“Las reservas de Castillejos”

El anacronismo del “abogado de la Nación” ha revivido, justo cuando Arely Gómez González es ratificada como la última procuradora. Y es que la reforma constitucional en materia político-electoral creará la Fiscal General de la República, pero también habilita a Humberto Castillejos Cervantes como “representante de la Federación”.

El abogado egresado de la Universidad Iberoamericana, en efecto, se ostenta ahora como consejero jurídico del gobierno mexicano. Y reclama el pleno ejercicio de sus atribuciones, que van más allá de la representación del Ejecutivo Federal. Una de sus primeras batallas justamente es la definición de la nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Las objeciones formuladas por Castillejos Cervantes al contenido del último anteproyecto de ley redactado en el Senado de la República, van en sentido contrario de los reclamos formulados por los comisionados del IFAI y los representantes de las ONG, que defienden el derecho a la información y la apertura de los archivos oficiales.

Basado sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Castillejos Cervantes ha objetado la parte normativa de la iniciativa que establece como obligación de los sujetos obligados hacer pública la declaración patrimonial es contraria a la Constitución. Y sostiene que el principio de máxima publicidad “no es una regla general absoluta (sic)”, por lo que sus excepciones deben estar previstas en la ley.

Una de esas excepciones –argumenta– es lo concerniente a la investigación de los delitos, las carpetas de investigación y las averiguaciones previas, que deben ser restringidos al público. Castillejos Cervantes habla con conocimiento de causa.

Su formación en el despacho de su padre, pero sobre todo su estancia en la coordinación de asesores de la PGR –cuando Eduardo Medina-Mora estuvo al frente de esa dependencia– lo llevaron a la convicción de que, en materia de procuración de justicia, el contenido de las indagatorias debe mantenerse bajo reserva, salvo en los casos de investigaciones por violaciones graves a los derechos humanos.

El funcionario federal insiste en que la nueva Ley General mantenga el “principio de compartimentación” y que prevé que ciertos organismos con funciones de seguridad pública y nacional no estén sujetos a la autoridad de un comité de transparencia, sino que los titulares de las instituciones encargadas de producir y procesar información estratégica para apoyar la toma de decisiones tendiente a preservar la seguridad pública y nacional sean los responsables de atender las solicitudes de información.

“Cada uno de estos procesos y actividades son ejecutados por servidores públicos obligados a mantener la reserva de la información y quienes en ningún momento tienen toda la información sobre un tema específico, a fin de disminuir la posibilidad de filtraciones graves que comprometan el cumplimiento de las funciones constitucionales y legales que les correspondan”.

Castillejos Cervantes tendría absoluta injerencia en la clasificación y reserva de los asuntos de seguridad nacional. Por eso, defiende que el proyecto de la nueva Ley General contenga en su articulado una disposición para que los sujetos obligados informen al consejero jurídico de aquellas resoluciones del nuevo IFAI que consideren vulneran la seguridad nacional, dentro de un plazo de tres días hábiles posteriores a la notificación.

Expertos en transparencia y rendición de cuentas observaron que dichas comunicaciones estarían fuera de los procedimientos legalmente establecidos, pero el funcionario peñista tampoco quiere abrir mayores espacios de judicialización del acceso a la información. “El párrafo propuesto únicamente tiene por objeto establecer un plazo para que los sujetos obligados notifiquen al Consejero Jurídico, lo que de ninguna manera implica –ni se pretende que así sea, pues resultaría claramente inconstitucional– que éste, por virtud de dicha notificación, esté compelido a ejercer dicha atribución”.

La única finalidad del nuevo IFAI, interpreta el consejero jurídico, radica en garantizar que se entregue la información que corresponda, por lo que también se opone a que la legislación al órgano garante para sancionar a los sujetos obligados que incumplan con los resolutivos. “Se estaría violando el principio de división de poderes, ya que se subordinaría a las autoridades a las determinaciones de un organismo autónomo, cuando no existe competencia constitucional expresa”.

El documento con las reservas del consejero jurídico –fechado en febrero del 2015– fue entregado a las ONG, cuyos representantes han hecho público su contenido. Senadores del PAN y del PRD que participan en las audiencias públicas, han reconocido que su comunicación con Castillejos Cervantes es mínima, después de que la senadora Marcela Torres Peimbert impugnara su presencia en la reunión que sostenían los legisladores con y comisionados del IFAI, hace dos semanas.

EFECTOS SECUNDARIOS

¿HABEMUS MINISTRO? En su entrevista con los senadores, el favorito de la terna para ocupar la vacante en el pleno de la SCJN, Eduardo Medina-Mora, escuchó cuestionamientos que fueron más allá de su paso por el servicio público o su desempeño como litigante.

“Es compadre del Presidente”, sostuvo la perredista Dolores Padierna, sin atreverse a desvelar ese episodio, que tendría como protagonista a Yessica de la Madrid Téllez, quien fue directora de Colaboración Internacional en la PGR, cuando el embajador de México en Estados Unidos estuvo al frente de esa dependencia y al final del sexenio calderonista fue incorporada a la embajada de México en Colombia, donde cumplió con una misión prioritaria: contactar al general Óscar Naranjo, efímero asesor del equipo peñista.

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POR ALBERTO AGUIRRE / elarsenal.net