LA SEGURIDAD PÚBLICA. Obligación de los tres órdenes de gobierno

DESDE LA ACADEMIA

LA SEGURIDAD PÚBLICA. Obligación de los tres órdenes de gobierno

Dr. Damián Arévalo Orozco

La seguridad pública es un derecho fundamental que debe ser garantizado por el Estado a la población en general, donde la responsabilidad recae en las autoridades de los tres niveles de gobierno. Estos deben buscar por todos los medios permitidos por la ley y el respeto a la dignidad de las personas dichos mecanismos necesarios y útiles. Las personas quieren vivir libres de zozobra, del temor de ser víctimas de delitos. 

Es un derecho humano que conlleva la protección de la vida misma, la libertad, la integridad y su patrimonio. La paz social no debe estar en disputa entre las autoridades cuando emergen de un partido distinto; el orden público es un bien común superior a concepciones ideológicas, alejado de filias y fobias. Al ciudadano de a pie no le interesa eso, le preocupa que se echen la bolita unos a otros.

No debe existir ningún pretexto para eludir el mandato establecido en el Artículo 21 Constitucional: “La seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social, de conformidad con lo previsto en esta Constitución y las leyes en la materia. La seguridad pública comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución.”

 En los últimos años, el artículo en cita ha recibido una gran cantidad de reformas constitucionales pretendiendo encontrar la fórmula exacta para cumplir la demanda social de seguridad. Incluso todos los gobiernos de la República han recurrido a las fuerzas armadas, sacándolas de sus cuarteles para realizar una función que legalmente no les corresponde, pero que ante la ineficiencia de los cuerpos policiales del orden civil en el cumplimiento de su mandato, no ha quedado otra opción.

Las fuerzas armadas han sido expuestas y en muchos de los casos se les ha perdido el respeto por todos los casos de violaciones de derechos humanos, entendible pero jamás justificable, debido a que su misión es otra: defender la soberanía de fuerzas extranjeras, defender la patria. La percepción social es contundente, no se ha logrado el cometido; se habla de una estrategia fallida. Sin embargo, también se considera necesaria su presencia.

Y, es importante señalar, que los gobernantes en México emanados de los tres partidos políticos, de mayor presencia en la vida nacional en los últimos tres sexenios, más allá de su ideología han recurrido a las fuerzas armadas del país. Los resultados todos los conocemos.

Actualmente, la mayor amenaza para la sociedad mexicana y que vive en carne propia es el crimen, en sus diversas facetas y en todos los niveles sociales. Al pueblo poco le importan los números y porcentajes, mientras la reducción de los índices del delito no los perciba en su tranquilidad y realidad.

Parece irónico que ahora los cuerpos policiacos no solo sean hostigados por los criminales, sino acosados por los políticos a quienes la ciudadanía les ha conferido, mediante el voto, la conducción del gobierno municipal, estatal y federal con eficiencia y sin corrupción. 

El cómo ha sido el dilema ¿mano dura o mano suave? Se requiere más que una confrontación directa sobre un ente “casi invisible”, pero tan real por sus efectos y consecuencias. Hoy se vive en una sociedad que durante décadas ha padecido de gobiernos preocupados por mantenerse en el poder o de partidos políticos ansiosos por acceder a éste. La educación, que es una de las mejores “armas”, ha carecido de una atención primordial; el fortalecimiento de la integración familiar y los valores no parecen importar.

Se considera oportuna la participación social amplia de las instituciones educativas, las organizaciones de la sociedad civil, el compromiso abierto y amplio de los responsables de conducir las fuerzas policiales y sus jefes políticos, que los presidentes municipales y los gobernadores se sienten a discutir y coordinarse, firmando a la vista del pueblo los convenios que sean necesarios, que no nos den qué pensar, que detrás de las negativas y obstáculos existen otros intereses de por medio.

Las estrategias intergubernamentales son de urgente necesidad, la preparación profesional y remuneración de cada policía es fundamental. Se necesita de una verdadera coordinación permanente, no casuística y con inteligencia.

A mediano plazo no se debe dejar de lado el cumplimento de los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la Organización de Naciones Unidas, ahí está la clave de muchos problemas apremiantes a saber y resolver: El fin de la pobreza; hambre cero; salud y bienestar; educación de calidad; igualdad de género; agua limpia y saneamiento; energía asequible y no contaminante; trabajo decente y crecimiento económico; industria, innovación e infraestructuras; reducción de las desigualdades; ciudades y comunidades sostenibles; producción y consumo responsables; acción por el clima; vida submarina; vida de ecosistemas terrestres; paz, justicia e instituciones sólidas y Alianzas para lograr los objetivos.