Negociadores, S.A.

Menos de 24 horas y 70 kilómetros es la distancia que separó a estos casos. La noticia del secuestro de los siete triatletas en el Ajusco corrió a grandes velocidades en las redes sociales y dejó prácticamente sin atención mediática o de las autoridades al rapto de un empresario a las afueras de Cuernavaca, Morelos.

Ambas crisis, sin embargo, tuvieron similar tratamiento policiaco, después de que las familias de las víctimas acudieran a las autoridades. Las negociaciones fueron asistidas por expertos, quienes exigieron pruebas de vida y acordaron el pago de montos modestos (en relación con las cantidades originalmente exigidas) para la liberación.

Los secuestrados fueron interceptados por escuadrones de gente armada y después de transitar por caminos del Estado de México y Morelos –para despistar a posibles investigadores– quedaron retenidos en sendas casas de seguridad. En el caso de los deportistas de alto rendimiento –entre ellos los olímpicos Fabiola Corona y Carlos Probet, entrenador de la Conade– el comisionado Nacional Antisecuestros, Renato Sales Heredia, instruyó al comisario de la Policía Federal, Francisco Galindo Ceballos, para que un oficial de élite, entrenado en Estados Unidos, negociara directamente.

Los pagadores siguieron las instrucciones de los secuestradores. En el caso de atletas, ya no hubo intervención policiaca. Las Fuerzas Federales atendieron las instrucciones superiores de no exponer a los atletas y regresarlos a sus familias lo más pronto posible.

En el otro suceso, los maleantes fueron sometidos después de recoger el dinero y después de un eficaz interrogatorio, un comando especial entró en acción. Tras de una persecución y dos refriegas sin heridos en una delegación aledaña a territorio mexiquense, la víctima fue liberada y sus captores ya están en prisión.

Visibles, los dos paradigmas vigentes en materia de combate al secuestro en México. ¿La prioridad debe ser la integridad física de las víctimas o el castigo a las bandas criminales? A lo largo de una década –desde la persecución de Daniel Arizmendi “El Mochaorejas” hasta la instauración de la Agencia Federal de Seguridad–, dentro de las instituciones federales se han incubado cuerpos de élite y negociadores cuya fama ha trascendido el ámbito policiaco.

Esas historias tienen como protagonistas a expertos nacionales e internacionales: Ernesto Mendieta, Federico Ponce Rojas y Jorge Septién, entre los primeros, y el comandante Simón o René Castillo Charry, entre los segundos

“Hay una industria de la negociación que alimenta a las bandas criminales, sin duda, pero de la que también se benefician muchos especialistas en manejo de crisis, secuestros y extorsiones dentro de las instancias gubernamentales”, resumió un alto mando policiaco que conoció de ambos sucesos.

¿Crisis de inseguridad o crisis de gobernabilidad? La captura de las corporaciones policiacas, por parte del crimen organizado, ocasionaría un funesto daño colateral: el colapso de la

estrategia nacional antisecuestro. En el primer cuatrimestre del 2014 se reportaron 683 personas secuestradas, de las cuales 147 se ubicaron en Tamaulipas, 87 en Michoacán, 67 en Veracruz y 59 en el Estado de México.

“Además de presentar una tendencia al alza, el secuestro del fuero común se ha expandido geográficamente a más municipios del país”, concluyó el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad recientemente. Alto al Secuestro también utilizó la estadística oficial para corroborar el informe del ONC: entre enero y junio del 2014 hubo 1,766 plagios contra 1, 130 en 2013; “los secuestros van a la alza y no distinguen ya posición económica”, resumió Isabel Miranda de Wallace.

La “transformación” promovida por la administración peñista se ha visto empañada por la terrible realidad de la inseguridad, problema crónico de la incipiente democracia mexicana, cuya clase política se ha visto capturada por las bandas criminales que recibieron el control de las corporaciones policiacas, en pago por el dinero que invirtieron en las campañas del 2012.

En el calderonismo, con la complicidad de los gobernadores, los capos se mudaron a municipios de Morelos, Puebla y el Estado de México, y convirtieron a esas entidades en “corredores para delinquir.

“Es absurdo no pensarlo o no admitirlo”, aceptó el mandatario perredista Graco Ramírez, el miércoles pasado, durante la Cumbre de Negocios de Querétaro, “tenemos cinco entidades del país en medio de una profunda crisis de gobernabilidad y ya no es posible recurrir al Ejército o la Marina”.

Antes, el sector empresarial había planeado reeditar el Pacto por México, ahora enfocado a hacer un frente común contra la delincuencia. Ramírez Garrido-Abreu y su homólogo priista Aristóteles Sandoval, de Jalisco –uno de los gobernadores más cercanos a Los Pinos– coincidieron en la necesidad de implantar los cambios legales que permitan un “nuevo modelo de policía”, con mando unificado y trabajo coordinado. Antes de esta propuesta, estuvo el programa “Escudo Centro” de Miguel Ángel Mancera que simplemente quedó congelado.

EFECTOS SECUNDARIOS

TENDENCIAS. Después de un periodo de crisis y baja inversión, el sector de la vivienda registra un crecimiento sostenido. En lo que va del 2014, más de 295,000 millones de pesos en créditos han sido liberados para la adquisición de casas y la construcción de nuevas unidades habitables generó la afiliación de 128,000 empleados al IMSS, respecto al mismo lapso de 2013. Al cierre del último trimestre del año se habrán creado 450,000 casas habitación, confió Alejandro Murat, titular del Infonavit.

Por Alberto Aguirre M. / COLUMNAS, SIGNOS VITALES / elarsenal.net