Opinión

Moreira y los hoyos de la justicia

Published

10 años ago

29 enero, 2016

Como pólvora encendida corrió la noticia de que Humberto Moreira había sido detenido en el aeropuerto de Barajas (Madrid), el pasado 15 de enero. ¿Los cargos imputados? Lavado de dinero (blanqueo), malversación de fondos, cohecho y organización criminal.

De inmediato, la vox populi mexicana expresó su beneplácito por la detención del ex líder el PRI, mientras buena parte de la prensa nacional se hizo eco de la animadversión colectiva hacia el siniestro personaje. Como corresponde a estos casos, se explotó al máximo la ira popular, y los encabezados apuntaron a que en España sí se aplicaría la justicia que en México se negaba.

Los hoyos de la justicia en México

Ya saben. Las negras pasiones son fácilmente canalizadas cuando se trata de personajes con mala fama pública; fama que, en el caso de Moreira, fue ganada a pulso y con creces. Fue Humberto Moreira, quien, como Gobernador de Coahuila (2005-2011) incremento de forma desmedida la deuda pública del Estado, hasta dejarla en alrededor de los 34 mil millones de pesos, después de haberla recibido en el orden de los196 millones de pesos.

Actualmente, y por “gracia” de Moreira, cada coahuilense debe poco menos de 12 mil pesos. Esto significa que Coahuila tiene la “deuda por habitante” más alta del país, y que es el cuarto Estado con mayor endeudamiento en términos absolutos.

Además, parte de esa deuda (aproximadamente 5 mil millones de pesos) fue obtenida utilizandodocumentación falsa. Y se tiene la sospecha fundada de que buena parte de los recursos así obtenidos fue canalizada, con fines político-electorales, hacia obras y servicios. Por ello, Humberto Moreira logró colocar a su propio hermano como su sucesor: Rubén Moreira Valdez (2011-2017).

Esta situación de abusivo incremento de la deuda, y de ilegalidad en cuanto a su proceso de contratación, ocasionó que las calificadoras Fitch y Standard & Poor’s degradaran la calificación crediticia del Estado de Coahuila: de una calificación de “A+” pasó a una de “BBB-”.

El peso de la deuda dejada por Humberto Moreira causó que, pasadas las elecciones y asegurado el triunfo del PRI, el gobierno estatal aplicara una política de recortes de recursos públicos, incluso a los programas sociales. De inmediato se vieron afectados el Programa de Comedores de la Gente Mayor, que ofrecía alimentos a personas de la tercera edad, y el Programa de la Tarjeta del Hogar, que entregaba 200 pesos mensuales a población en condición de pobreza.

Además, desde 2012, los coahuilenses han tenido que pagar más por sus trámites sobre bienes y servicios (impuestos, derechos, tarifas, aprovechamientos, multas, recargos, etc.), ya que el Congreso del Estado, de mayoría priista, ha sometido a la alza cada nueva Ley de Ingresos.

El enojo de la gente fue mayor cuando, en noviembre de 2012, la Procuraduría General de la República (PGR) decidió no ejercer acción penal en contra de Moreira por el delito de “enriquecimiento ilícito”: simplemente, no hubo elementos. En abono a su inocencia, el ex Gobernador pudo exhibir una grabación en donde ex colaboradores suyos reconocen la tramitación irregular, en marzo del 2011, de dos créditos con instituciones bancarias privadas, por la cantidad conjunta de 2 mil millones de pesos. Dicho video, grabado el 23 de octubre de 2011 por el propio Moreira, se puede consultar aquí:

https://www.youtube.com/watch?v=WSMJlcXkmL0

El grueso de la opinión pública consideró que dicho video había sido fabricado a propósito, justo para “exonerar” a Moreira. Gracias a dicho video, el ex dirigente priista logró endosarle el problema a Sergio Ricardo Fuentes, ex Administrador General de Políticas Públicas del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Coahuila. “Fui engañado”, soltó a los cuatro vientos Humberto Moreira. Casi nadie le creyó, pero el video le resultó procesalmente útil.

Los hoyos de la justicia en EEUU

Pero ni así se acabaron sus pesadillas, ya que la Corte del Estado de Texas comenzó a investigar al político coahuilense. Se sospechaba el involucramiento de Humberto Moreira en operaciones de lavado de dinero y en acciones fraudulentas a través de un socio prestanombres: Rolando González Treviño. Al parecer, este supuesto prestanombres se declaró culpable ante las autoridades norteamericanas e implicó al ex Gobernador.

Y, para enredar todavía más el asunto, el también empresario radiofónico coahuilense, Rolando González Treviño, tras pasar nueve meses en prisión quedó en libertad apenas el pasado 26 de junio de 2015, tras depositar una fianza en efectivo (500 mil dólares) y otra en especie (23 acres que tiene en propiedad en San Antonio North Side, con valor estimado en un millón de dólares). Seguirá su proceso en libertad.

