Los amos de ESSA

Hace un año, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, y el vicepresidente ejecutivo de Mitsubishi, Takahisa Miyauchi, ratificaron el acuerdo signado entre las partes en agosto de 2011, para que la producción de la paraestatal Exportadora de Sal (ESSA) fuera entregada a la corporación nipona.

“Ya era tiempo de negociar con los clientes” comentaron los directivos de Mitsubishi a los funcionarios mexicanos, “porque de otra manera ESSA perdería oportunidades de negocios para el 2015-2016”.

En esta empresa social, el gobierno mexicano tiene 51% de las acciones, pero Mitsubishi Corporation toma las decisiones. A principios del 2015, unos y otros no podían pronosticar el derrumbe de la economía china o el fortalecimiento del dólar frente a la moneda mexicana, pero fueron omisos al establecer un precio de venta de la sal industrial producida en Guerrero Negro tan bajo que compromete la rentabilidad de la empresa.

Para los socios orientales del gobierno mexicano, ESSA es subsidiaria de la división de productos químicos básicos de Mitsubishi y presumen de operar “el negocio salino por evaporación solar más grande del mundo,que suministra sal estable de alta pureza y gran calidad a Japón, Estados Unidos, Canadá y otras partes del mundo”.

Al arrancar el 2015, el precio mínimo para las operaciones de venta quedó en 18.60 dólares por tonelada métrica. Luego de seis meses –y tras de considerar los costos de producción y el encarecimiento de los combustibles– hubo un ajuste, para dejarlo en 20 dólares… que ni siquiera llega a la mitad del precio promedio en las cotizaciones del mercado internacional.

Los volúmenes de producción de sal industrial y de ventas mantienen su tendencia alcista. Entonces, ¿por qué Exportadora de Salha obtenido ganancias inferiores en los dos años del sexenio peñista?

Hace un año, el director de la empresa, Jorge Humberto López-Portillo Basave, propuso al consejo de administración de ESSA –que encabeza, por disposición legal, el coordinador de minería– un plan de comercialización que ampliaba la cartera de clientes. Y es que el 90% de la producción de los campos salineros de Guerrero Negro es entregado a Mitsubishi (free on board) en la Isla del Cedro, en el litoral del Pacífico.

Para otros clientes, Mitsubishi sugirió una lista de precios: 42.80 dólares para Japón y Asia, vía marítima; 33.40 para Taiwán y 34.80 para China… menos gastos y con un tipo de cambio fijo, que es de 12.90 pesos.

En enero de este año, el consejo de administración de ESSA decretó un precio promedio de 18.60 dólares por tonelada métrica para la sal industrial producida en Guerrero Negro, Baja California Sur, no obstante que la directiva –abrúptamente sustituida el 28 de diciembre– había presentado un plan de comercialización que refería los precios reales pagados en los mercados de Europa (49 dólares) y de Asia (70 dólares) por tonelada.

Entre 2006 y 2007 ese fue el último ciclo desfavorable para los japoneses. Entre el 2008 y el 2012, la Auditoría Superior de la Federación, tras de una denuncia presentada por los obreros de ESSA, confirmó que las ventas a Mitsubishi eran por debajo del costo de producción. Y según esa misma denuncia, existen elementos para acreditar dumping contra Estados Unidos y China.

Hace dos años, la directiva de ESSA quiso vender salmuera y atraer a los empresarios interesados en el procesamiento de fertilizantes nitrogenados. Los contratos firmados hace un año fueron desconocidos por la nueva directiva de la paraestatal, encabezada entonces por Jorge Guillermo Esquivel y Esquivel.

La información sobre los contratos suscritos por ESSA para vender sal a granel y salmuera, así como el nombre de las entidades compradoras o el monto de las operaciones quedó reservada por un término de tres años, de acuerdo a una resolución del Comité de Información de la paraestatal expedida el pasado 11 de septiembre.

Al cierre del primer trimestre del 2015, había más de 61 observaciones pendientes de atender. De éstas, 35 habían sido generadas en la revisión efectuada por la Auditoría Superior de la Federación. En junio pasado, Pedro Silvino Xavier Lazcano fue ratificado como director general de la paraestatal por el coordinador de minería, Mario Cantú.

EFECTOS SECUNDARIOS

¿SIN REMEDIACIÓN? El “pleito inmobiliario” entre María Asunción Aramburuzavala y Joaquín López-Dóriga ha brincado a otros terrenos. Ese conflicto se originó por la edificación de Nimbus, un exclusivo desarrollo residencial en la calle Rubén Darío 225, al que se opone el Comité Ciudadano de la colonia Bosques de Chapultepec, coordinado por Gabriela Torres. Antes de que ventilara públicamente el intento de extorsión que presuntamente sufrió por parte de los vecinos, la constructora Abilia –propiedad de Aramburuzavala– había ofrecido resarcir los daños que la construcción ocasionaría a la plusvalía de las propiedades aledañas y a la movilidad en la zona. El documento de 17 páginas incluye una serie de estudios de asoleamiento en los que se demuestra el impacto que tiene la nueva construcción para los vecinos, a quienes la inmobiliaria ofrece diversas acciones de resarcimiento, entre las que se encuentran la construcción de un retorno sobre la calle Rubén Darío, mejoras estructurales en los inmuebles cercanos ante la obstrucción de la luz directa natural y el mejoramiento de un jardín de niños ubicado en la zona. A estos ofrecimientos, que incluían también el concepto de donación para obras en la zona, los vecinos sumaron peticiones como la sustitución de plantas eléctricas de emergencia y la optimización de tecnología en los elevadores de sus propios edificios.

POR ALBERTO AGUIRRE / COLUMNAS, SIGNOS VITALES / elarsenal.net