Mentiras burdas

El primer mandatario del país cerró su comparecencia ante los familiares de los normalistas de Ayotzinapa con un viaje fuera del país. Antes lo hizo ante el caso de la Casa Blanca y la fuga del Chapo. Así como una presencia tiene significado, una ausencia también lo tiene.

Pero estos vacíos no son el principal problema de Los Pinos ni de los demás gobiernos del país sino la falta de credibilidad, que deriva en desconfianza. Ya no importa qué declaraciones emitan sobre los temas que más le duelen a México, el pueblo ya no las cree. Por eso, y no por otra razón, es que se tomó como indolente la afirmación de que Peña Nieto y los deudos de Ayotzinapa están “del mismo lado”.

Las promesas hechas ante los familiares de los 43 jóvenes normalistas se llegan desinfladas porque son antecedidas por incontables promesas incumplidas. Una nueva propuesta de Peña Nieto, la de crear una Fiscalía Especial para las Personas Desaparecidas, fue considerada como retroceso. Y es que, como bien sabemos, esas fiscalías se integran apostándole al desgaste y al olvido.

Las autoridades, responsables de encontrar la verdad sobre esos hechos, han llegado al extremo de asegurar que el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-CIDH) no tiene sustento. Es el mismo al que el gobierno dio su respaldo y la anuencia para investigar. Pero cuando el informativo The Guardian divulgó que el verdadero objetivo del ataque en Iguala no eran los normalistas sino el autobús en el que viajaban –afirmación fundada en que los investigadores tenían evidencia reunida de que la policía atacó a los estudiantes por cuidar un cargamento de droga–, las autoridades recurrieron a la descalificación de los expertos internacionales.

Los padres de los normalistas desaparecidos avisaron, al término de su reunión del jueves con Peña Nieto, que no se darán por vencidos. “Seremos su piedra en el zapato”, dijeron. A estas alturas, si alguna voz oficial aceptara la responsabilidad de funcionarios públicos en estos hechos, provocaría un empoderamiento del pueblo, su triunfo. Eso es lo que pedía Adrián Ramírez, director de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos: que a Peña Nieto “nada le quitaba” aceptar que las investigaciones de su gobierno no han producido una versión verosímil de los hechos. Pero eso les da pavor.

Ese es el peor enemigo que tiene el gobierno de México: su carencia de credibilidad. La han dilapidado como si fuera infinita, pero cada nuevo abuso de poder abona al descontento del pueblo, y aunque sus reclamos no consiguen un cambio inmediato, las afrentas se van sumando. Algunas se olvidarán, pasarán a ser temas del recuerdo en pláticas futuras, pero otras perdurarán.

No hay uno solo de los casos que más le duelen al país, reconocidos incluso a nivel internacional, que haya sido satisfactoriamente esclarecido. Los enemigos del régimen –jamás sus cuates– son los que siempre terminan en el exilio o las cárceles. Los señalamientos que se hacen aquí o en el extranjero son rápida, hábilmente etiquetados de falsos y luego publicados obsesivamente en los medios para manipular la opinión pública, técnica usada también para borrarles culpas a sus allegados.

¿Cómo creer, por ejemplo, los resultados oficiales de las votaciones, algo de tanta importancia para la vida del país? ¿Cómo creer que en México hay democracia? ¿Y los índices económicos, o los de pobreza,…? Vaya: hasta las cifras oficiales sobre la inflación, analfabetismo, obesidad, todas son mentiras burdas.

POR ALFONSO LÓPEZ-COLLADA / COLUMNAS, EN NIVEL BANQUETA / elarsenal.net