Opinión
La otra reforma

A punto de cumplirse el plazo de 120 días fijado por el presidente Enrique Peña Nieto para lograr la transformación de México, haiga sido como haiga sido, las reformas estructurales han quedado a punto, en el terreno legislativo.
Atípica, la plenaria que anoche realizaron los diputados federales estuvo al borde de la anarquía y la ilegalidad. Desmañado e inexperto. El panista Ricardo Anaya, quien presidió la mesa de debates, muchas veces se vio rebasado. En una ocasión histórica, acusó debilidad y tan poca preparación que más de una ocasión tuvo que pedir auxilio, para llamar a algunos de sus colegas por su nombre.
Expulsados del salón de plenos –que fue “secuestrado” por una minoría de radicales, según la descripción de Manlio Fabio Beltrones– los diputados federales tuvieron que sesionar en un auditorio carente de la logística que permitiera un pulcro desahogo de la minuta de la reforma energética, que en la víspera había llegado del Senado de la República.
El intercambio de amagos y reproches marcó una jornada vergonzosa, cuyo resultado es inquebrantable. La toma del salón de plenos, paradójicamente, aceleró los tiempos de la aprobación, que estará lista 48 horas antes de lo calculado en Los Pinos.
Menos suerte ha tenido la implementación de la reforma judicial que desde hace cinco años ha avanzado a trompicones en cada uno de los 32 estados de la República, no obstante la erogación de más de 100 millones de dólares en el periodo, principalmente para la construcción de nuevas instalaciones y la capacitación de agentes ministeriales y fiscales.
Sin embargo, en Puebla, abogados, policías y jueces –sin capacitación en el nuevo sistema judicial que se está implementando– observan su primer caso importante, una condena por homicidio, consintiendo un acuerdo con el fiscal después de una serie de errores.
En Oaxaca, Morelos y otros estados no cuentan con sistemas informáticos interconectados para fiscales y defensores. Nayarit ni siquiera cuenta con un código penal acorde con las reformas del 2008. Y en el 2011, Chihuahua tramitó una “contrarreforma”, que reduce los derechos del acusado.
“El progreso de las reformas judiciales se han visto obstaculizados por la falta de una tradición litigiosa, un fracaso en la cooperación interinstitucional, la escasez de tecnología y fuentes, una ausencia de voluntad política y una falta de apoyo popular”, sintetizó Todd A. Eisenstadt, profesor de gobierno en la American University.
La violencia relacionada con las drogas ha puesto a México en el centro del debate hemisférico sobre la reforma judicial, pero inclusive reformas anunciadas en la década de los años noventas, como las que se procesaron en Argentina, Bolivia, Panamá y Perú, se han aplicado a distintos ritmos, de forma dispareja.
La reforma judicial en México se ha inspirado en el modelo chileno que logró implementarse mediante la superación de inercias, incluyendo la resistencia judicial a la creación de una relación acusatorio-adversarial entre la defensa y la fiscalía que movía a los jueces hacia una posición neutral, institucionalizadas.
Paradójicamente, una de las disposiciones marginales de la reforma político-electoral –la conversión de la PGR en Fiscalía de la Nación– puede ser uno de los factores que acelere la reforma judicial. La reorganización del ministerio público, para convertirlo en un verdadero ministerio de justicia será el motor de las reformas.
EFECTOS SECUNDARIOS
FAST TRACK. El presidente nacional del PRI, César Camacho Quiroz, está seguro que la ratificación de la reforma energética por el Constituyente Permanente está asegurada. ¿Y eso qué significa? Ni más ni menos que las legislaturas locales están emplazadas para trabajar –en periodos extraordinarios, la mayoría de ellas– a partir del próximo lunes 16. Y en una veintena de Congresos locales, como estableció Camacho Quiroz, el tricolor tiene los grupos parlamentarios más grandes y controla los órganos directivos. La “instrucción superior” es que a más tardar el 23 de diciembre esté aprobada la reforma energética para que el último día del 2013, pueda ser expedido el decreto y publicado en el Diario Oficial de la Federación. Cabe la posibilidad de que en el mismo viaje, las legislaturas locales validen la reforma político-electoral. Y si esto ocurriera, la Cámara de Diputados procedería inmediatamente a la elección de los consejeros electorales.
CONTRASTES. El caos dentro y fuera del recinto legislativo de San Lázaro, en gran medida, es responsabilidad de los mandamases de la Junta de Coordinación Política. Entre la desesperación y la intransigencia, el priista Manlio Fabio Beltrones y el panista Luis Alberto Villarreal no supieron dar curso a las peticiones y censuras del perredista Silvano Aureoles Conejo y del convergente Ricardo Monreal Ávila. En las altas esferas del gobierno peñista de inmediato hicieron notar que en el Senado de la República, el mandamás de la bancada tricolor, Emilio Gamboa Patrón, logró contener las maniobras dilatorias de los legisladores de izquierda y encauzar el debate, dentro del salón de plenos.
INSTRUCCIONES. En Hermosillo, Sonora, ante directivos de las diferentes instituciones sanitarias de todo el país, la doctora Mercedes Juan López, titular de la Secretaria de Salud federal, instó a mantener el cero rechazo en el caso de las urgencias médicas. La instrucción de la funcionaria peñista ocurre mes y medio después de que el jornalero agrícola José Sánchez Carrasco falleciera a las puertas del Hospital General de Guaymas, tras de que le negaran atención. La Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación.
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Por: Alberto Aguirre M. / Correo electrónico: aam@mexico.com / elarsenal.net
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