A partir de los datos que arrojó la investigación texana en contra González Treviño, tanto la PGR como la Procuraduría del Estado de Coahuila abrieron de nuevo los expedientes, pero ahora más cargados hacia el empresario de medios que hacia Humberto Moreira. Se habla de que González Treviño introdujo e invirtió en Texas un millón 846 mil dólares (alrededor de 27 millones de pesos), supuestamente obtenidos de las arcas públicas coahuilenses. Pero hasta la fecha, el empresario no ha aportado pruebas fehacientes de la responsabilidad penal de Moreira. Esta investigación sigue en curso.

Los hoyos de la justicia en España

Y luego llega el caso español, no menos endeble que el mexicano y el texano, pues resulta que, después del escándalo inicial, las aguas han bajado su nivel.

A petición de la Audiencia Nacional de España, tribunal con sede en la Villa de Madrid y que tiene jurisdicción en todo el territorio español, el Juez Santiago Pedraz libró la orden de detención contra Humberto Moreira. En materia penal, la Audiencia Nacional persigue delitos contra la Corona, de crimen organizado, narcotráfico, blanqueo y falsificación de moneda, entre otros.

Como se dijo, Moreira fue acusado por lavado de dinero (blanqueo), malversación de fondos, cohecho y organización criminal. ¿El punto que detonó esto? La supuesta procedencia ilícita de varios miles de dólares que Moreira tiene en España.

Las autoridades hispanas creen que las transferencias a bancos de allá por alrededor de 200 mil euros, algo así como 215 mil dólares ó 3.9 millones de pesos, proceden de actividades ilícitas, como el narcotráfico. La hipótesis es que Moreira empleó dos sociedades españolas para blanquear ese dinero, a saber: Unipolares y Espectaculares del Norte, la primera, y Negocios, Asesoría y Publicidad, la segunda. Ambas dedicadas a la publicidad.

De inmediato, la defensa de Moreira procedió a aportar elementos para tratar de demostrar que todas las actividades y ganancias de su cliente son lícitas, y que dichas sociedades son propiedad del político priista y cumplen a cabalidad con las leyes españolas.

La defensa de Moreira, encabezada por el abogado Manuel Ollé, también presentó, ante el juzgado de la causa, el resultado exculpatorio de todas las investigaciones penales realizadas en México contra Humberto Moreira.

Por ello, el viernes 22 de enero, el Juez Santiago Pedraz, de la Audiencia Nacional de España, acordó dejar en libertad provisional a Humberto Moreira, obligándolo a entregar su pasaporte y a no salir del país. Importante: no le exigió fianza alguna. ¿Entonces no son graves los delitos que se le imputan? En México, por los delitos no graves se debe pagar fianza para seguir el proceso en libertad.

Vale la pena señalar que Santiago Pedraz fue el mismo juez que libró la orden de detención contra Humberto Moreira, por considerar que había elementos para ello. Después, ese mismo juez dispuso la libertad provisional de Moreira. No sólo en México, pues, pasan estas cosas.

Además, la decisión procesal de Santiago Pedraz revirtió lo dispuesto previamente por José de la Mata, quien, como Juez de Guardia, había enviado a prisión preventiva al político coahuilense “a petición fundada” de los fiscales anticorrupción Juan José Rosa y José Grinda. Como vemos claramente, también en España existen hoyos, contradicciones y disparidades de criterio con respecto las actuaciones de procuración y administración de justicia.

Conclusión

Tras constatar los traspiés que la justicia española ha comenzado a dar en relación con la causa penal que se le sigue a Humberto Moreira, dirigente del PRI por menos de un año (en el 2011), tengo la impresión de que Moreira saldrá bien librado de este nuevo proceso penal. Me da la impresión de la que justicia española terminará exonerando al político coahuilense. Por tanto, la justicia hispana acabará decepcionando a los miles de mexicanos que aún esperan ver a Moreira tras las rejas. Pero creo que esto no pasará.

Para quienes creyeron que en España sí se haría justicia, habrá de recordarles que este país tiene, al igual que el nuestro, un gran déficit en materia de procuración y administración de justicia. Sólo como casos significativos, cabe mencionar:

Caso Zamora (1997), sobre la presunta financiación ilegal del Partido Popular en Zamora, mediante actos de corrupción.
Caso Pallerols (1997), sobre la presunta operación de financiación irregular en beneficio de Unió Democràtica a través del desvío de las subvenciones.
Caso Villalonga (1997-98), sobre el presunto tráfico de influencias del presidente de Telefónica, Juan Villalonga.
Caso Sanlúcar (1999), sobre los supuestos sobornos de miembros del PSOE y empresarios locales a un concejal del Partido Popular.
Caso Urdangarín (2010), sobre el probable desvío de fondos públicos a las empresas de Iñaki Urdangarín, esposo de la Infanta Cristina, hija del Rey Juan Carlos.
Caso Mercasevilla (2011), sobre prejubilaciones aparentemente fraudulentas.
Caso Bárcenas (2013), sobre los presuntos sobornos que José Luis Bárcenas, político cercano aMariano Rajoy, distribuía entre funcionarios públicos, previa obtención de “cuotas” por parte de empresas constructoras y de seguridad.