La “cuota” de los alcaldes al narco

Michoacán es lo más cercano a un estado fallido. Hay asaltos, muertos, heridos, bloqueos en las carreteras, pérdida de soberanía. Porciones del territorio de la entidad las controla el crimen organizado.

Pero el mandatario interino, Jesús Reyna, dice que no pasa nada, que no hay ingobernabilidad, que el estado está tranquilo. Se cree en Suiza.

El gobernador Fausto Vallejo convalece de un trasplante de hígado. Pidió una licencia adicional de 180 días. No tiene siquiera la certeza de que va regresar al cargo.

Discutimos el caso con el diputado del PRD, Silvano Aureoles, originario de esa entidad, a partir de la información delicada que contenía una tarjeta informativa que le entregaron.

Allí decía que en las zonas que controla el narco, los presidentes municipales le dan mensualmente a las bandas criminales un promedio de 300 mil pesos. “Son ellos (los narcos) los que deciden a quien se adjudica la obra pública”, agrega la tarjeta.

Peor aún. Las policías municipales, en lugar de proteger al ciudadano, se han transformado en el brazo operador armado de los cárteles de la droga. “Hay que abolirlas, substituirlas”, comento, en forma espontánea, el coordinador de los diputados perredistas.

Aureoles está convencido de que el gobierno federal tiene la obligación de encabezar el rescate del estado. Invertir, convocar a los distintos sectores –empresarios, obreros, profesionistas, académicos—a que participen activamente en la delicada tarea de normalizar el estado.

“Michoacán es un foco rojo para la seguridad nacional. Se requiere de una estrategia integral. No solo de policía y ejercito”, concluyó el perredista.

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El martes publicamos en este espacio una columna bajo el título de “Felipe Calderón de compras en Costco”. Decíamos que el ex presidente que le declaró la guerra al narco andaba, como si nada, en la famosa tienda, y que la gente se le acercaba y se dirigía a él con respeto. Cinco guaruras visibles lo resguardaban.
Volvemos al tema porque ayer la Comisión Permanente concedió permiso “al ciudadano” Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, para aceptar y usar la Condecoración de la Orden Nacional de Honor y Mérito en Grado de Gran Cruz de Plata, que le confiere el gobierno de la República de Haití.

La información que aquí publicamos le sirvió al diputado Ricardo Monreal, coordinador del Movimiento Ciudadano, para argumentar rudamente en contra de dar el visto bueno a esa condecoración. El hombre se opone a que el Congreso renuncie a su facultad de autorizar reconocimientos que otorgan gobiernos extranjeros.

El panista Héctor Larios le brincó al obradorista. De “trasnochado” no lo bajo. Le reprochó la facilidad con la que levanta el dedo y acusa “traidor a la patria” a Felipe.

Y es que en su discurso, Monreal se refirió a la actual estancia de Calderón en México. Lo ubicó entre los traidores a la Patria. “Uno de ellos está en Harvard. Anda por aquí paseándose después de cien mil muertos. Tiene el descaro, la desvergüenza de pasearse públicamente en el país”.

El ex gobernador de Zacatecas, por lo demás, reprochó a los legisladores haber renunciado a la facultad de aprobar las llamadas “corcholatas” –permisos y condecoraciones– y hasta les echó en cara el sueldo que ganan.

“¿Sabe cuánto gana este señor?” pregunto el diputado del MC, dirigiéndose Larios. “300 ó 400 mil pesos. Yo también fui senador” , dijo.

Ya encarrerado, se tundió a diputados y senadores presentes y ausentes:
“De qué se alarman si trabajan dos veces a la semana , cuando hay sesiones ordinarias, sesiones de martes y jueves no más de cuatro horas. Por mes trabajan ocho sesiones, 24 horas por mes, en cuatro meses de sesiones son 96 horas por cuatro meses de sesiones, y lo demás es receso.

¿Es mucho trabajo un día revisar si son o no acreedores a usar o no condecoraciones ciudadanos mexicanos en el extranjero? preguntó.

Lo mandaron a volar. Obvio. El decreto que contiene la condecoración a Felipe se aprobó por 30 votos a favor y dos en contra.

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Las cosas se mueven dentro del Pacto por México en este aparente receso. Los partidos de oposición esperan en estos días respuesta a sus demandas derivadas de las irregularidades cometidas en la elección. La primera tiene que ver con la intromisión de gobernadores del PRI en las elecciones.

Tienen una lista de cinco mandatarios apuntados en la lista negra. Nos la dieron a conocer: Javier Duarte, Veracruz; Roberto Borge, Quintana Roo; Miguel Alonso, Zacatecas; Jorge Herrera Caldera, Durango, y Mariano González Zarur, Tlaxcala.

Esperan, por lo menos, sanciones a los operadores de las triquiñuelas y el compromiso de que en un futuro se eliminará la posibilidad de que el ejecutivo estatal subordine los institutos electorales locales.

En otras palabras: quieren el compromiso del PRI-Gobierno de que se va a crear el Instituto Nacional de Elecciones.

La segunda demanda tiene que ver con los hechos de violencia, el robo y la quema de urnas. Un ejemplo es el asesinato de Aquiles González, coordinador de la campaña del PRD en Guadalupe, Zacatecas, antes de que los ciudadanos fueran a las urnas. Jesús Zambrano, dirigente nacional del PRD, exigió que se averiguara si su violenta ejecución –lo degollaron—tenía que ver con su encargo.

Nos adelantan que el presidente del PRD será informado de que se trató de un crimen pasional. El muerto se metió nada menos que con la novia del jefe de plaza de un cartel de las drogas. Le robaron, además, 600 mil pesos en efectivo.

Ni el PAN ni el PRD están dispuestos a ceder en los dos temas. Reconocen que hay voluntad del gobierno federal de solucionar el tema, pero quieren pasar del dicho al hecho.

“Lo que está de por medio es el Pacto por México”, puntualizan.

Francisco Garfias / elarsenal.net