Los problemas del “hombre de las maletas con dinero”

La Cámara de Diputados le corregirá la plana al Senado. Va a meterle mano a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública que obliga a los tres niveles de gobierno, organismos autónomos, partidos políticos, sindicatos y empresas que reciban recursos públicos, a cristalizar su utilización.

La Cámara alta, sin embargo, dejó fuera de estas obligaciones a diputados y senadores, lo que provocó irónicos comentarios y protestas de la legisladora del izquierda, Layda Sansores. De nada sirvieron las observaciones de la aguerrida legisladora. La minuta fue enviada a San Lázaro con esa inaceptable excepción.

“Ya empezamos a modificar lo que el Senado no quiso hacer. No tenemos por qué ser la excepción”, admitió uno de los picudos integrantes de la Junta de Coordinación Política en la Cámara baja.

Adelantó, sin embargo, que no va a ser fácil que las modificaciones a la minuta se aprueben antes de que culmine el actual período ordinario de sesiones, el 15 de diciembre próximo.

La fuente precisó que lo que sí podría salir en este periodo son los dictámenes de Disciplina Financiera en los Estados que meten en cintura a los gobernadores en materia de endeudamiento

Ya sabemos que los fondos que otrora servían para sacar moches, eliminados por la SHCP en el Persupuesto para el 2016, fueron incluidos nuevamente por los diputados, pero con reglas distintas. Serán auditados en tiempo real. Son 20 millones por piocha. Multiplíquelos por 500 diputados y se dará cuenta de que estamos hablando de 10 mil millones de pesos.

Sabemos que los diputados del PRI de Durango, Estado de México, Guerrero, Tamaulipas, Yucatán y Zacatecas acordaron sumar esos recursos para hacer una obra mayor en sus respectivas entidades.

Un ejemplo es Yucatán. Los recursos van a ser programados para construir el llamado “libramiento ferroviario”.

En la Jucopo nos aseguran también que Morena dividió la lana. Irá a delegaciones y municipios que gobierna. Son 35 diputados multiplicados por veinte. 700 millones de pesos.

Es menos, sin embargo, de lo que recibirán los diputados mexiquenses del PRI, que son 36.

EL PAN dividió también estos recursos en las entidades que gobierna. El MC resolvió enviarlos a la zona metropolitana de Jalisco; y el Partido Verde Ecologista de México a Chiapas.

¿Y el PRD? “No sé lo que hicieron”, respondió la fuente.

Ya era hora de que al controvertido funcionario del Verde, Arturo Escobar, lo pusieran en la nota roja. Se habían tardado y hasta habían premiado su oscuro manejo de los recursos públicos –pero también su habilidad para las trampas electorales para favorecer a su partido– al colocarlo en la subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación.

Este hombre que se negó a presentar su declaración patrimonial, arquitecto de los cochupos electorales del Verde; el otrora senador al que agarraron con una maleta de Louis Vuitton en Chiapas, con 1,1 millones de pesos, cuyo origen no supo explicar, fue la nota el día de ayer.

Al caer la noche nos enteramos que la PGR, a través de la Fepade, solicitó a un juez girar orden de aprehensión en contra del también ex dirigente del PVEM, por haber celebrado, como representante de ese partido, un contrato con una empresa –cuyo nombre nos se revela—para la chueca elaboración y entrega de 10 mil tarjetas Premia Platinum en el pasado proceso electoral.

Pero no se alborote. Podemos apostar dos a uno a que no pisará la cárcel. ¿O usted duda de que le otorguen un amparo en caso de que le giren la orden de aprehensión? Yo no.

El secretario de Gobernación, Miguel Osorio, pidió que juzgarán a Escobar por sus acciones. Lo recordó en su columna, hace más de un mes, el colega de Milenio, Carlos Puig.

La Fepade ya pidió su captura. Se basó en sus acciones. Más allá del derecho que tiene a defenderse, cabe la pregunta: ¿Triunfará de nuevo la impunidad?

La pelota está en la cancha del Gobierno Federal.

* * *

A Enrique Galindo, comisionado de la PFP, se le acabó su luna de miel. La CNDH emitió una recomendación por violaciones graves a los Derechos Humanos cometidos por la Policía Federal en Apatzingán, Michoacán, el 6 de enero del 2015.

Estos hechos le costaron la vida a seis personas, una de las cuales fue ejecutada extrajudicialmente, según el comunicado que dio a conocer ayer la citada Comisión

El comunicado es apabullante. “Se acreditaron violaciones graves a los derechos humanos, cometidas por elementos de la Policía Federal consistentes en el uso excesivo de la fuerza que derivó en la muerte de cinco personas, y la ejecución extrajudicial de una más”.

Los derechos humanos, la corrupción y la impunidad son las asignaturas pendientes del actual régimen.

FIN.

POR FRANCISCO GARFIAS / ARSENAL, COLUMNAS / elarsenal.net