“Los saldos de la corrupción”

Recientes eventos relevantes –las denuncias por los “moches” exigidos por legisladores, la abrupta cancelación del contrato para la construcción del TAV México-Querétaro y la polémica por la “casa blanca de Las Lomas”– han prefigurado el debate sobre la elección del nuevo fiscal anticorrupción.

Y antes de eso, las historias sobre los fraudes que involucraron a ejecutivos de Banamex y otras instituciones del sistema financiero –como las vivienderas o las Sofoles–, así como los fraudes sufridos por Petróleos Mexicanos y en los que intervinieron directivos e intermediarios de grandes empresas, como Siemens, HP y Oceanografía.

Esas historias están incluidas en un reporte sobre los costos que generan la corrupción, elaborado por la OCDE y cuya divulgación arrancó justo hace una semana, en Paris. En promedio –establece– los sobornos pagados por mega consorcios representan al 10.9% del valor de los contratos y al 34.5% de las ganancias, monto equivalente a 13.8 millones de dólares que “apenas representan la punta del iceberg”, dada la naturaleza opaca de ese tipo de transas.

Los expertos de la OCDE analizaron 427 casos de soborno internacional que involucran a directivos y corporativos, registrados entre febrero de 1999, cuando se firmó la Convención Anticorrupción, y junio de 2014. Casi dos tercios de los casos se produjeron en sólo cuatro sectores: la industriaextractiva (19%); la construcción (15%); el transporte y almacenamiento (15%); y la información y la comunicación (10%).

Los sobornos fueron ofrecidos o entregados a: empleados de las empresas estatales (27%), seguidos por los funcionarios de aduanas (11%), funcionarios de salud (7%) y funcionarios de la defensa (6%). Los jefes de Estado y ministros fueron sobornados en el 5% de los casos, perorecibieron el 11% del total de los sobornos.

En la mayoría de los casos, se pagaron sobornos para obtener contratos públicos (57%), seguidopor la indulgencia en los procedimientos aduaneros (12%) y un trato fiscal preferencial (6%).

“Cada dólar gastado en un soborno es un dólar no gastado en la innovación”, resumió Brackett Denniston, vicepresidente y consejero general de GE en el lanzamiento del reporte, el pasado martes 2.

En el detalle: dos de los casos detectados por la OCDE acumularon el pago de 88.7 millones de dólares y en cada uno, los sobornos representaron más del 50% del valor de las transacciones. Seis casos más sumaron 57.1 millones de dólares y los empresarios estimaron que ese pago representó entre 25 y 50% del valor de la transacción.

En México, están en ciernes los nombramientos de los titulares de la FEPADE y el nuevo fiscal anticorrupción. El líder de la mayoría priista en la Cámara Alta, Emilio Gamboa, afirmó que como ha sucedido en otros nombramientos, hechos por el Senado de la República, tras un análisis serio y responsable serán seleccionados los candidatos mejor calificados.

Justo en la Cámara Alta ayer comenzó la pasarela de los 33 aspirantes a la Fiscalía Anticorrupción, que podría ser vetado por el Ejecutivo federal, en caso de que fracasen las negociaciones entre las fuerzas políticas.

Al mismo tiempo, circulan reportes de organismos internacionales que ayudan a dimensionar el estado de México en las materias de la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la información gubernamental.

Acces Info Europa –ONG basada en España– y el Centro para la Democracia y la Legalidad, de Canadá, generaron un listado global sobre los mecanismos legales que garantizan el ejercicio del derecho a la información

México es uno de los 23 países que obtiene más de 100 puntos, de 150 posibles (Serbia alcanzó la calificación más alta, con 135 puntos), pero dos tercios de los 89 países enlistados se ubicaron en la cota intermedia, entre 60 y 100 puntos.

Acces Info Europa –ONG basada en España– y el Centro para la Democracia y la Legalidad, de Canadá, generaron un listado global sobre los mecanismos legales que garantizan el ejercicio del derecho a la información

México es uno de los 23 países que obtiene más de 100 puntos, de 150 posibles (Serbia alcanzó la calificación más alta, con 135 puntos), pero dos tercios de los 89 países enlistados se ubicaron en la cota intermedia, entre 60 y 100 puntos.

Con la excepción de Finlandia –una puntuación de 105 para un marco jurídico que incluye una ley aprobada en 1951– y de México (cuya legislación data de 2002), el promedio de edad de las leyesentre los primeros 25 países es de cinco años, lo que refleja el avance de esta generación de los derechos humanos en las últimas dos décadas.

Este rating no mide el funcionamiento de estas leyes en la práctica. No obstante, ambos organismos internacionales presumen –a juzgar con lo ocurrido en México, India y Eslovenia–que leyes fuertes pueden dar lugar a una fuerte protección para el derecho del público a saber.

EFECTOS SECUNDARIOS

RECOMENDADOS. La última semana de noviembre, en la cúspide del escándalo por la “casa blanca de Las Lomas”, los presidentes de las cámaras y los colegios que aglutinan a los ingenieros y arquitectos de México recibieron un oficio rubricado por el Francisco Calzeta Ramos, director de programas, licitaciones y fideicomisos de proyectos ferroviarios de la SCT.

“Con el propósito de integrar la investigación de mercado correspondiente”, exhorta, “informe si alguna de sus empresas agremiadas cuentan (sic) con la capacidad, experiencia y especialidad para desarrollar trabajos vinculados con la construcción del Tren de Alta Velocidad México-Querétaro”.

De los recomendados, tendrán que remitir “documentación comprobatoria” de su experiencia en la construcción de túneles ferroviarios, viaductos ferroviarios, movimiento de tierra (terracería), Construcción y colocación de vías férreas y construcción de subsistemas ferroviarios. ¡Órale!

ANEXIONES. No solo en el mundo de las farmacéuticas reclutan a ex funcionarios públicos como ejecutivos de las empresas que concursan por los contratos más rentables, también en el círculo de los integradores de tecnologías de la información recurren a esas maquinaciones.

Allí está el caso de Luis Antonio Morales Sandoval, quien tras de dos décadas en el Sistema de Administración Tributaria (SAT) se integró al Grupo Altavista, de Ricardo Orrantia, donde laboran una docena de ex servidores públicos que ocuparon puestos relevantes en el gobierno federal, casualmente coincidiendo con las dependencias que tienen celebrados contratos con dicha empresa.

— Correo electrónico: aam@mexico.com

POR ALBERTO AGUIRRE /elarsenal.net