tan grande que pretenden sacar de  circulación un texto nacido para ser analizado y discutido en foros en los que participen colegas de Aristegui, académicos, editores y cuantos tengan interés en escudriñar las tropelías y arreglos amañados entre las partes en contubernio.

Una medida remedial para disimular tal decisión autoritaria es que el libro se siga vendiendo, pero sin el prólogo; es decir, mutilarlo. Ante esta barbaridad, Carmen Aristegui ha dicho en diferentes espacios que “hay untufillo de inquisición cuando se pretende impedir la circulación del prólogo de un libro sobre una investigación que ha llevado al presidente a pedir perdón. Y a prohibir incluso que se hable de ese texto en la radio, la televisión y conferencias…”

El espíritu de Torquemada sigue cabalgando, sin encontrar una posta que le brinde un poco de reposo.

POR JOSÉ C. SERRANO  /  COLUMNAS, MISCELÁNEA    /  elarsenal.net