Los enredos de la reforma electoral

La causal de nulidad abstracta rondó las elecciones presidenciales del 2006. En la reforma político-electoral del 2007, el PRI y el PAN exorcizaron ese fantasma. Se tardaron un sexenio para prefigurar nuevamente amenazas de tal envergadura para una elección cerrada.

En los comicios del 2018 podría darse el caso de que unas fuerzas políticas salieran a ganar el voto ciudadano y otras, apostaran a anular los resultados.  Será un escenario real y plausible en cuanto la nueva reforma político-electoral –ese capricho del PAN al que accedió el gobierno priista– termine de ser sancionada por el Constituyente permanente y sea publicada por el Ejecutivo federal.

Una puede ser la voluntad ciudadana y otra, la intención de acreditar las nuevas causales de nulidad electoral. En la reforma electoral aprobada por el Congreso de la Unión quedaron como causales de nulidad de las elecciones federales y locales: el rebase del gasto de campaña, en 5% del monto total autorizado; la contratación de coberturas informativas o tiempos en radio y televisión, fuera de los supuestos previstos en la ley; y la utilización de recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en las campañas.

Para tener por actualizadas las causales de nulidad, apunta la minuta aprobada ayer por la Cámara de Diputados, las conductas señaladas deben ser “graves, dolosas y determinantes” en el resultado electoral. Y por determinante se entenderá: cuando exista una diferencia en la votación obtenida entre el primer y segundo lugar sea menor al 5%…

“Las causales de nulidad que se proponen en el texto de la reforma implican el reconocimiento, por un lado, que existen factores ajenos a la voluntad ciudadana que condicionan el resultado de una elección y, por el otro, que los mecanismos actuales son ineficientes para corregir, en el desarrollo del proceso, dichas irregularidades, como lo son los procedimientos expeditos sancionadores y los ordinarios en materia de fiscalización”, apunta un análisis de la reforma electoral, difundido anoche por los actuales consejeros del Instituto Federal Electoral.

El estudio, de 11 cuartillas, hace observaciones detalladas a la minuta, misma que “contiene múltiples imprecisiones y poca claridad” en lo referente a las atribuciones y competencias del nuevo Instituto Nacional Electoral, que deberá ser integrado apenas entren en vigor los cambios sancionados por diputados y senadores.

Más allá de antagonismos y concurrencias, el documento enlista los enredos que generará la nueva legislación electoral. Entre los más graves están los que motivan las causales de nulidad de las elecciones y también, las nuevas reglas que regirán los procesos de elección de las dirigencias partidistas, que sancionarían las próximas autoridades electorales, a petición de parte.

Otros ejemplos: no es lo mismo obtener el registro, que aplicar la ley para cancelar la existencia de un partido político nacional. Y el incremento del umbral de votación necesario para ambas situaciones –que sube del 2% al 3% de la votación emitida en las elecciones federales– también es motivo de suspicacias.

La fracción primera del artículo 41 constitucional dirá, textualmente: “El partido político nacional que no obtenga, al menos, el tres por ciento de la votación total emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren para la renovación del Poder Ejecutivo o de las Cámaras del Congreso de la Unión, le será cancelado el registro”.

La minuta no especifica los requisitos para el registro de candidatos independientes; tampoco establece un criterio general para otorgarles financiamiento y acceso a las prerrogativas de radio y televisión. Nuevamente, la falta de una redacción precisa moverá a los melindrosos.

EFECTOS SECUNDARIOS

AUSENCIAS. Hasta el 21 de noviembre, Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta llevaba 100% de asistencias a las 95 plenarias de Senado de la República celebradas hasta esa fecha. El coordinador de la fracción del PRD ya no acudió a la sede de la Cámara Alta para la sesión del 28 de noviembre. Lleva tres semanas internado en un nosocomio del Pedregal y todavía está en riesgo.  Voces indiscretas, salidas del área de terapia intensiva del Ángeles del Pedregal, alertaban anoche el agravamiento de su salud y sin tomar parecer a su familia, ofrecían detalles sobre una intervención quirúrgica, que no ha sido confirmada. “Barbosa sufrió hace unos días una descompensación en su salud, la cual está fuera de toda gravedad”, reconoció Dolores Padierna ayer al mediodía, “por indicaciones médicas es necesario que guarde reposo, por ello se ha mantenido ausente de sus actividades legislativas”.  El ex dirigente estudiantil Marlon Berlanga es el suplente del legislador perredista, pero por ahora no será llamado a sustituirlo.

ESPERANZAS. En el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que encabeza el maestro Héctor Felipe Fix-Fierro transcurre una etapa oscura.

Las pugnas por el control de ese think tank están a punto de llegar a niveles difamatorios. El fuego amigo ahora arrasa con la reputación de la doctora Mónica González Contró, investigadora y secretaria académica del IIJ, quien además forma parte de la Comisión Local de Seguridad y se cuenta entre los consejeros de los derechos humanos. Señalamientos sobre su precario estado de salud envuelven la preocupación entre trabajadores de ese instituto, que exigen a Fix-Fierro intervenir en este asunto.  Las tareas académicas en el Instituto de Investigaciones Jurídicas son de tal grado importantes para el sistema legal de nuestro país que no pueden estar sujetas a las disputas de la burocracia.

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por Alberto Aguirre / elarsenal.net / Correo electrónico: aam@mexico.com