Las zonas calientes de AL

Es una de las regiones más violentas del planeta. En el 2012, la tasa promedio de homicidios en América Latina –23.7 por cada 100,000 habitantes– era casi cuatro veces la tasa mundial y más del doble del estándar aplicado por la Organización Mundial de la Salud para definir una epidemia.

Ese año, el total global de homicidios fue de 437,000 víctimas, lo que representaba una tasa de homicidios global de 6.2 por cada 100,000 habitantes. De éstos, una tercera parte (157,3000) ocurrieron en el hemisferio americano, incluidos Estados Unidos y Canadá; por 131,700 en África; 122,360 en Asia; 21,850 en Europa y 1,311 en Oceanía.

Centroamérica mostraba una tasa de homicidios considerablemente más alta que el resto de las subregiones latinoamericanas: 32.9 homicidios por cada 100,000 habitantes, lo que excedía el estándar de 30 homicidios por cada 100,000 habitantes utilizado para identificar un conflicto civil en pequeños estados.

La violencia es un fenómeno predominantemente urbano. Los delitos tienden a concentrarse en zonas urbanas específicas –“hot spots”, las llaman los especialistas– y con mayor frecuencia, en ciudades con altas tasas de urbanización no planeada y prevalencia de asentamientos informales y exclusión.

¿Las favelas de Río de Janeiro? ¿Las zonas depauperadas de San Salvador? ¿La colonia Renacimiento de Acapulco o las laberínticas callejuelas de Lomas Taurinas en Tijuana? Sin embargo, urbes más pequeñas o zonas rurales alejadas pueden ser focos importantes de violencia; en especial si se encuentran próximas a fronteras nacionales –la llamada “frontera chica” que va de Ciudad Miguel Alemás a Reynosa, en Tamaulipas–, en zonas de producción o tráfico de drogas, como la Región Lagunera, y con poca presencia estatal.

Las mujeres son uno de los grupos más afectados por la violencia. Si bien, la mayoría de las víctimas de la violencia homicida son hombres, la tasa de homicidios a mujeres está por encima del promedio mundial en América Latina. De cada 10 asesinatos de mujeres en la región, cuatro son cometidos por su pareja.

Los riesgos de violencia doméstica se incrementan ante la frecuente presencia de consumo de alcohol por parte de los agresores. Además, la exposición de los niños a la violencia íntima de pareja incrementa la probabilidad de su involucramiento en relaciones violentas, durante su adultez.

La tasa de homicidios entre los jóvenes llega a casi 70 por cada 100,000 habitantes en América Latina; cifra tres veces la tasa de homicidios para el resto de la población. A nivel global, El Salvador, Colombia, Venezuela, Guatemala y Brasil registran las tasas más altas de mortalidad de jóvenes. ¿Alguien duda que en la región, entre los jóvenes prevalece la aspiración de pertenecer a pandillas y bandas criminales?

La percepción del crimen y la violencia está empeorando. El Latinobarómetro encontró en su última medición que la mayor preocupación entre los habitantes de la región es la inseguridad y la delincuencia, por encima incluso del desempleo. Actualmente, los altos niveles de victimización están acompañados por bajos niveles de confianza en las instituciones responsables de la convivencia y la seguridad ciudadana.

La definición de políticas de seguridad efectivas es un tema pendiente para la mayoría de los gobiernos en América Latina. Uno de los problemas más serios en la región es la falta de sistemas integrales para gestionar la seguridad ciudadana, lo que se materializa en el fluctuante manejo de políticas públicas, la cambiante normatividad, la falta de planeación, la poca estabilidad de los cuadros de dirección, la poca profesionalización de las policías y la deficiente financiación de los programas de protección ciudadana.

En México, reducir la violencia es una necesidad imperiosa en “zonas calientes”, donde las disputas entre bandas rivales mantienen aterrorizada a la población.

La respuesta institucional, en algunos casos invasiva pero tenue en la mayoría de las ocasiones, ha generado un nuevo fenómeno: que los particulares ejerzan su derecho a la autodefensa. La expresión más burda de este ánimo son las “policías comunitarias” que se han extendido por Michoacán, Estado de México y Guerrero.

Con sigilo, pero igual contundencia, está la multiplicación de los cuerpos de seguridad privada. Y peor, por descomedida, está la proliferación de escoltas –auspiciadas por el gobierno federal–, además de la invasión de los guardias de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en otras entidades del país, a cargo ahora de la vigilancia de instalaciones estratégicas de la administración federal, incluido el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

En Tamaulipas, donde el gobierno federal decidió conceder un plazo de gracia al gobernador Egidio Martínez, antes de enviar a un comisionado para la seguridad, el tiempo apremia y la realidad, lacera.

EFECTOS SECUNDARIOS

RECONSTRUCCIÓN. Mientras en la Cámara de Diputados y el Senado se ha acordado que el 14 de mayo arrancará un periodo extraordinario para la discusión de la reforma política; políticos, académicos e investigadores analizarán en el coloquio “La Comunicación Política en el Pacto por México y las Reformas” las estrategias discursivas, la ley de telecomunicaciones y el debate legislativo durante los días 12 y 13 de mayo en el Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM. Algunos ponentes son Porfirio Muñoz Ledo, Raúl Trejo Delarbre y Alan Arias Marín entre muchos otros.