Los “Porkys de Costa de Oro” y la justicia penal

De tanto en tanto, el periodismo contribuye más al sensacionalismo de nota roja que al esclarecimiento de hechos polémicos y al recto juicio de los mismos. Es el caso de Los Porkys de Costa de Oro.

Si ustedes revisan la prensa de los días más recientes, se darán cuenta de que los diarios han hecho referencia a los Los Porkys como una “banda delictiva” integrada por juniors veracruzanos que viven en elfraccionamiento Costa de Oro, lugar para gente con un alto nivel socioeconómico.

La especialidad de Los Porkys, se dice en la prensa, son los delitos sexuales (abuso sexual, acoso sexual y violación, básicamente) de adolescentes y jóvenes locales de “buen ver” (“guapas”, “bonitas”, “hermosas”, de acuerdo con los cánones de belleza dominantes, pues).

Su modus operandi, según los medios: identifican, ubican y “levantan” a bellas muchachas paramaltratarlas sexualmente, de todas las formas posibles. Algunas publicaciones, inclusive, han deslizado la idea de que Los Porkys tienen relación con delitos graves cometidos en el puerto de Veracruz y sus alrededores, como el homicidio y la trata de personas con fines de explotación sexual.

Finalmente, todos los medios asocian a los Los Porkys con el clima de inseguridad y desasosiego que vive actualmente Veracruz. La banda, suele decirse, se maneja a la sombra de la impunidad, porque los mozalbetes son hijos de políticos y de empresarios prominentes del Estado de Veracruz ligados al PRI y al gobierno de Javier Duarte.

Pero más allá de las notas amarillistas y sin sustento sólido, que son la mayoría, hay que aclarar que la “banda” salió a la luz por un escándalo que se mediatizó en exceso en días recientes, a raíz de una carta que hizo pública el señor Javier Arturo Fernández Torres, padre de una muchacha de nombre Daphne, a quien supuestamente violaron de forma tumultuaria los jóvenes de nombre: Enrique Capitaine Marín,Jorge Cotaita Cabrales, Diego Cruz Alonso y Gerardo Rodríguez Acosta.

En el momento del supuesto ilícito, los jóvenes ya eran mayores de edad, no así Daphne. Los hechos ocurrieron, aparentemente, en enero de 2015, si bien la querella se interpuso hasta mayo del mismo año, lo que ha pasado a complicar todo el caso.

La susodicha carta fue publicada el pasado lunes 21 de marzo, a manera de reclamo del señor Javier Fernández a las familias de los supuestos violadores. ¿El motivo del reclamo? El “incumplimiento” de un supuesto acuerdo entre los padres de la menor, por un lado, y los padres de los supuestos violadores, por el otro; acuerdo orientado a resarcir el daño causado. En lo esencial, se exigía tres cosas: a) una disculpa videograbada, b) el no-acercamiento de los supuestos jóvenes violadores a la joven supuestamente violada, y c) la asistencia de los jóvenes a terapia psicológica.

El “incumplimiento” motivo que el señor Javier Fernández decidiera ventilar el caso públicamente mediante la misiva referida, exhibiendo además, a través de las redes sociales (YouTube), el video en el que los jóvenes cumplen con la “petición de disculpa”. Aquí está la liga del video:

https://www.youtube.com/watch?v=ngoONbJlJ5s

Las cosas empeoraron cuando, también a través de las redes sociales, se dio a conocer un audio en donde, mediante un árbitro privado, de nombre Ricardo Fernández, los padres de ambas partes al perecer tratan de llegar a “un arreglo de buena fe con condiciones”, bajo el entendido de que el caso fue “una pendejada de chamacos”. Aquí el audio:

https://www.youtube.com/watch?v=YI5a4Qfk5lk&ebc=ANyPxKof41BCZ0sF4oQ8YlI2NSC50E_c4bAKM2VtXvajoQ_AA1Ibm71I1gp6IA3ho7-jGrYmADJQ-wzHTJ3mo7SRV-7F4dQtUg

Y las complicaciones se han incrementado tras la reciente publicación de la entrevista que concedió, al medio veracruzano Al Calor Político, el abogado defensor de los cuatro jóvenes, Edgar Cinta, misma que se puede consultar en la siguiente liga:

https://www.youtube.com/watch?v=XQ297DoGCl0

Con base en estos elementos, que son pocos pero útiles, hay que dejar en claro varias cosas, a objeto de que los lectores cuenten con mejores elementos de juicio con respecto al caso que nos ocupa:

Primero. Muchas publicaciones periodísticas han incurrido en un reprobable sensacionalismo, exagerando los alcances de un supuesto delito de índole sexual. Las peores exageraciones son las relativas a la existencia y al modus operandi de “una banda”, y a los nexos de ésta con el crimen organizado.

Segundo. Hasta la fecha, no existe prueba alguna que demuestre, de modo fehaciente, que la adolescente, de nombre Daphne, haya sido sexualmente ultrajada por los jóvenes indiciados. Y la evidente demora en cuanto a la interposición de la demanda y a la realización de las investigaciones periciales, hace casi imposible demostrar la comisión de la supuesta violación tumultuaria.

Tercero. La “petición de disculpa” que fue videograbada por el padre de la joven supuestamente violada, nada prueba en lo absoluto. Esta grabación ni siquiera puede ser utilizada como “prueba confesional” en un juicio penal, porque nunca quedó en claro de qué se disculpan los jóvenes, además de que no se rinde ante una autoridad competente ni ante la presencia del abogado defensor de los jóvenes. Debemos recordar, en este sentido, que nuestra propia Constitución establece con claridad, en su artículo 20, que los imputados tienen derecho a guardar silencio, a no declarar en su contra y a tener una defensa adecuada durante todo el proceso.

Cuarto. Los cuatro jóvenes imputados, por muy mal que le puedan caer a la opinión pública por su alto nivel socioeconómico y su origen familiar, están protegidos por la presunción de inocencia que estipula el artículo 20 de la Constitución. Deben ser considerados inocentes mientras no se demuestra lo contrario mediante sentencia emitida por el juez de la causa.

Quinto. El padre de la menor supuestamente violada también debe ser investigado por las presumibles omisiones con respecto a la defensa de los derechos de su propia hija, y por las supuestas amenazas de daño en contra de los jóvenes indiciados.

Concluyamos todo esto diciendo que es muy importante que la prensa no se deje llevar por el amarillismo cuando le corresponda abordar esta clase de asuntos, de por sí polémicos, porque el amarillismo alimenta injustificadamente la indignación popular, tan proclive ésta a hacer juicios sumarios, ligeros e incendiarios.

POR CARLOS ARTURO BAÑOS LEMOINE / CIUDADANO CERO / elarsenal.net