“Los tres errores de Murillo”

Confieso el desconcierto que me produjo la “convicción” del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la CIDH, en el sentido de que  los 43 de Ayotzinapa no fueron incinerados en el basurero de Cocula, Guerrero, como establece la  versión oficial.

Ahora tengo más dudas que certidumbre de lo que realmente ocurrió la noche del 26 de septiembre en Iguala.  Vuelve a plantearse la pregunta fundamental en este doloroso rompecabezas: si realmente no fueron incinerados  ¿dónde están?

La ausencia de respuesta, a casi un año de ocurridos los hechos, deja espacio a toda clase de especulaciones sobre el paradero de los chavos. Al cabo que ni nos gusta. Hay quien sostiene que los tiene encerrados el Ejército, por allí leí que los tiraron al mar, y así…

De lo único que sí estoy cierto es que el informe asesta un nuevo revés a la ya de por sí escasa credibilidad de los ciudadanos en el gobierno federal.

• Es políticamente correcto estar de acuerdo con el informe del GIEI. El gobierno federal se allanó a este documento, por el que ya depositó un millón de dólares. No quiso pelearse. Ordenó un nuevo peritaje. El mismísimo presidente Peña dio indicaciones a la Secretaría de Relaciones Exteriores para ampliar el mandato del GIEI.

Eso equivale a la descalificación de la “verdad histórica” que en su momento, dio a conocer el exprocurador General de la República, Jesús Murillo Karam. Ya los padres de los desaparecidos hablan de “mentira histórica”.

Murillo es centro de ataques en las redes sociales. El exgobernador de Hidalgo es un político serio. Se dedicó en cuerpo y alma al caso Iguala. Casi no  dormía, perdió no sé cuántos kilos. Los que saben –y estuvieron– dicen, sin embargo, que el hidalguense cometió tres errores graves: el famoso “ya me cansé”; hablar de “verdad histórica” y entregar la investigación a Tomás Zerón, quien por cierto ya salió a defender la versión oficial.

“No hay que olvidar que Murillo salió a declarar bajo tremendas presiones”, destaca; por separado, al subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, Roberto Campa, le parece “injusto” que se sacrifique al exprocurador.

• En Bucareli sabían de antemano cómo venía el informe. Hubo muchas reuniones previas con el grupo de expertos.  No obstante que contrariaba la versión oficial no hubo intentos de parar las conclusiones o de meter censura. El gobierno dio todas las facilidades para que investigaran. Los cinco expertos lo reconocen.

Le preguntamos a Campa sobre el famoso quinto autobús. Ése de la línea Estrella Roja, en el que podría haber ido droga destinada a EU. La tesis del enfrentamiento entre bandas de narcos rivales. Guerreros Unidos contra los Rojos.

El funcionario nos dijo que el espinoso tema está en el expediente oficial. De ahí lo sacaron los expertos. “Si se mantuvo en reserva, fue para evitar la criminalización de las víctimas”, destaca.

Sobre los señalamientos de que tanto la Policía Federal como el Ejército sabían de la magnitud de los ataques contra los chavos y nada hicieron por defenderlos, el subsecretario de Derechos Humanos nos dijo que la toma de autobuses, aunque ilegal, es común en la zona.

“Hay tolerancia frente a esta práctica”, puntualiza.

Una y otra vez insistió en que con la información que las fuerzas federales tenían esa noche hacía imposible intervenir. “No ocurrió en un camino federal. No tenían competencia. No parecía haber elementos para hacerlo”, asevera.

• El revés del informe de la CIDH: especialistas nacionales consultados por este reportero dicen que no todo el informe del grupo de expertos destaca por su seriedad. “No fueron del todo cuidadosos en la afirmación de que no fueron incinerados”, aseveran.

Nos aseguran que el famoso José Torero, experto peruano, estuvo sólo un día en el basurero de Cocula. Fue de pisa y corre. Eso le bastó para manifestar su convicción de que no los hicieron cenizas, como señala el informe oficial.

El calificado experto –trae credenciales de las Torres Gemelas– no revisó escenarios ni se tomó el tiempo suficiente para ir más allá de la “convicción” de que no era viable  incinerarlos.

Le bastó un día para concluir que una pira de 43 personas en ese escondido basurero requiere 30 mil kilos de madera, 13 toneladas de neumáticos, 60 horas de combustión (la versión oficial habla de 15 a 20 horas), siete metros de llamas y 300 de columnas de humo.

Imposible que nos se viera en el pueblo, aseveran los especialistas.

“El informe del GIEI señala que hubo omisiones en la investigación. Porque no menciona que ni los padres de familia ni los más de 100 sobrevivientes tardaron ocho meses en declarar, porque se rehusaban a hacerlo”.

Sólo ocho normalistas declararon en octubre de 2014, cuando la PGR atrajo el caso.

Dato adicional: la misma fuente asegura que integrantes de las ONG que coadyuvaron en la investigación oficial, admitieron, en corto, que habían reconocido a cinco normalistas desaparecidos, a partir de los videos que contienen las espeluznantes declaraciones de los detenidos por el caso. Pero en público lo negaron.

POR FRANCISCO GARFIAS / elarsenal.net