La Piedra de Sísifo de EPN

“¿Chivo expiatorio yo? Para nada. Me siento parte de una etapa del  Sistema  Nacional Anticorrupción”, nos dijo, en tono resignado, Virgilio Andrade quien, en sus tiempos de Secretario de la Función Pública, exoneró al presidente Peña  del  conflicto de interés en el asunto de la Casa Blanca.

Hablamos brevemente con el sacrificado Virgilio, la víspera que el diario británico The Guardian detonara un nuevo  escándalo  inmobiliario relacionado con la señora Angélica Rivera, esposa del primer mandatario.

Dice el cotidiano que la Señora Rivera utiliza, en Key Bizcayne, Florida, un departamento de lujo, con alberca y cancha de Tenis,  valuado en 2.05 millones de dólares. Es propiedad de Ricardo Pierdant, “un potencial contratista del gobierno federal”.

Según el rotativo, el Grupo Pierdant es tirador para la construcción de los trenes bala y aspira a administrar los puertos mexicanos. Y más. Asegura que  paga el predial  del departamento de la señora Rivera.

En los Pinos reaccionaron con molestia. El vocero Eduardo Sánchez asegura que la explosiva nota  publicada por The Guardian es falsa. “El Señor Pierdant no ha celebrado contratos con el gobierno de la República, y tampoco participa en algún, proceso en curso”.

Criticó la falta de rigor de los reporteros de ese cotidiano británico y lamentó el “poco profesionalismo” de ese medio.

El portavoz recordó que fue la propia Gaviota la que hizo público, a raíz del escándalo de la Casa Blanca, que adquirió un departamento en Miami en el 2005.

El nuevo escándalo se ha convertido en la piedra de Sísifo de Enrique Peña Nieto. Revierte lo logrado  por el mandatario con la promulgación del Sistema Nacional Anticorrupción. No hay duda de que echa por tierra los esfuerzos realizados por Peña Nieto  para restaurar la lastimada investidura presidencial.

Peor aún. Hace sonar hueco el público perdón que el primer mandatario pidió hace tres semanas  a los ciudadanos por la forma como manejó el escándalo de la Casa Blanca, que La Gaviota adquirió del Grupo Higa, contratista del gobierno federal.

Es exacto que  la “revelación” de The Guardian no se sustenta en una investigación muy rigurosa. El hecho de que no haya  pruebas de contratos, ni antes ni ahora, desbarata la teoría del conflicto de interés.

Pero en Los Pinos tienen perdida la batalla de la percepción y no parece haber forma de revertirlo. Menos con estos “descuidos” –aunque se trate de un departamento prestado—que abonan a la idea de que la pareja presidencial se beneficia de su posición, a cambio de potenciales favores a contratistas.

El alza en los precios de la gasolina y la electricidad fue una venganza del gobierno  contra los ciudadanos por la derrota  del PRI en las elecciones el pasado 5 de junio.

Es la descabellada  tesis esgrimida por legisladores panistas durante la comparecencia en comisiones de la Permanente del secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell: el subsecretario de Hacienda, Miguel Messmacher, y el director de Pemex, José Antonio González Anaya.

Más que una venganza, los nuevos gasolinazos y el último incremento al precio de la electricidad  parece un efectivo intento de suicidio del gobierno y el PRI.   

El escándalo de Los moches del senador panista Daniel Ávila están a la orden del día.  Los propios azules han contribuido a las denuncias de que el citado legislador cobra comisiones por obra pública en diversos municipios del Estado y que está vinculado con el constructor Ricardo Ceballos Chang.

El mismísimo presidente estatal del blanquiazul, Raúl Paz Alonso,   ha levantado el índice que apunta al legislador yucateco.

La cosa está tan grave que el secretario general del PAN, Damián Zepeda, viajó a Mérida  para tratar el tema con sus correligionarios locales.

Con el discurso que trae el jefe nacional del azul, Ricardo Anaya, adalid de la anticorrupción, uno pensaría que el número dos del PAN les daría una seria sacudida a Ávila. Pero no. El consejo que le dejó, según sus adversarios del PRI, es que “los trapos sucios se lavan en casa”.

¿Y la transparencia?  Esa déjenla para los discursos.

El senador negó todo. Obvio. Dijo que era obra del gobernador  del estado, Rolando Zapata Bello, del secretario de gobierno Roberto Rodríguez Asaf, y de  sus “lacayos” del PAN.

Ya que estamos en el tema de la corrupción, que parecer estar  muy a la moda, hay que destacar que fue parte medular del Primer Informe del gobernador de Campeche, Alejandro Moreno.

“En mi gobierno no hay, ni habrá diezmos de ningún porcentaje, en obras, programas, acciones y servicios. Se ejercen pesos completos.

“Cero corrupción y cero tolerancia, son reglas inquebrantables y quien las rompa tendrá como destino las sanciones que las leyes señalan. Los delitos los pagan y los pagarán quienes los cometieron, pues Campeche es una tierra de leyes”.

Las palabras  y el compromiso allí están. Falta traducirlas en hechos. Alito, como le dicen, tiene la oportunidad de reivindicar la maltrecha imagen que dejan gobernadores jóvenes como Javier Duarte, Veracruz, Roberto Borge, Quintana Roo, o el ex mandatario de Nuevo León, Rodrigo Medina.

Medina, por cierto, compareció ayer ante un juez penal.

FIN.  

POR FRANCISCO GARFIAS  / ARSENAL, COLUMNAS / elarsenal.net