¿Intrigas contra los manceristas?

Justo cuando cumple seis meses al frente del Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera Espinosa debe encarar asuntos cuya resolución ineluctablemente marcará el resto de su sexenio.

El caso de los jóvenes de Tepito que no aparecen ha acaparado la atención mediática. Y ahora mismo está en curso una andanada contra Raymundo Collins Flores, a quien buscan ligar con una presunta red de corrupción en el Instituto de la Vivienda del Distrito Federal.

Ambos casos tienen un denominador común: los quejosos hicieron públicas sus denuncias luego de que las autoridades capitalinas –presuntamente– desatendieran sus quejas.

¿Crisis de comunicación o fuego amigo? En el caso del INVI, desde hace dos semanas habían sido filtradas sendas grabaciones donde los quejosos –constructores y peritos valuadores– exponen que les exigen pagos mensuales de 500,000 pesos y cuotas del 10% de las obras que desarrollan.

Las quejas son estertóreas. Un empresario del poniente de la Ciudad, tiene detenida una obra, en la que invirtió 14 millones de pesos hasta que entregue los sobornos.

“El año pasado nosotros facturamos menos de 10 millones de pesos, pero eso no les importa”, se queja, antes de solicitar que su identidad quede bajo reserva, para evitar represalias, “agarran parejo. La misma inconformidad impera entre los grandes desarrolladores”.

Incluso antes, ya era un escándalo en las redes sociales. Desde la cuenta @PViviendaSocial, en Twitter comenzó a circular una carta a la opinión pública firmada por un consorcio de arquitectos e ingenieros especializados en la valuación de viviendas de interés social y reconocidos por el INVI, organismo al que acusaban de actuar consuetudinariamente con benevolencia y favoritismo con los grandes desarrolladores, como GBI, Asimex, Urbi, Homex y Demet, y otras “empresas golondrinas” que incumplieron obras comprometidas.

En la etapa reciente, bastaron cuatro meses para que advirtieran la “situación de corrupción más grave” imperante en el equipo de Raymundo Collins Flores, con alusiones particulares a Manuel Alejandro Espinoza Arenas, subdirector de Apoyo y Gestión a Organizaciones del INVI, y Oscar Pérez Ramírez, abogado personal del director general del INVI, quien “es el que pasa la charola”. Este sujeto recibe en el piso de la Dirección General del Instituto, a las empresas que actualmente están contratadas en diferentes rubros de edificación, proyectos, supervisión, laboratorio, etcétera”.

De acuerdo a esa denuncia, Espinosa Arenas y Pérez Ramírez fijaban una “tarifa” de 10 millones de pesos que debían pagar las empresas constructoras que quisieran continuar prestando sus servicios, además de la aportación del 10 % del valor de sus contratos de obra, so pena de que se congelaran los pagos en trámite y fueran suspendidas todas sus actividades en el Distrito Federal, si rechazaban el cohecho.

“Actúan de forma similar a la delincuencia organizada”, decía la misiva, con escaso impacto mediático.

Dos meses después, consiguieron una cita con Marco Antonio Herrejón Ríos, director ejecutivo de operación, el segundo funcionario con mayor jerarquía dentro del organigrama del INVI. La reunión tuvo lugar el miércoles 22 de mayo en una oficina del cuarto piso de la sede central de ese organismo, ubicada en la colonia Granjas México, en la delegación Iztacalco. Del otro lado del edificio se ubican las oficinas de Rocío Guadalupe Cruz Flores, quien funge como contralora interna de esa dependencia, pero los quejosos no confían en ella.

El funcionario mancerista recibió a una delegación de los peritos en vivienda, a nombre de quienes habló el arquitecto Claudio Ríos Torres, quien explica a Herrejón el modus operandi de los colaboradores de Collins y denuncia que algunos constructores han sido castigados, con la negativa de las actualizaciones de sus registros.

El lunes 3 de junio fueron citados a una nueva reunión, a las 9:00 horas, en las oficinas de la Dirección General de Contralorías Internas en Entidades, que “será el área encargada de darle la atención y seguimiento procedente” a la queja, según el correo electrónico enviado por halmeida. La reunión resultó una terrible pérdida de tiempo.

Al día siguiente, los desarrolladores de vivienda se presentaron en el Palacio del Ayuntamiento y pidieron una audiencia en la oficina del Jefe de Gobierno, que coordina el doctor Elías Miguel Moreno Brizuela. Ante la negativa, filtraron el video en el que es posible identificar a los peritos valuadores y a los empresarios afectados. Entre ellos sobresale de DIC, empresa que tiene una facturación anual de 300 millones de pesos.

EFECTOS SECUNDARIOS

CUIDADOSOS. La difusión forzada de acontecimientos recientes hace constar que la marea creciente de la inestabilidad que alimentan la corrupción y el narcotráfico también amenaza la gobernabilidad de la Ciudad de México. Hay otros sucesos recientes, de igual gravedad, que han pasado casi inadvertidos. Como el reporte sobre la desaparición –el pasado fin de semana– del anfitrión y dueño de uno de los restaurantes más concurridos de la colonia Condesa, al que acuden frecuentemente secretarios de Estado, como Rosario Robles e Ildefonso Guajardo; directivos de Pemex, líderes sindicales, legisladores y afamados abogados. Apenas ayer reapareció, sin dar mayores explicaciones de la complicación que enfrentó. Hay media docena de restauranteros de esa zona que también han tenido que pagar a sus extorsionadores para recuperar la libertad. Y el comisionado de la Policía Federal, Manuel Mondragón y Kalb, está al tanto de los hechos.

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Por:  Alberto Aguirre / elarsenal.net / Correo electrónico: aam@mexico.com