“Las culpas de Alstom”

Hombre calmado y Vieja amiga, eran dos alias que constantemente se repetían en el listado de profesionistas presuntamente contratados por Alstom como asesores foráneos. Otros, apenas referían una ubicación geográfica (Sr. Ginebra, Sr. París, o simplemente Londres). Los investigadores sospecharon que más que su oriundez, apuntaban al lugar donde empleados de la firma francesa hicieron trasferencias de fondos.

Pero no era el pago de servicios profesionales, sino de sobornos. Y los supuestos consultores en realidad eran funcionarios gubernamentales que dieron contratos y obras, como contraprestación.

Alstom y sus filiales institucionalizaron esos pagos y los incluyeron en la contabilidad corporativa. Esa práctica se extendió a lo largo de una década, por lo menos, abarcó países de tres continentes y recorrió varias líneas de negocio. Para sobornar a funcionarios gubernamentales de alto nivel, recurrió a esquemas más sofisticados.

Al menos desde la década de los noventa, Alstom se ha visto constantemente involucrada en escándalos de corrupción que han derivado en disputas políticas en países como Inglaterra, Brasil, Estados Unidos, Malasia, China o Argentina, en donde las redes de sobornos y triangulación ilícita de recursos establecidas por la empresa francesa no sólo han provocado la ejecución de acciones penales en contra de sus propios directivos (entre ellos, por ejemplo, Frederic Pieruci, vicepresidente de Alstom Estados Unidos, detenido en abril de 2013, Cintia Angulo, CEO de Alstom México, recluida por las autoridades judiciales de dicho país en marzo de 2013 por haber mentido a una autoridad ministerial en un proceso penal por fraude a un particular, y Stephen Burgin, alto ejecutivo de Alstom Inglaterra acusado de pagar sobornos por 81 millones de libras esterlinas), sino que también en la remocion y el encarcelamiento de funcionarios públicos de primer nivel por acusaciones que van desde el enriquecimiento ilícito, hasta el crimen organizado y el lavado de dinero (sólo por mencionar algunos casos, el principal líder del partido gobernante en Malasia, Abdul Hamid, el secretario de Transportes de Argentina, Ricardo Jaime, o el ministro chino de Ferrocarriles, Liu Zhijun).

A finales del año pasado, Alstom se declaró culpable de haber implementado un “esquema generalizado” por medio del cual entregó “decenas de millones de dólares” a funcionarios de una veintena de países en tres continentes, quienes concedieron contratos y obras.

Las autoridades estadounidenses recabaron pruebas de las conductas ilícitas de la firma en Arabia Saudita, Bahamas, Egipto, Indonesia, México y Taiwán. Sus ejecutivos y representantes habrían desembolsado al menos 75 millones de dólares para asegurar 4,000 millones en proyectos que produjeron ganancias por más de 300 millones para el consorcio conformado por sus filiales Alstom, Alstom Prom, Alstom Power y Alstom Grid.

En la Corte Federal del distrito de Connecticut quedó constancia de esa trama de corrupción de escala global: directivos y empleados de la firma entregaron los sobornos a funcionarios gubernamentales y también manipularon sus reportes contables vinculados a esos proyectos de energía y transporte.

Esta investigación abarcó años y cruzó continentes, con agentes de las oficinas de Washington y New Haven realizando entrevistas y recabando pruebas en todos los rincones del mundo”, describió Robert Anderson Jr., subdirector ejecutivo del FBI, quien respaldó las acusaciones formuladas por la fiscalía contra Alstom, a la que acusó de violaciones a Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) al falsificar sus libros y no implementar controles internos.

El 22 de diciembre del 2014, Alstom Red Schweiz AG, anteriormente Alstom Prom (una filial del consorcio establecida en Suiza) se declaró culpable de conspiración para violar las disposiciones anti-soborno de la FCPA.

Alstom Power Inc. (Alstom Power) y Alstom Grid Inc. (Alstom Grid), dos filiales estadounidenses, ambos entraron en acuerdos de enjuiciamiento diferido, admitiendo que conspiraron para violar las disposiciones anti-soborno de la FCPA. La fiscalía demandó al juez imponer una multa por 772.3 millones de dólares como sanción penal. La audiencia de sentencia quedó programada para el 23 de junio.

