Niñez migrante

En dos semanas, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, estará nuevamente en las márgenes del Río Bravo para revisar la respuesta institucional a la crisis humanitaria de los niños migrantes no acompañados.

Dominado por la desinformación y la xenofobia, el debate en la Unión Americana ha alcanzado niveles inconmensurables, desde que el speaker de la minoría republicana en la Cámara de Representantes se pronunció por llamar a la Guardia Nacional para afrontar el problema y el gobernador de Texas, Rick Perry los desplegó en la línea fronteriza.

La legislación vigente en Estados Unidos estipula que todo menor sin papeles que se interne dentro del territorio estadounidense sin acompañantes debe ser albergado en tanto se determina si es deportado a su país de origen; se le entrega a familiares en el país como custodia parcial; o se le concede estatus de refugiado (un estatus a la cual hasta probablemente 60 por ciento de los niños podrían tener derecho).

¿Y las autoridades mexicanas? De costa a costa, los dramas de los niños migrantes no acompañados que tratan de cruzar a Estados Unidos se reproducen exponencialmente. Las autoridades migratorias mexicanas tienen detectado a un joven oaxaqueño que ha cruzado el Río Bravo ¡34 veces! Todas las ocasiones ha sido detectado por la Patrulla Fronteriza y deportado sin otra sanción más que la vergüenza de pasar por los centros de detención, de uno y otro lado de la frontera.

¿Niño pollero o un muchacho que trata desesperadamente de reunirse con sus padres? La ficción que han retratado películas como “La misma luna” o “La jaula de oro” es superada por la realidad de forma brutal, implacable.

En la atención del problema, las autoridades mexicanas ya han pasado de los dichos a los hechos. El canciller, José Antonio Meade presentará en breve un programa piloto, confeccionado en la subsecretaria de Paloma Villaseñor, para atender a los muchachos que se han quedados atorados de este lado y que ahora no tienen posibilidades de cumplir sus sueños.

Y mientras, en el Congreso de la Unión, los esfuerzos por construir una nueva legislación que se adecue a estos funestos tiempos simplemente no prosperan. En la Cámara de Diputados, la perredista Amalia García Medina tiene la voluntad política, pero carece del respaldo de las ONG y las instituciones internacionales que también buscan atender esta crisis humanitaria.

En el Senado de la República, la situación empeora, por las disputas partidistas. La senadora panista Mariana Gómez del Campo ha tratado, en las últimas dos semanas, de impulsar la creación de una comisión especial que atienda el problema de la niñez migrante no acompañada, tratando de retomar las iniciativas de la administración calderonista y el expertise de su prima, la ex primera dama, Margarita Zavala…

Buena idea que, lamentablemente, ignoró los trabajos que en los meses recientes ha realizado la presidenta de la Comisión de Atención a los Migrantes, la petista Ana Gabriela Guevara, y otros esfuerzos legislativos (materializados hasta ahora en una docena de foros de consulta).

El nacimiento de esta nueva instancia está en suspenso no obstante que la senadora panista cuenta con el respaldo del ala corderista. Lo más probable es que cuando el presidente Obama acuda a la frontera sur, no esté resuelto ese entuerto.

EFECTOS SECUNDARIOS

¿MALA SUERTE? En el “patio central” del Hipódromo de las Américas quedó instalada una mega carpa, que cubrió 7,000 metros cuadrados para una zona focalizada a los nuevos MiPymes”, además de los 11 “ecosistemas temáticos” localizados en los 34,000 metros cuadrados dentro del Centro Banamex.

Las torrenciales lluvias de los últimos días dieron al traste con la zona al aire libre de la Semana Nacional del Emprendedor, que se convirtió en un muladar. Se estima que acudirán a la convocatoria de la Secretaría de Economía y el INE, que encabeza Enrique Jacob Rocha, respondiera 75,000 emprendedores estudiantes, inversionistas y público en general. ¿Cuántos habrán quedado insatisfechos por estos incidentes?

POLÉMICAS. En ambos extremos de la República mexicana, afloran escándalos que involucran a personal de las Aduanas de México.

En el corredor Tijuana-San Luis Río Colorado, los “identificadores” para la importación de vehículos y otras mercancías han sido monopolizados por Roberto Ruiz Armas, lo cual ha generado mucha inconformidad entre el resto de los agentes aduanales, quienes se quejan de que Marco Flavio Rigada y Diana Rojas, de la administración de Mexicali, solo dicen obedecer las instrucciones de su jefe, Alejandro Chacón.

Y desde la “frontera chica” comienza a llegar información sobre el desempeño de William David Knight, quien busca llegar a la aduana de Nuevo Laredo tras haber trabajado, en el sexenio pasado, en la delegación de SCT en Tamaulipas.

El destino de 85 expedientes relativos a trámites como expedición de permiso, alta vehicular y emplacamiento de unidades registradas en el Sistema Institucional de Autotransporte Federal, que estaban bajo su resguardo, es un misterio y se ha convertido en el detonante de una investigación, que se extendería hasta su patrimonio, pues se descubrió que en su declaración patrimonial omitió reportar la propiedad de 12 bienes inmuebles en Texas.

En la administración general de aduanas, que depende de Aristóteles Núñez, titular del SAT, existe molestia por los escándalos generados por estos servidores públicos.

AUXILIO. En vigor, las leyes reglamentarias en materia energética son la materialización de agenda reformista del sexenio peñista y también son el punto de arranque de nuevo capítulo: el de las protestas sociales.

Las organizaciones campesinas afines al PRD trabajan en la demanda que interpondrán ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por la inconstitucionalidad de las leyes secundarias de reforma energética, pues consideran que violenta el derecho a la propiedad.

 El movimiento está encabezado por la Coordinadora Plan de Ayala y la Unidad Democrática Nacional, cuyos líderes quieren unificar al sector agrícola, convocar a una “resistencia civil pacífica” e incentivar la tramitación de amparos. A partir de la promulgación de las nuevas leyes, dispondrán de 30 días para presentar sus demandas.

El machote de los amparos que ya circulan entre comisarios ejidales y representantes de bienes comunales en Coahuila, Chihuahua, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas, objetan la aplicación de la Ley de la Industria Eléctrica y de la Ley de Energía Geotérmica, aprobada por el Congreso de la Unión y promulgada por el Ejecutivo federal.

Los derechos y las garantías de los habitantes de los núcleos agrarios quedarían vulnerados, por lo que solicitan

la protección de la justicia federal.

 Por Alberto Aguirre / La Columna / elarsenal.net