Integradores en pugna

Los proveedores del gobierno federal juegan rudo, cuando se trata de licitaciones multimillonarias. Y sin prurito alguno, arrasan con el prestigio de funcionarios federales o congelan procedimientos de contratación durante meses con controversias estériles.

La disputa de los contratos más grandes para el arrendamiento de “bienes informáticos” tiene a las principales proveedoras de “servicios integrales” de cómputo e impresión, en pie de guerra, donde Mainbit, que encabeza José Antonio Sánchez, ha sido un actor litigioso.

Beneficiario de más de 60 contratos en los sexenios panistas y protagonista de dos de las licitaciones más voluminosas y controvertidas de la administración panista, este corporativo llegó a un punto de inflexión en el 2010 cuando comenzó su migración a la “nube” y la construcción de un nuevo centro de almacenamiento de datos, aunque sus negocios con las entidades públicas eran menos. Así lo muestra, por ejemplo, la serie de contratos que había suscrito con ProMexico, que pasó de 29.3 millones de pesos en el 2011 a 1.4 millones de pesos en el 2013.

Justo el año pasado, Mainbit se involucró en tres de las licitaciones de equipo de cómputo más grandes de toda la administración pública federal. De ellas, ganó dos: una, con la Secretaría de Gobernación, por 537 millones de pesos, no tuvo problema alguno. La más grande –el arrendamiento de 38,000 equipos, un contrato de 897 millones– fue asignada en octubre del 2012 por el Servicio de Administración Tributaria, pero que no se ejecutó hasta un año después, debido a la inconformidad presentada por THEOS (Tecnoprogramación Humana Especializada en Sistemas Operativos), su principal competidor en los últimos años.

De la tercera licitación –para suministrar 26,000 computadoras a Pemex, por 450 millones de pesos– Mainbit quedó marginada luego de que sus rivales filtraran información sobre su descalificación (presuntamente por haber exhibido documentación falsa) y revivieran su “expediente negro”, vinculándola con Grupo MAC y otros empresarios mexiquenses.

Tal vez porque no quiso ver más dañada su reputación o por la ayuda oficiosa de algún personaje menor, lo cierto es que la firma decidió usar las mismas tácticas de sus competidores para impugnar el fallo de la licitación N27/2014 del Instituto FONACOT que después de dos cancelaciones, fue otorgada a Focus On Service, por 117.3 millones de pesos

Mainbit presentó una oferta 21 millones de pesos más barata, pero fue descalificada al no garantizar la entrega de equipo de proyección en los términos solicitados… y también por una serie de cartas enviadas por la empresa Tecnologías de Información Aplicadas, que también participó en el concurso, en las cuales evidenciaban los problemas que Mainbit tenía para cumplir con las exigencias del procedimiento, mismas que fueron atendidas por el Órgano Interno de Control del Instituto FONACOT.

La beligerancia de Mainbit tuvo un antecedente a mediados del año pasado, cuando se inconformó por la suspensión de la convocatoria para habilitar las aulas HDT en 41,000 salones de clase de las secundarias públicas, en lo que habría sido la continuación del plan gubernamental para dotar de equipos de cómputo e internet a los planteles públicos de ese subsistema, cancelado en el 2007… también por pleitos entre los integradores de tecnología.

En sus tres versiones –Enciclomedia, HDT y Aula Telemática– el programa de equipamiento de las escuelas mexicanas llegó a ser el más grande del mundo. La Meca, para ensambladores y comercializadores, por los contratos multianuales.

“Hubo desvío de recursos debido principalmente a que las licitaciones salían mucho después de lo previsto, por lo que los pagos presupuestados para los integradores no se ejercían en los tiempos programados”, describe un ex funcionario calderonista”, quien comenta que llegó a darse el absurdo de que las autoridades educativas presumieron de haber llevado Enciclomedia a escuelas sin electricidad cuando en realidad los proveedores y sus contratantes reportaban casos exitosos.

En las últimas semanas, los ataques entre los antiguos proveedores de Enciclomedia –entre quienes están Mainbit, Theo, Integradores de Tecnología, Interconecta, Cepra, Alef, TED– parecieran el anticipo de una guerra descarnada, por los contratos de las tabletas que el gobierno mexicano se ha comprometido a otorgar a todos los alumnos de educación básica. Paradojas de la modernización tecnológica: el gobierno recurriría a los mismos proveedores que hace 10 años no pudo poner en orden.

EFECTOS SECUNDARIOS

¿PLAZOS FATALES? Las reformas estructurales impulsadas por la administración peñista llegaron a un punto de inflexión. Aprobadas las nuevas reglas electorales al gusto del PAN, ahora deberán dictaminarse y votarse las iniciativas de las leyes reglamentarias en materia de telecomunicaciones y energía, sin mayor dilación de acuerdo a la exigencia priista. El jueves 3 de julio, la Comisión Permanente convocaría a sendos periodos extraordinarios en ambas en el Congreso de la Unión, a celebrarse el día 4 en el Senado y el 8 en la Cámara de Diputados para desahogar telecomunicaciones. Ante la eventualidad de que se realicen cambios a las minutas de ambos paquetes legislativos, las cámaras quedarán en sesión permanente hasta concluir con los nuevos ordenamientos. Y el 15 de julio comenzarían a deliberar sobre los temas energéticos, en lo que se considera la “madre de todas las batallas” legislativas.

EXACTITUD. A este espacio se dirige el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, José González Morfín, por “alusiones personales” sobre su papel como integrante del Comité Técnico del Fideicomiso 1705, del que salieron los recursos para construir el nuevo recinto del Senado de la República. “La presidencia del comité fue rotativa, además de que las decisiones que se tomaron fueron colegiadas”, precisa el legislador panista, quien entre el 28 de febrero de 2007 y el 26 de agosto de 2010 presidió esa instancia.

ACUERDOS. El gobierno de Coahuila y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, firmaron un convenio para que los elementos de Policía Estatal sean derechohabientes de ese organismo, con lo que podrán acceder a créditos crédito hipotecarios –ya sea para adquirir o remodelar viviendas– en asociación con la banca privada; o a la devolución de sus aportaciones al Fondo Nacional de la Vivienda, con sus respectivos intereses, en caso de retiro. La administración de Rubén Moreira Valdés se comprometió a crear un organismo paraestatal que cubrirá las aportaciones obrero-patronales al Infonativ, que encabeza Alejandro Murat.

Por Alberto Aguirre / La Columna / elarsenal.net