Nomenklatura Mexicana en Jaque; Pierde Capacidad Para Gobernar

Los errores, uno tras otro, así como los vicios y costumbre de legisladores, partidos y líderes sindicales crearon una casta de políticos mexicanos alejada de una sociedad más culta y con aspiraciones de una democracia moderna, que efectivamente se traduzca mejor calidad de vida para la población. Hoy, en cambio, la “nomenklatura” mexicana (o casta de funcionarios y políticos del régimen) no solo está bajo sospecha, sino que ha perdido capacidad para gobernar.

¿Cómo confiar en gobiernos que en sus entrañas operan burócratas, políticos y legisladores, de todos los partidos, involucrados en actos de corrupción?

¿Cómo creer en sus promesas de que ahora sí habrá estado de derecho, transparencia y combate sin tregua a la corrupción, cuando son ellos los que cometen esos delitos, por ejemplo, piden “el moche” para manipular miles de millones de pesos de presupuestos destinados a estados y municipios y enriquecerse a expensas del erario?

¿Cómo encargarles el respeto a la ley y la vida de las personas cuando las mafias del narcotráfico los tienen en su nómina?

¿Cómo confiar en legisladores que, año con año, se incrementan sueldos y presupuestos, ante un procesos de deterioro social donde cada vez más mexicanos –incluidos los que le apostaron a la educación como alternativa para mejorar sus niveles de vida– engrosan las filas del desempleo y la pobreza?

Hay una frase y creencia popular que reza así: en México existen empresarios ricos con empresas miserables. Esa voz popular la podemos adaptar a realidad del país: tenemos políticos millonarios con una sociedad cada vez más empobrecida.

Los datos duros son elocuentes. En el segundo trimestre de 2014 los mexicanos –según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)– las personas desocupadas que tienen nivel de estudios medio superior y superior llegó a un millón 26 mil, esto significa: 40.4 por ciento de los desempleados.

En el campo económico también existe el divorcio y alejamiento de la sociedad civil educada respecto al gobierno y la “nomenklatura” mexicana, que representa a la economía formal: de abril a junio de este año, cinco millones 547 mil personas con educación media superior y superior estuvieron empleados en la informalidad, cifra que representó 19.4 por ciento del total de los informales.

Durante décadas la “nomenklatura” mexicana fue gestando su alejamiento de la sociedad civil. Una “nomenklatura” que fue penetrada e intoxicada por el enorme poder económico del narcotráfico, empujando a político y funcionarios públicos a suponer que podían hacer cualquier cosa bajo el amparo de la corrupción e impunidad.

Aún hoy ante una sociedad civil que ha salido a la calle a expresas su descontento y exigir justicia, la “nomenklatura” mexicana, sin importar su afiliación partidista ni color ideológico, no entiende que está en Jaque. Así lo muestra el zafarrancho que sucedió en la Cámara de Diputados, donde legisladores quieren lavarse en salud y mostrar una cara libre de cultas. Mientras que perredistas pedían la renuncia de Enrique Peña Nieto, los defensores del Presidente mostraban una fotografía en la que aparecía Andrés Manuel López Obrador con el ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca y su esposa, y gritaban: “¡asesinos!, ¡asesinos!..”

No comprenden que ante la sociedad ellos son responsables y cómplices de la corrupción, la impunidad y de los enormes huecos del Estado de Derecho.

El Ejecutivo tampoco entiende que la aclaración de la casa de su esposa ni su declaración patrimonial es suficiente para recuperar credibilidad y empezar cerrar la brecha que separa al gobierno y la “nomenklatura” de la sociedad civil.

Hoy la clase política mexicana está bajo sospecha. Ni López Obrador se salva: el líder de izquierda ha desgastado su fuerza política porque nunca asume la responsabilidad de sus actos de autoritarismo, como tampoco de corruptelas e impunidad cometidos por sus colaboradores más cercanos. El terrible caso de Ayotzinapa también lo alcanza a él.

En el terreno económico, el gobierno equivocó el camino y le cerró la posibilidad de actuar a la sociedad civil. Resulta paradójico que la izquierda y la mayoría analistas y conductores de los medios de comunicación acusan al gobierno de Peña Nieto de aplicar una política económica neoliberal. Es cierto, la reforma energética abre espacios para que empresas privadas operen en el sector petrolero, pero el hidrocarburo sigue siendo propiedad del Estado para financiar los gastos de la “nomenklatura” mexicana.

También las acusaciones de neoliberalismo chocan con una reforma hacendaria cuyo perfil prioritario es recaudatorio. Su propósito: obtener mayores recursos de la sociedad para alimentar gastos e inversiones del gobierno. Hoy México cuenta con presupuestos históricamente altos para financiar a un sistema político –partidos, legisladores, líderes sindicales…– cada vez más costo e ineficiente para promover el crecimiento económico del país e imponer justicia y un pleno estado de derecho.

Precisamente cuando la crisis global que afecta a regiones importantes de la economía internacional (la zona Euro vive en una recesión permanente) y el hundimiento financiero de las principales economías de América Latina, han liberado capitales que buscan nuevas regiones y países dónde invertir; más aún, cuando en la sociedad mexicana hay muestras de que existen sectores industriales, económicos y unidades empresariales competitivas así como una población de consumidores con capacidad para transformar al mercado interno en motor de desarrollo, el equipo de EPN implantó un sistema impositivo que lejos de aprovechar tales condiciones, le quita recursos –vía impuestos—y elimina esa opción.

En todo esto hay una paradoja. Las condiciones de descontento social le dan la oportunidad y quizás el consentimiento para que Enrique Peña Nieto coloque como su prioridad: hacer cambios en su gabinete para llevar a cabo un combate –con resultados efectivos e inmediatos– a la corrupción e impunidad, y empezar a sentar las bases para implantar el imperio de la ley y un verdadero Estado de Derecho.

En materia económica, el Presidente tiene la oportunidad de realizar ajustes para que las reformas liberen las fuerzas productivas de la sociedad civil y la conviertan en un agente activo del crecimiento y la generación de empresas y de empleo.

El 20 de noviembre los mexicanos, la sociedad civil, salieron a las calles para pedir justicia, ataque la corrupción y la impunidad, pero también mostraron su franco rechazó la violencia como opción para conseguir esos objetivos.

POR AGUSTÍN RODRÍGUEZ TREJO / elarsenal.net