“Los damnificados de Patricia”

Significativamente menos siniestro de lo inicialmente pronosticado, el huracán Patricia provocó más daños a pescadores y campesinos de la costa del Pacífico, que a la industria hotelera o a la infraestructura de comunicaciones y transportes.

La fortuna de los productores de plátano, papaya, limón, melón y berries de Nayarit, Jalisco y Colima comenzó a cambiar hace un año, luego de que las brigadas de vendedores de los seguros de Nuevo Horizonte recorrieran la región con una oferta aparentemente inmejorable: con una inversión 50% menor a la que tradicionalmente hacían con Agroasemex, quedarían cubiertos ante el azote de cualquier plaga o un evento climatológico catastrófico.

¿Gato encerrado o competencia desleal? Los hombres del campo escucharon el canto de las sirenas. Y justo un año después, deberán reclamar a ese fondo de aseguramiento basado en Chihuahua, su pago puntual. Los primeros reportes sobre las afectaciones sufridas por los productores de Nayarit y Colima estiman pérdidas por 200 millones de pesos. Y el litigio sobre los fondos de Nuevo Horizonte, que provendrían del FERCHOCH de Ciudad Cuauhtémoc, es por otros 106 millones.

Las primeras estimaciones de analistas financieros y representante de la industria de los seguros a nivel mundial sobre las pérdidas que ocasionó Patricia fluctúan entre los 200 y los 500 millones de dólares. AIR World Wide reportó ayer, con datos del National Hurricane Center del gobierno estadounidense, que el meteoro tocó tierra a las 18.15 horas (tiempo del Centro) del pasado viernes 23.

AIR Worldwide, Kinetic Analysis Corporation y Artemis se cuentan entre las fuentes especializadas de información que esperan el anuncio oficial del NHC sobre la presión barométrica registrada por Patricia al momento de impactar las playas de Cuixmala, Jalisco. Y es que en el mercado internacional saben que para cobrar los 50 millones de dólares estipulados en la póliza del seguro multicat, Patricia debe haber fluctuado entre los 960 y los 920 milibares de presión atmosférica.

En caso de que los expertos corroborarán (¿y la CONAGUA?) que estuvo abajo de los 900 milibares, las aseguradoras internacionales tendrían que abonar 100 millones de dólares a las arcas mexicanas, pero las altas autoridades en el gobierno federal no han echado campañas a repicar, sobre todo a raíz de lo ocurrido hace un año con Odile, que tras sacudir a Los Cabos, fue considerado por las instancias hidrometeorológicas como un Yucatán categoría 3, que nunca bajó de 1,000 milibares.

Además del seguro multicat, el gobierno federal podría acceder a 5,000 millones de pesos a través de las coberturas contratadas por la coordinación para la gestión de riesgos, a cargo de José María Tapia. Justamente, la Coordinación General de Protección Civil, que encabeza Luis Felipe Puente, emitió la declaratoria de emergencia que permitirá a los gobernadores de las tres entidades del Pacífico acceder a los recursos del FONDEN.

Los desastres naturales han alimentado la caja chica de muchos gobiernos estatales. En la administración calderonista, los mandos medios y superiores de Hacienda y Gobernación temían al mandatario priista de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán y a su entonces secretario de Finanzas, Javier Duarte de Ochoa, quienes ante cualquier inundación, desbordamiento pluvial o derrumbe, tramitaban una declaratoria de emergencia.

La situación llegó a tal punto que por culpa de los veracruzanos, el Fonden tuvo que ajustar sus reglas de operación. En el actual sexenio, el caso paradigmático ocurrió en Guerrero, donde fueron canalizados más de 79,000 millones de pesos para aliviar los estragos generados por Ingrid y Manuel.

Actualmente, el campo mexicano tiene 22.2 millones de hectáreas cultivadas, pero 40% están desprotegidas. Las aseguradoras de primer piso solo cubren al 33.1% de los productores agropecuarios en México. La Encuesta Nacional Agropecuaria 2014 del INEGI revela que sólo 3.6% de los productores contaban con un seguro en el 2012 para proteger sus cosechas, su ganado o sus embarcaciones. De los seguros contratados por los productores agropecuarios, sólo 14.3% habían sido otorgados por entidades gubernamentales al cierre del año pasado. Y 47.1 % fue dispuestos por fondos de aseguramiento promovidos por Agroasemex.

En los últimos cinco lustros -justo desde que la administración foxista permitió el ingreso de las aseguradoras comerciales al primer piso del mercado- la protección de los productores agrícolas se ha debilitado. En el periodo se han acumulado los efectos de fenómenos como Ingrid y Manuel, en el 2014, o las heladas que acabaron con la cosecha de maíz en el Valle del Yaqui, en el 2011.

Paradojas de los seguros catastróficos: apenas sí llegó a la SAGARPA, José Calzada Rovirosa decidió encabezar el esfuerzo institucional que dotaría a minifundistas, ejidatarios y familias campesinas dedicadas a la agricultura de subsistencia, de una protección ante las acechanzas del cambio climático. Tras del paso de Patricia, esta cobertura podría extenderse a pequeños productores avícolas, apícolas y pescadores. Todos serían beneficiarios de la Cruzada Nacional contra el Hambre.

EFECTOS SECUNDARIOS

ENFOQUES. Primero por Patricia y ahora por la Cumbre Mundial de Negocios, la atención está puesta en Jalisco, donde en lo que resta de la administración peñista habrá una inversión cercana a 40 mil millones de pesos, en proyectos de infraestructura. La última megaobra con recursos federales se edificó hace 20 años: el tren ligero de Guadalajara. Actualmente se construye la nueva Línea del Tren,
además de conectar la central de autobuses de Tlaquepaque con el centro de Guadalajara y con Zapopan. Asimismo, ?resaltan también obras que ya se encuentran en construcción, entre ellas el nuevo Macro libramiento de Guadalajara, la Autopista Guadalajara-Colima y la ampliación de la carretera Federal 200.

—Correo electrónico: alberto.aguirre@outlook.com / POR ALBERTO AGUIRRE / SIGNOS VITALES