Laberinto en el Senado

Un abrupto cambio en la coordinación de comunicación social del Senado de la República impidió -hace dos meses- que uno de los mayores gestos de transparencia del parlamento mexicano tuviera mayor impacto: la decisión de hacer públicos los contratos y las actas del fideicomiso encargado de la  construcción de la nueva sede de la Cámara alta, proyecto que demoró cuatro años y aun provoca demasiados dolores de cabeza.

Acababan de cumplirse tres años de la apertura del nuevo recinto legislativo, repudiado por los urbanistas y despreciado por la mayoría de los senadores, quienes más que añorar la antigua casona de Xicótencatl y las comodidades de la Torre del Caballito, están hartos de los desperfectos intermitentes (filtraciones de agua, problemas de accesibilidad a los elevadores y principalmente los conflictos generados por visitantes incomodos y manifestantes asiduos).

Para edificar la nueva sede senatorial concursaron empresas mexicanas de clase mundial (ICA, de la familia Quintana y Tradeco, de Federico Martínez) a la par que consorcios multinacionales de la talla de Siemens o Coconal. Al final, el contrato fue asignado a Gami, de Grupo Indi, una de las compañías mas robustas de los últimos sexenios.

Las decisiones políticas se tomaban al interior del comité técnico del fideicomiso, al que los coordinadores parlamentarios enviaron a sus operadores mas leales: José González Morfin, por parte del PAN; Fernando Castro Trenti, en representación del PRI; Luis Walton Aburto, de Movimiento Ciudadano; José Guadarrama, del PRD y el petista Francisco Javier Obregón Espinoza. En la etapa final, esa instancia estuvo presidida por Castro Trenti, quien recibió la encomienda de Manlio Fabio Beltrones de hacer los ajustes necesarios para terminar la obra y entregarla, el 12 de abril del 2011, después de tres años y medio de azares y desventuras de los constructores.

Además de los sobre costos -se invirtieron más 2,000 millones de pesos- este megaproyecto acumuló un catálogo de irregularidades administrativas a través de seis modificaciones al contrato original, signado por Banobras. En el tercer acuerdo modificatorio, por ejemplo, el contrato de Fideicomiso fue reclasificado, de modo que fuera susceptible a la normatividad del Senado en materia de adquisiciones, y no la de la Administración Pública Federal.

A pesar de la apertura determinada por el presidente de la actual mesa directiva del Senado, Raul Cervantes, todavía no  es posible determinar quiénes autorizaron el incremento de 130% en el presupuesto original de obra, que con dos ampliaciones presupuestales, a riesgo de violar la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que limita al 25% esas ampliaciones, so pena de volver a licitar.

Nadie sabe tampoco por qué se autorizaron entregas parciales y anticipos hasta por un 94% del total de la obra, ni si Castro Trenti, en su calidad de presidente del Comité Técnico, estaba consciente del costo financiero y el probable daño patrimonial que se generó al erario. Menos, si se exigieron a Gami garantías o fianzas, después de sus retrasos.

Castro Trenti obedeció la instrucción de su jefe y alistó la inauguración de la nueva sede sentorial, pero una vez que ingresaron los legisladores a ese edificio, quedó anulada la posibilidad de exigir cumplimientos a la firma de Grupo Indi, cuya directora ejecutiva es Gloria Muñozcano Pedroza.

Tampoco queda claro si el representante fiduciario de Banobras; el director del fideicomiso, Oscar Gosenheim, cumplieron a cabalidad su trabajo o si son responsables de este desfalco, ya que dieron por buenas las entregas parciales que justificaron el pago del 94% y hoy se habla de 490 observaciones de incumplimiento.

Quienes autorizaron las contrataciones por honorarios profesionales de personal adscrito al Senado con cargo al Fideicomiso 1705 y quienes son estas personas?

¿Por qué después del último plazo vencido en agosto de 2012, no realizó prorroga alguna, y por qué no se iniciaron acciones legales contra los constructores para evitar cualquier quebranto en contra del erario?

Ahora se sabe que el presidente de la Camara alta ha buscado la asesoría de un par de despachos para hacer frente, tanto a los contratistas incumplidos como a los constructores que inexplicablemente no han recibido su paga. La información que se ha generado en las semanas recientes, permite a la directiva de ese órgano parlmentario cambiar de estrategia y pasar a la ofensiva.

“Con lo que tienen, podrían emprender acciones legales contra Grupo Indi y Systec, además del arquitecto Oscar Gohensein”, refieren asesores de la mesa directiva.

¿Y la responsabilidad política? Algunos creen que las razones que explican la sorpresiva designación del priista Fernando Castro Trenti como embajador del gobierno peñista en Argentina están ligadas a este caso. En las ultimas semanas, la atención esta centrada en los vínculos entre los empresarios de Grupo Indi y el ex senador Navarrete Ruiz, quien ahora busca la dirigencia nacional del sol azteca pero un escándalo de estas proporciones amenazaría su carrera política.

En el corto plazo están pendientes dos definiciones: dilucidar quienes apadrinaron a Grupo Indi, que en los últimos dos sexenios acumuló proyectos públicos de alta envergadura en en Chiapas, Guerrero y la Ciudad de México… y saber si la antigua casona de Xicoténcatl se convertirá en la sede de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

EFECTOS SECUNDARIOS

RITUALES. Al igual que hace una semana, por “instrucciones de la superioridad”, los titulares de las secretarias y las principales oficinas del gobierno peñista tuvieron que acudir a espacios públicos para convivir con los trabajadores de base y de confianza asignados a sus respectivas dependencias, so pretexto de apoyar a la selección mexicana de fútbol.

Un detalle que contrastaba con lo ocurrido la anterior ocasion en Los Pinos, donde los amigos de los hijos de la pareja presidencial tuvieron el privilegio de ver el partido de Mexico y Brasil al lado de los principales hombres de este sexenio. Aquella vez, el único funcionario que salió de ese script fue el secretario Jorge Carlos Ramirez Marin, a quien tratan de cuidar al máximo de una burocracia enardecida, mas por los malos tratos que por los errores administrativos que han congelado a la nómina. Ayer, el Ejecutivo federal vio el encuentro deportivo en el hangar del Estado Mayor Presidencial, acompañado por el secretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos, la comitiva que lo acompaño a Zacatecas, y los reporteros de la fuente.

Por Alberto Aguirre / La Columna / elarsenal.net