Los enemigos de Lozoya

¿El imperio de la ley o una venganza contra los calderonistas? A la luz de la persecución contra los accionistas de Oceanografía, queda claro que el gobierno federal nunca tuvo dudas: había que acabar con los enemigos.

En los meses posteriores a la intervención gubernamental en la naviera, Oliver Fernández llegó a deslizar públicamente que el actual director general de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, había orquestado una campaña contra Amado Yáñez y sus socios, sin haber hecho los deslindes necesarios. Lo más probable es que las autoridades judiciales le concedan la razón, pero a un costo altísimo. Y es que l estilo ofensivo de Fernández traspasó los linderos deportivos y se proyectó a los negocios.

En cualquier caso, Yañez Osuna se debatía entre esa influencia y los constantes desbordamientos de Martín Díaz Álvarez, quien está precedido de una dudosa reputación, por sus violentos exabruptos y sus lujos que bordean la excentricidad.

En una estrategia bidireccional, los socios de Yáñez Osuna buscaban desesperadamente los recursos que permitieran sostener la ficción en la que operaron durante una década. Díaz Álvarez salió a los mercados internacionales para conseguir préstamos bancarios, mientras que Fernández trataría de ampliar los contratos que PEP –la filial de Pemex que dirigía Carlos Morales Gil– había firmado con Oceanografía a mediados del sexenio calderonista.

Diluida, su influencia en los anteriores dos sexenios quiso ser revitalizada gracias a su ascendente con los empresarios mexiquenses Carlos Peralta y Jaime Camil –a los que trata como si fueran sus familiares–, quienes apostaban a su relación con personajes encumbrados del Grupo Atlacomulco para perpetuar su negocios con la administración pública federal.

En el caso de la SEDENA y de Pemex, la cerrazón fue absoluta. Allí están los casos de Susumo Azano y de Siemens-Comproca, que al arranque del sexenio peñista marcaron la pauta: nada que involucre a empresarios asentados en Pastejé ni a sus cercanos. Las razones de ese veto permanecen inexploradas.

En los dominios de Emilio Lozoya tienen evidencia irrefutable –así lo muestra la filtración de las conversaciones telefónicas entre Fernández y Yañez Osuna– de sus expresiones despectivas contra los principales funcionarios de la hacienda peñista. En cualquier caso, el banquero tiene razón, pues en todo caso, tendrían que acreditarse fehacientemente sus conductas irregulares, para que el veto estuviera fundamentado.

En aquella etapa del sexenio calderonista, faltaban tres meses para que expirara el contrato de PEP con OSA Goliath y la evidencia disponible no indica que la naviera carmelita buscara llevarlo a otras latitudes, sino que sus directivos trataban de convencer a Morales Gil de autorizar una ampliación o, en su defecto, nuevos contratos de montos menores a 100 millones de dólares, exentos de la aprobación de los comités de adquisiciones, de acuerdo a la normatividad vigente.

Los dueños de Oceanografía habían emplazado a los directivos de Pemex a renovar el contrato por cinco años más, respetando el precio de referencia pactado anteriormente. Y en las conversaciones telefónicas que fueron filtradas existen elementos que permiten inferir las maniobras comerciales de los accionistas de esa empresa, pero no hay evidencia suficiente para acreditar la connivencia de funcionarios de Pemex.

“Los accionistas de la empresa buscábamos las opciones más favorables en el entorno de aquella época”, refieren los voceros de Yáñez Osuna, “ante los compromisos de pago con los acreedores de los barcos”.

De acuerdo a esas versiones, su ventaja comparativa era el buque más moderno que atracaba la Sonda de Campeche. OSA Goliath era el barco más moderno al servicio de Pemex, aunque tenía otras opciones como el Caballo Marango, por el que había erogado 160 millones de dólares.

Esos eran los buques insignia de una flota compuesta por84 embarcaciones, de las cuales 22 embarcaciones entraban dentro de la categoría IMR. Antes de la intervención gubernamental, la flota de Oceanografía había arrendado 18 navíos de última generación, con lo que sumaban 84 embarcaciones para cubrir los contratos con Pemex.

Amado Yáñez, principal accionista de Oceanografía, cree que el primo de Francisco Gil Díaz, podría ser el autor intelectual de la filtración de las grabaciones que exhiben sus tratos con Oliver Fernández y en las que –curiosamente– nunca es mencionado Martín Álvarez o los hermanos  Rodríguez Borgio, protagonistas imprescindibles de esta trama financiera.

Una anécdota curiosa: Martín Díaz tuvo un problema con un doctor especialista en oídos que no pudo curarlo del todo y que incluso lo limita a escuchar bien. Todas las semanas este personaje le marcaba al especialista para amenazarlo y amedrentarlo, situación que conocen también las autoridades, pues hay acusaciones en contra de Martín Díaz.

Amado Yáñez nunca obtuvo el contrato que buscó de PEP. Y por el contrario, ganó la enemistad del director general de Pemex, en cuyas manos está el destino final de Oceanografía después de que quede saldado el adeudo de 375 millones de dólares, que los operadores financieros de Amado Yáñez –léase Martín Díaz Álvarez– colocó en Nueva York en el 2010 para resolver los problemas de liquidez de la firma carmelita.

EFECTOS SECUNDARIOS

ATORADOS. Ya no son pocas voces al interior del Servicio de Administración Tributaria, que dirige Aristóteles Núñez, que señalan a sus compañeros y altos funcionarios como los responsables de otorgar “facilidades” al agente aduanal Roberto Ruiz Armas para la importación de vehículos y demás mercancías.

Los funcionarios Armando Sandoval, Alberto Machuca, Marco Flavio Rigada y Yolanda Aguirre, se dice, traen compromisos con el citado agente aduanal, y quienes contrariamente al espíritu y directriz de Aristóteles Núñez, se empeñan por dejar mal parada a esa institución y a la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Por Alberto Aguirre / Columna / elarsenal.net