Los bomberos del peñismo

En el mapa de riesgos y amenazas a la gobernabilidad hay dos conflictos que han atraído la atención de la administración peñista desde hace un año: la rebeldía magisterial ante la reforma educativa y las operaciones de las llamadas auto-defensas en Michoacán y Guerrero, donde los sistemas de inteligencia del gobierno federal aún no atinan a distinguir entre la injerencia del crimen organizado, la presencia de guerrilleros o la aparición deguardias blancas.

Otros grupos que demandan desagravios y compensaciones concentran la atención del gobierno federal, desde los damnificados por recientes las recientes inundaciones en Guerrero y las afectaciones de Pemex en Tabasco, hasta las manifestaciones en ciernes por la homologación del IVA en la frontera y los problemas limítrofes que han confrontado a comunidades indígenas en la selva lacandona o Los Chimalapas.

Y también están los ejidatarios perjudicados por concesiones mineras, el embalse de afluentes como el Río Yaqui, o empresas especializadas en la co-generación de electricidad por medio de las energías renovables. En ese vórtice está el Movimiento por la Justicia Agraria, en el que participan campesinos de Durango, Nayarit y Sinaloa, afectados por la construcción de la súper autopista que atravesó la Sierra Madre para conecta a Mazatlán con la capital duranguense.

En pie de lucha desde el 2010, no pudieron evitar que Tradeco –la constructora consentida del calderonismo–, Grupo Hermer y otros grandes consorcios invadieran sus tierras. Pero lograron un amparo en los tribunales federales, que obliga a completar el proceso de expropiación al gobierno federal y reconoce el derecho de los 40 ejidos, de recibir una indemnización, a valor comercial.

En el tramo final, la representación gubernamental en la mesa de negociaciones con el Movimiento por la Justicia Agraria ha recaído en Francisco José Yáñez Centeno -Cabrera, jefe de la unidad para la atención de las organizaciones sociales de la SEGOB, y Raúl Murrieta Cumming, subsecretario de Infraestructura en la SCT.

Ambos funcionarios podrían contarse entre los bomberos más eficaces de la administración peñista. Yáñez Centeno-Cabrera, lleva tres sexenios de trabajo ininterrumpido en el gobierno federal. Originario de Colima, ingeniero de profesión y heredero de una de las familias más respetadas de la capital de aquella entidad –su abuelo fue procurador de justicia y líder del Congreso local– formó parte del equipo de Salvador Abascal que afrontó la negociación con la APPO en el verano del 2006. Y no obstante la cercanía de sus hermanos con el perredismo –tuvo como cuñado a Porfirio Muñoz-Ledo– y con Andrés Manuel López Obrador, era apreciado dentro del panismo por su capacidad, pero sobre todo por su lealtad institucional.

Discreto, al grado de la invisibilidad, Yáñez Centeno-Cabrera puede presumir de haber servido a los últimos seis secretarios de Gobernación y de contar con uno de los equipos de trabajo más estables, dentro de una de las áreas más delicadas de toda la administración pública federal.

Murrieta Cummings, por el contrario, tuvo una intensa carrera en la iniciativa privada antes de incorporarse al servicio público. Hijo del ingeniero Antonio Murrieta Necoechea, en 1990 fue electo presidente del Consejo de Alumnos del ITAM, institución en la que dio clases y completó un posgrado en administración pública en 1999. Dentro de su planilla estuvieron el actuario Ernesto Cordero, el abogado José Antonio Meade Kuribreña y el economista Luis Videgaray.

A diferencia de sus condiscípulos itamitas, Murrieta Cummings no realizó estudios de posgrado en el extranjero y desarrolló una sólida carrera en el mundo empresarial – fue ejecutivo de Televisa, Datasys y Avantel, además de dirigir Lifetel, una de las filiades del Grupo Pegaso– hasta el 2005, cuando Videgaray aceptó hacerse cargo de la secretaría de Finanzas en el gobierno del Estado de México.

En el 2009 ocupó la vacante que dejaría el ahora secretario de Hacienda y en el 2011, Eruviel Ávila lo ratificó como secretario de Finanzas en el gobierno mexiquense, donde permaneció hasta septiembre del 2012, cuando se incorporó al equipo de transición del presidente electo. Su hoja de servicios sólo tiene una mácula: el escándalo de las tarjetas Monex.

El desempeño de ambos funcionarios puede evaluarse en función del éxito de sus gestiones. En las negociaciones con los afectados por la súper carretera Durango-Mazatlán, lograron abrir una ventana de tiempo, después de que los ejidatarios amagan con bloqueos en plena temporada vacacional. “Queremos solucionar el asunto con ustedes porque habrá más obra pública y queremos que este proceso constituya un modelo a establecer para otros casos similares. No queremos avasallar”, les dijo Murrieta Cummings.

La próxima audiencia entre los ejidatarios y los funcionarios federales quedó programada para el próximo 14 de enero y quizá a esa cita ya no acuda Murrieta Cummings, quien dejaría esa posición para asumir otras tareas en la secretaría de Hacienda.

En las últimas semanas del 2013, soplaban vientos de cambio en ambas dependencias del gobierno federal. En la SCT, además del relevo en la subsecretaría de Infraestructura –a la que llegaría Fernando Aportela– pronto se espera la mudanza de Enrique Ochoa Reza, subsecretario de Hidrocarburos.

En Hacienda, ascendería Abraham Zamora Torres, ex ejecutivo de Aeromexico. Y vendría una cascada de cambios que afectaría a Alejandro Chacón, administrador general de Aduanas; Héctor Orozco Fernández, titular del SAE, y Mario Alberto Beauregard Álvarez, director de finanzas de Petróleos Mexicanos, donde se esperan cambios de mayor calado

Más que un ajuste dentro de la SHCP habrá un empoderamiento de su titular, Luis Videgaray… a costa del debilitamiento de otros equipos.

Por: Alberto Aguirre M. / elarsenal.net