Las condiciones del PAN

Ya sea porque las facciones panistas limaron asperezas o debido a que la cúpula encabezada por Gustavo Madero Muñoz cerró un arreglo ventajoso con la administración federal. Al cierre de esta edición en Los Pinos había 99% de certeza sobre el regreso de los emisarios del PAN en las mesas de negociación de la reforma energética, con lo que quedaría deshecho el entuerto que mantenía en la congeladora a las reformas peñistas.

En las horas previas, los panistas fijaron posturas. Ayer por la mañana, el jefe nacional del blanquiazul y sus principales asesores –el secretario general, Ricardo Anaya y Santiago Creel Miranda– trabajaron con el senador Javier Lozano en la revisión de los dictámenes de las leyes secundarias en telecomunicaciones. Y por la tarde, los integrantes del Grupo Parlamentario del PAN en el Senado de la República recibieron señales inobjetables de que serían convocados a periodo extraordinario para el jueves 10 y el viernes 11 de julio.

Y la siguiente semana –es decir jueves 17 y viernes 18– serían citados para resolver los contenidos de las normas reglamentarias de la reforma constitucional en materia energética. El compromiso presidencial formulado en Madrid estaría blindado y para mediados del próximo mes –si las partes cumplen con la palabra empeñada– reformas habemus.

El lunes 30 de junio –conforme el acuerdo alcanzado por el gobierno peñista y la cúpula del blanquiazul– los legisladores de la principal fuerza opositora regresarían a la mesa de definiciones de la reforma energética. Para entonces ya habrá quedado resuelta la primera condición impuesta por el PAN: que los congresos locales hayan “armonizado” las legislaciones estatales con el espíritu de la reforma constitucional en esas materias, aprobada en el Congreso de la Unión.

¿Hasta dónde quiso el PAN estirar la liga? ¿Cuánto más el gobierno federal estaría dispuesto a ceder? Pronto quedarán aclaradas estas dudas. La redefinición de la llamada “transferencia de votos” será un asunto que resolverán, en última instancia, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Y mientras, los consejeros electorales convocaron a renovar los órganos superiores de dirección de 18 Organismos Públicos Locales (OPLE’s) en el mismo número de entidades federativas que tendrán comicios en el año 2015. Los aspirantes a esos cargos podrán solicitar su registro entre el 7 y 11 de julio, así como los días 14 y 15 del mismo mes. Y presentarán examen el 2 de agosto.

A más tardar el 30 de septiembre de 2014 deberán entrar en funciones. Respecto a las demás entidades federativas, la elección se realizará con antelación al inicio de su siguiente proceso electoral.

¿Habrá piso parejo para los aspirantes o los gobernadores volverán a intervenir en este proceso? Tendrían que hacerlo –de ser el caso– a través de una vía indirecta, pues los consejeros del nuevo INE estarán encargados de la evaluación.

Las sospechas están fundadas pues los 10 consejeros electorales electos hace tres meses por la Cámara de Diputados corresponden al cuotismo de los partidos–cuatro llegaron con el respaldo del PRI, por tres del PAN y del PRD, respectivamente). El fiel de la balanza, literalmente, es el presidente consejero, Lorenzo Córdova Vianello, único de los elegidos que llegó con el apoyo de más de una fuerza política y quien se convirtió en el legitimados de la nueva instancia.

En la renovación de los OPLE’s, el PRI podría ejercer de facto su derecho de veto. Y es que para elegir a los nuevos consejeros locales –y tomar otras importantes decisiones al seno del nuevo INE– se necesitan ocho votos.

“Lo que el PRI no quiera que se apruebe, simplemente no pasará”, observan acuciosos expertos en la materia, “ya que sus cuatro votos (de los consejeros Enrique Andrade, Marco Antonio Baños, Adriana Margarita Favela y Beatriz Eugenia Galindo) dejan con solo siete votos al PAN y al PRD, en el caso de que fueran juntos”.

En paralelo a la renovación de los OPLE’s, corre la elección de los magistrados de las sala especializada que deberá instaurarse dentro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Un proceso “endogámico” de acuerdo con los expertos que han revisado la lista de 18 finalistas.

En la víspera, habían sido seleccionados 47 aspirantes. En el grupo de finalistas solo figura un académico y una magistrada del Tribunal de Baja California; el resto son abogados que actualmente se desempeñan como secretarios de estudio y cuenta dentro del sistema judicial. Al margen de este proceso quedaron funcionarios experimentados del INE y otros integrantes del Servicio Profesional

Electoral, entre quienes destacaría Rosa María Cano, actual directora jurídica del nuevo órgano administrativo, quien al llevar los procedimientos en el esquema anterior, era quien más experiencia había acumulado. Otras voces, más sospechosistas, denuncian que hay visos de nepotismo en la lista, por la aparición de una candidata de apellido Penagos, quien estaría emparentada con uno de los actuales integrantes de la sala superior del TEPJF.

Por Alberto Aguirre /  La Columna / elarsenal.net