Las penas del PVEM

El oportunismo fue el combustible que llevó a triplicar el tamaño de las bancadas del Partido Verde en apenas un sexenio, sin que aumentara significativamente su votación. Autorizadas en Los Pinos, firmadas en el Palacio de Covián, las coaliciones electorales han producido dos generaciones Los “legisladores sandía”, reemplazo imperfecto la telebancada.

Tras de las elecciones del pasado 5 de junio, el Partido Verde tiene 43 curules en San Lázaro; quedó con 6.91% por ciento de la votación nacional, victorias en 25 distritos electorales y un cúmulo de posiciones en los gobiernos federales y estatales.

Precarios en su objetivo primario –frenar el avance electoral de MORENA–, que quedaron con la cuarta bancada más numerosa en la Cámara de Diputados luego del fracaso de la negociación con Nueva Alianza. Los ecologistas han resultado una inversión onerosa para el peñismo y ahora se quejan del oportunismo de sus adversarios, quienes a raíz del caso de Arturo Escobar, han reiterado su exigencia de cancelar su registro como partido nacional.

La compra de las tarjetas de descuento, la saturación de los cineminutos, la multiplicación de sus vallas y anuncios espectaculares… la acumulación de quejas ante las autoridades electorales que no habían tenido mayor consecuencia, más que las multas millonarias y enorme descrédito.

Reiterada y desproporcionada –según las definiciones de las autoridades electorales–, la sobreexposición del PVEM fue posible gracias a una violación sistemática y contínua de la legislación vigente. Los consejeros electorales decretaron que la cancelación del registro de ese partido político es improcedente, pero en última instancia deberán resolver los magistrados de la sala superior del Tribunal Electoral.

Mientras un juez penal resuelve sobre la situación jurídica de Escobar y Vega y los magistrados electorales determinan la suerte del Partido Verde, diversas organizaciones de la sociedad civil involucradas en la prevención social de las violencias se han declarado en alerta máxima, en espera de que el secretario Miguel Ángel Osorio Chong presente al nuevo titular de la subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana.

Los frecuentes desplantes pendencieros del diputado federal –quien arremetió indiscriminadamente contra Andrés Manuel López Obrador– rápidamente lo hicieron sujeto del repudio de una clase política que prefiere lichar a los niños verdes que castigar los moches o inhibir otros excesos.

Escobar y Vega ni siquiera obtuvo el beneficio de la duda entre las ONG que lo encontraron sin merecimientos profesionales para ejercer el cargo y sin autoridad moral para prevenir delitos o reencausar a los jóvenes alcanzados por los tentáculos del crimen organizado. El incidente de la maleta con 1.1 millones de pesos en efectivo, que le fue requisada por las autoridades aeroportuarias, en Tuxtla Gutiérrez, durante la campaña electoral del 2009, era el hecho más bochornoso en una larga lista de desplantes y exabruptos, documentadas en las tres averiguaciones previas, en curso en la FEPADE, contra los dirigentes del partido verde.

Esa triada de indagatorias también involucran al ex funcionario peñista, quien en su calidad de representante legal del PVEM firmó el contrato por el “servicio integral digital” que pautó los spots del partido en las salas de la cadena Cinépolis, en los primeros meses de este 2015, con Grupo Rabokse, cuyo apoderado es Adrián Escobar y Vega.

Y más recientemente, el presunto desvío de recursos que podría imputarse al ex subsecretario, quien junto con el gobernador Manuel Velasco Coello recorrió los polígonos de Tuxtla Gutiérrez que forman parte del PRONAPRED, y ofreció mayores recursos. Una visita oficial que evidenciaba el potencial uso político electoral de los programas para la prevención de la violencia.

Altos funcionarios peñistas y legisladores federales todavía debaten sobre el fondo de la acción judicial contra Arturo Escobar. ¿Hecho aislado o fuego amigo? Al presidente nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones, se le ha visto molesto, más que sorprendido. Todavía no se resigna a perder una franquicia –como Nueva Alianza– han quedado inútiles por la mala fama de sus dirigentes.

El PRI, por lo demás, ya abrió sus puestas para “candidatos ciudadanos”, ¿o no?

EFECTOS SECUNDARIOS

BAJO PERFIL. La confrontación entre los líderes partidistas y el escándalo que rodea a la salida de Arturo Escobar de SEGOB dejaron en segundo plano la presentación de la iniciativa de reforma constitucional a través del cual se eliminarían 100 diputados federales de representación proporcional y 32 senadores de la lista nacional, que corrió a cargo del senador priista Miguel Ángel Chico quien sostuvo al reducirse el número de legisladores en ambas Cámaras, contribuiría a fomentar el ahorro del gasto público, a facilitar los acuerdos, a trabajar con mayor eficiencia y sobre todas las cosas a responder a una demanda que por años ha expresado la ciudadanía sobre el extenso número de legisladores.

PREPARACIÓN. Justo cuando se cumplieron dos años del lanzamiento de la Estrategia Nacional Digital, Alejandra Lagunes, encabezó una reunión con los encargados de las áreas de comunicación y tecnologías de la información de las principales dependencias de la administración pública federal, quienes reportaron avances del 95% en la implementación de interoperabilidad de la plataforma gob.mx. El próximo jueves 3 oficialmente será abierto este portal integrador de la información gubernamental, que además de tener la ventanilla única de trámites, servirá de mecanismo institucional para relanzar la imagen del peñismo. El disclaimer del web master presidencial es por demás elocuente: “La legalidad, veracidad y la calidad de la información es estricta responsabilidad de la dependencia, entidad o empresa productiva del Estado que la proporcionó en virtud de sus atribuciones y/o facultades normativas”.

POR ALBERTO AGUIRRE / Correo electrónico: alberto.aguirre@outlook.com / COLUMNAS, SIGNOS VITALES /