“Maestros: un millón 250 mil pesos por hora”

Unos defensores de secuestradores de niños tienen agarrado por el cuello a Oaxaca y Guerrero, y si no lo han hecho en el DF, es porque el gobierno capitalino desplegó medió millar de granaderos para impedirles que tomen el Zócalo.

La actual ofensiva de la Sección 22 de la CNTE demanda la abrogación de la Reforma Educativa y de las evaluaciones a los docentes, que a partir de septiembre, se supone, deberán ser examinados para determinar si pueden o no impartir clases.

También, descarrilar las elecciones del domingo en Guerrero y Oaxaca y poner patas arriba al DF para provocar la libertad de los secuestradores de los sobrinos del presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Gerardo Gutiérrez Candiani.

Los plagiarios son Mario Olivera Osorio, de 46 años; Lauro Atilano Grijalva, de 44; Damián Gallardo Martínez, de 43; y Sara Altamirano Ramos, de 44, y otros ocho, quienes tienen plazas de maestros y mantuvieron a los niños 140 días encerrados en una cisterna.

Ayer, echaron a golpes a agentes de la Policía Federal del aeropuerto de Oaxaca y se apoderaron de las salas, impidieron el acceso de los pasajeros y suspendieron los vuelos desde las ocho de las mañana, y  bloquearon los pozos de abastecimiento de gasolina a la ciudad.

En Michoacán y Chiapas tomaron las oficinas  del INE; en Chiapas, una gasolinera; mientras en el Distrito Federal han provocado en 10 mil negocios pérdidas de 90 millones de pesos, a un ritmo de un millón 250 mil pesos por hora a los comercios.

Aunque en el año y nueve meses que llevan los maestros en el DF (a pesar de la contención de la policía local) han provocado la pérdida de dos mil millones de pesos y cinco millones de horas de trabajo-hombre en los comercios del Centro Histórico.

Lo llamativo es que los maestros siguen actuando como vándalos y defensores de secuestradores aun cuando el gobierno se echó atrás y suspendió “indefinidamente” la evaluación, pero lo que hacen es agregar exigencia a su “pliego petitorio”.

Por ejemplo, quieren la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa que fueron asesinados y quemados en Iguala el 26 de septiembre pasado por policías municipales y narcotraficantes a las órdenes del entonces alcalde perredista (hoy preso) José Luis Abarca.

Sería muy lamentable que la evaluación no se realice después de que el propio Presidente advirtiera que “se moverá todo lo que se tenga que mover”, al anunciar la reforma al Artículo Tercero Constitucional que establecería las bases para el Servicio Profesional de Carrera Docente.

Porque mientras no haya evaluación, no habrá en México reglas claras y precisas para quien aspire a ser maestro con base en trabajo… y méritos.

POR RUBÉN CORTÉS / MESA REVUELTA / elarsenal.net