“Si esto es ratificado por la Corte”, advirtió el subprocurador estadounidense, James Cole, “estaremos ante la multa más grande, por corrupción fuera de Estados Unidos, en la historia del Departamento de Justicia”.

Y tal sería el colofón de esta historia, que durante años estuvo en suspenso debido a las maniobras de Alstom, cuyos directivos sistemáticamente se negaron a colaborar con las autoridades judiciales no obstante las evidencias sobre las conductas ilícitas de su filial estadounidense surgidas durante la indagatoria de un proyecto energético en Italia. La fiscalía presentó cargos contra cuatro ejecutivos de Alstom, por supuesta conducta corrupta que implica Alstom. Y fue hasta entonces que Alstom comenzó a prestar cooperación a fondo, incluyendo la asistencia fiscalía del departamento de otras compañías e individuos.

En su capítulo mexicano, la historia de Alstom está inexorablemente ligada al fracaso de la Línea 12 del STC Metro en la Ciudad de México, que mantiene cerrado su tramo elevado desde hace un año.

Antes, estuvo el litigio que sostuvo su representación en México con Enrique Fernandez-Castello, quien reclamó el pago de las comisiones derivadas de sus gestiones para conseguir contratos con distintas dependencias federales a lo largo de una década, mismos que llegaron a representar 400 millones de dólares de ingresos para la firma francesa.

Esa disputa llegó a los tribunales de París, donde el abogado mexicano logró un fallo favorable. El entonces senador panista Santiago Creel Miranda y el entonces embajador Daniel Parfait mediaron entre las partes para acordar una solución extra judicial, pero los representantes de Alstom incumplieron su parte.

Fernández-Castello acudió a la justicia mexicana, pero fue acusado de falsedad de declaraciones por Cintia Angulo, y tuvo que emplazar al ex funcionario panista y a los abogados Ernesto Ayala y Antonio Souza para que validaran la existencia de un acuerdo.

EFECTOS SECUNDARIOS

QUEBRADOS. Los magistrados del Tercer Tribunal Unitario del primer circuito en materia civil otorgaron una suspensión definitiva a los trabajadores de Mexicana de Aviación respecto de la sentencia del juez Felipe Consuelo,quien decretó el concurso mercantil y ordenó su liquidación.

La sentencia interlocutoria, dictada el pasado martes 6, frenará la cancelación de concesión de las rutas nacionales e internacionales de la línea aérea, que podrían instrumentar la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y, así como la cancelación de los contratos de servicios firmados con los distintos operadores de los los aeropuertos nacionales y con ASSA en aquellas terminales en las que tenía slots.

El síndico Alfonso Ascencio Trujeque no podrá seguir vendiendo los bienes de la compañía por separado, explicó Joaquín Ortega, representante legal de los trabajadores de Mexicana.

La conservación de las rutas y los slots implica mantener en manos de la empresa, como fuente de pago, el patrimonio de mayor valor después de su planta laboral. Tal solo como referencia: en julio del 2014, American Airlines obtuvo 420 millones de dólares por la venta de 34 slots.

Una victoria en la larga y tediosa batalla lega por mantener la masa patrimonial de Mexicana, pero sobre todo para preservarla como fuente de trabajo de la que dependen principalmente los jubilados y pensionados. “Los fondos se alimentan precisamente de los salarios que se paguen y si la empresa no funciona simplemente no hay forma de sostenerlos. Y por la edad que tenían cuando dejaron de laborar activamente, ya no tienen derecho a otra pensión o a los fondos de ahorro para el retiro”, sentenció.

Los acreedores de Mexicana tendrán la última palabra. Banorte, Bancomext, ASSA y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México podrían promover un recurso de revisión.

“Los trabajadores confiamos en que se ratifique la suspensión definitiva”, insistió el, abogado Ortega. Si en última instancia, los ministros de la Suprema Corté de Justicia de la Nación declararán firmé la quiebra de Mexicana, el valor de los slots se degradaría, junto con todos los derechos derivados de la compresión y de los contratos de servicios aeroportuarios. Los empleados y los acreedores solo tendrían como fuente de pago los bienes muebles.

POR ALBERTO AGUIRRE  /  elarsenal.net / —Correo electrónico: aam@mexico.com