La ALDF, a prisa y de rodillas

El pasado 15 de mayo, diversas asociaciones de la sociedad civil publicaron un desplegado en uno de los diarios más importantes del país. Estas organizaciones acusaron a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal de legislar de manera irresponsable y violando las normas que rigen el proceso parlamentario. Más aún, señalaron que se habían votado asuntos no dictaminados y ni siquiera acordados al interior de las comisiones.

Dijeron también que habían sido repartidos dos órdenes del día en la misma sesión y que en las últimas votaciones ni siquiera hubo dictámenes ni orden del día.

El diputado Vidal Llerenas, del PRD, reconoció todas las acusaciones y pidió vetar la Ley de Protección Animal en el Distrito Federal. Las acusaciones y solicitudes de la sociedad civil encontraron también eco en el propio Gobierno del Distrito Federal. La Consejería Jurídica terminó por devolver a la ALDF lo aprobado.

Llerenas propuso después reformar el reglamento de la Asamblea para obligar a que exista una primera lectura de los dictámenes y así evitar que se aprueben sin que los conozcan todos los legisladores.

La lectura de lo ocurrido es que se privilegió el acuerdo político por encima del procedimiento parlamentario y la técnica legislativa. El diablo está en los detalles y los detalles pueden dejarse para después. Entre decenas de leyes aprobadas en sesiones maratónicas y con procedimientos “fast track”, se van algunas metidas de pata.

La historia se repitió más tarde con la prohibición de utilizar animales en los circos que aprobó la Asamblea. Esa aprobación se dio nuevamente en el marco de un periodo extraordinario en el que se votaron unos 60 dictámenes sobre temas de la más amplia variedad.

El Consejero Jurídico del GDF señaló que dudan de las facultades del parlamento de la Ciudad para legislar sobre esa materia. En los medios trascendió nuevamente que se había legislado “a prisa… y sobre las rodillas” (Reforma, 12 de junio de 2014).

El proceso legislativo en México es terriblemente opaco. Los procesos de dictamen que deberían de ser los “controles de calidad” de la leyes, carecen de reglas y de mecanismos de transparencia suficientes para garantizar que la ciudadanía pueda conocer oportunamente los procesos de discusión de las leyes. Ya ni hablemos de mecanismos de participación ciudadana.

Por otro lado, no existe en nuestro país un marco normativo claro sobre los cambios (y la manera en que estos pueden hacerse) que se le hacen a los proyectos de leyes. En los procesos éstos pueden ser sometidos a todo tipo de modificaciones. Incluso, puede llegarse al exceso de eliminar contenido sin ninguna justificación o bien, agregar cuestiones completamente nuevas que no fueron planteadas ni justificadas originalmente.

Lo anterior si agrava si consideramos que las comisiones en nuestros poderes legislativos son creadas y repartidas sin ton ni son, de acuerdo únicamente a criterios políticos coyunturales. En un caso extremo, la ALDF cuenta con casi igual número de comisiones y comités que de diputados; incluso hay un caso de una legisladora que preside simultáneamente dos comisiones dictaminadoras.

A ese drama hay que agregarle que en nuestro país la regla más extendida es que no exista personal técnico especializado en los órganos legislativos. Sin generalizar, lo cotidiano es que las posiciones en los congresos o la ALDF respondan simplemente a criterios políticos; el servicio profesional de carrera es inexistente en casi todo el país.

Naturalmente, hace falta un profundo rediseño institucional, que pasa por cuestiones de fondo pero también por la integración de principios fundamentales en el proceso legislativo como el de unidad temática y normativa de los dictámenes, evitando sorpresas y la adición de cuestiones que no hayan sido discutidas previamente.

Independientemente de esa obligada reingeniería de nuestra normatividad parlamentaria, el primer y más importante paso para modificar esta situación radica sin duda en abrir la información de los procedimientos legislativos y permitir la participación ciudadana. El Parlamento Abierto no es sólo una “moda”, sino también una manera de garantizar que tengamos legislación y procesos políticos de mucho mayor calidad.

Por Roberto Velasco Álvarez / elarsenal.net