“Los dramas de La Maestra”

Dejar la habitación que ocupa desde hace 800 días en la Torre Médica de Tepepan sería en todo caso, “un accidente” procesal, más no el objetivo de la estrategia jurídica para demostrar la inocencia de Elba Esther Gordillo Morales.

Tras las rejas o en arraigo domiciliario, la ex presidenta vitalicia del SNTE cree que podrá convencer a los dos jueces que resolverán sobre su situación jurídica, sobre la viabilidad de su exoneración. Pero de la mano de su abogado, Marco Antonio del Toro Carazo, emprendió una serie de acciones a lo largo de los últimos seis meses, tendientes a “resolver un problema familiar”. Su palabra estaba en juego

¿El nacimiento de su bisnieta? ¿La boda de su nieto Othón? ¿La convalecencia de su ex pareja, Francisco Arriola? ¿La atención médica de Francisco Yáñez? La defensa de la Maestra ventiló públicamente el parte médico de su cliente y también, el presunto conflicto de interés invocado por Juan Díaz de la Torre para excusarse como testigo de cargo.

“Ni es mi amigo ni le guardo cariño”, respondió Gordillo Morales. El juez sexto de procesos penales federales, Alejandro Caballero Vértiz, citó a un careo al dirigente magisterial con su antecesora. Pero Díaz de la Torre tramitó un amparo… ¡para protegerse de la justicia federal!

“Más que un drama, esta parece una comedia de absurdos”, admitió recientemente el abogado que encabeza el equipo que defiende a la Maestra. En cualquier caso, su contribución a este enredo judicial es notable: en 18 meses promovió medio centenar de recursos de apelación y amparos, aunque se ha desistido de los más graves en las semanas recientes.

“Aquel que corre, es porque no tiene la razón. Los que apuestan a un juicio rápido saben que van a perder”. A ese apotegma se atuvo el abogado Del Toro Carazo hasta hace seis meses cuando su estrategia sufrió un ajuste dramático: la promoción de un incidente fue el comienzo de un ríspido intercambio entre la defensa, la PGR y el juzgador, sobre la salud y la edad de Gordillo Morales, quien podría ser condenada a más de 15 años de prisión en caso de que se acreditara su responsabilidad en la trama financiera supuestamente urdida para malversar las cuotas de los maestros sindicalizados.
Ahora se sabe que Gordillo Morales quiso la prisión domiciliaria para acompañar a su hija, las senadora Mónica Arriola, en la segunda parte del tratamiento al que es sometida, desde principios del año. El primer tramo ocurrió en Houston, Texas, en el mismo centro médico donde se internó hace cinco años.

En su resolución, el juez admitió que la Maestra es adulto mayor, tal como requiere el artículo 55 del Código Penal Federal. Sin embargo la defensa se desistió del incidente respecto a lo relacionado con el estado de salud, aspecto que inicialmente constituía la base de la petición solicitada. Otro error estratégico que tuvo consecuencias funestas. Y es que Caballero Vértiz invocó al párrafo tercero del artículo 55, que lo obliga a apoyar su valoración en dictámenes de peritos. Por eso, adujo, estaba “materialmente imposibilitado para efectuar la evaluación del riesgo de fuga” dado que resulta impracticable realizar los estudios periciales respectivos.

 “Es ridículo pensar que puede probarse pericialmente si hay o no riego de fuga. ¿Qué tipo de perito serviría para ello? ¿Perito en qué? ¿En fugas acaso, en seguridad? Más que absurdo, es inexplicable”, señaló el abogado, quien también corrigió al Consejo de la Judicatura Federal, que en la víspera había liberado una nota informativa en la que afirmó que la solicitud fue declarada improcedente “debido a que las partes no aportaron dictámenes periciales idóneos tendientes a establecer si la indiciada, al concedérsele tal beneficio, pudiera optar o no por sustraerse de la acción de la justicia”.

A mediados de la semana pasada, la defensa de Gordillo Morales consideraba que existía “altísimas probabilidades” acerca del beneficio de la prisión domiciliaria; y aunque ya tenían preparada una casona en un club campestre de la zona de Contadero, en Cuajimalpa, calculaban que la excarcelación de la polémica ex lideresa magisterial demoraría algunas semanas o un mes, cuando mucho. En ese lapso, la PGR debería establecer las medidas de seguridad procedentes. Ayer, Del Toro Carazo recurrió la negativa del juez sexto de Distrito de Procesos Penales Federales. Y este mediodía, en Washington D.C., comenzarán los trámites para exponer el caso de Gordillo Morales ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Y la CNDH?

Tres días después de haber sido remitida al reclusorio norte, la ex lideresa magisterial presentó una queja en la oficina del ombudsman, por presuntas arbitrariedades ocurridas durante su detención en el aeropuerto internacional de Toluca y su traslado a la Ciudad de México. Ese trámite también quedó en suspenso, por el desistimiento de la inculpada.

EFECTOS SECUNDARIOS

BOTADURAS. A mediados de la semana se espera el arribo del director general de Pemex, Emilio Lozoya Austin, a puertos gallegos. Para ser exactos: en los astilleros de Navantia, una empresa del gobierno español, donde será entregado el primero de los dos floteles encargados a los artesanos de las Rías Baxas en tiempos calderonistas. Dentro de un mes sería puesto a flote el segundo navío, armado en el astillero de Hijos de Barrera, consorcio del que la paraestatal mexicana es el socio mayoritario. Allá, la expectativa por la presencia del funcionario mexicano es grande, pues tendrá que encarar la molestia con Pemex, luego de que incumpliera el compromiso de reactivar la construcción de buques en el alicaído puerto ibérico. 

POR ALBERTO AGUIRRE / SIGNOS VITALES / elarsenal.net / —Correo electrónico: alberto.aguirre@outlook.com