Oceanografía, ¿a la quiebra?

En los tribunales de Estados Unidos se escribirá el capítulo final de la triste historia de Oceanografía. En una corte del distrito judicial de Nueva York se resuelve la demanda 353765. CVI GVF (Lux) Master, como agente colateral, exigían el pago del capital y los intereses generados por el bono senior, por 335 millones de dólares, colocado por Morgan Stanley & Co, en una operación en la que también intervinieron Citibank y Dexia Banque Internationale, de Luxemburgo.

Agotado el plazo para liquidar el bono, el pasado 13 de febrero, Oceanografía todavía trataba de conseguir una prórroga de 60 días para renegociar con sus acreedores, a los que había emplazado a una tregua de 21 meses, a partir de los contratos que tenía suscritos con Petróleos Mexicanos.

Dos días antes, con las líneas de crédito congeladas y una ordenanza de la Secretaría de la Función Pública –que ordenaba abstenerse de celebrar contratos con la naviera carmelita  todas las dependencias de la administración pública, la firma de Amado Yáñez Osuna se había quedado sin efectivo y, en el peor escenario, se vería forzada a vender sus activos.

A principios del 2014, los representantes legales de Oceanografía habían acudido a la justicia federal para solicitar medidas cautelares ante lo que entonces llamaron “la eventual aplicación exorbitante de la Ley”, por parte del Órgano Interno del Control de Pemex Exploración y Producción.

Desde entonces pasaron seis meses, Yañez Osuna fue sometido a proceso penal y los 149 acreedores ahora exigen a las autoridades hacendarias –que intervinieron la empresa– el pago de las deudas acumuladas en los últimos cinco años.

La crisis económica del 2008 agarró mal parado a Oceanografía, que se quedó “sin liquidez y sin equipo” para ofrecer sus servicios a Pemex. Los hermanos Yáñez Osuna y Alberto Duarte –quien junto con el patriarca de la familia fundó la naviera, hace 47 años– decidieron reclutar al financiero Martín Díaz Álvarez, quien comandó la reestructura interna de la compañía bajo una premisa: ninguno de los 11,000 empleados debía ser despedido.

Apalancados por los contratos que habían firmado con Pemex PEP, acudieron a los mercados financieros internacionales para buscar financiamiento. Eran mediados del 2010. Oceanografía había erogado 160 millones de dólares para comprar el buque Caballo Marango, equipado con un sistema de grúas con capacidad de carga de 1,100 toneladas, y 400 millones más, para ampliar su infraestructura y construir un astillero.

Sus directivos estaban por implementar un plan de inversiones que le llevaría a gastar más de 1,000 millones de dólares para crecer su flota de 84 buques, con los que cerró el año 2013, a 100 embarcaciones, en el 2017. Esa flota, sin embargo, no era completamente de su propiedad, sino que un bloque estaba arrendado, por intermediación de Servicios Marítimos GOSH.

En el 2012, Oceanografía afrontó simultáneamente la reestructura de dos créditos otorgados por Rabbobank para la adquisición de siete embarcaciones y la emisión de deuda para adquirir el OSA Goliath, el barco más moderno que ha estado al servicio de Pemex en toda su historia.

Ayer, el procedimiento de concurso mercantil fue decretado por el juez Felipe Consuelo Rodríguez. A partir de la decisión del juzgador, la nueva administración de la naviera carmelita podrá afrontar los compromisos financieros que entraron en suspensión de pago.

Además de saldar los créditos con Banamex y pagar los bonos colocados en el mercado de Nueva York, ajustarán cuentas con el fondo Blackstone y la Inmobiliaria JRB, propiedad de Javier Rodríguez Borgio, quien junto con Martín Díaz Álvarez también debe responder por la quiebra de Oceanografía; el desfalco a los dueños originales de Libertad, Servicios Financieros, y la crisis económica que frenó el desarrollo del club Gallos Blancos, de la Liga MX del futbol mexicano.

EFECTOS SECUNDARIOS

CANDADOS. En vísperas de las convocatorias para el suministro de placas metálicas y calcomanías de identificación vehicular en Chihuahua y Jalisco, las autoridades locales alistan candados y revisiones más estrictas en la aplicación de la NOM-001-SCT-2-2000, así como las pruebas de calidad del Centro de Investigación e Innovación Tecnológica del Politécnico Nacional.

Y es que hay experiencias previas con efectos perniciosos, como en Guerrero, donde el gobierno de Ángel Aguirre Rivero asignó el contrato por la vía de una Invitación Fundada en Antecedentes y Méritos, a Talleres Unidos Mexicanos, de Manuel Martínez Saldaña, empresa que además de presumir su longevidad (fundada hace 90 años, es el fabricante de placas más añejo en el país) asegura contar con la tecnología más avanzada para la impresión digital y el troquelado automático.

Ese contrato comprendía la fabricación de más de 428,000 juegos de placas y hologramas, por las que esa administración perredista erogó 101 millones de pesos pero la ejecución de TUMSA resultó fallida, hasta ahora aún no se determina si la obsolescencia de la maquinaria, la subcontratación de la maquila o no haber realizado una puntual revisión en el proceso de producción causaron retrasos y malos resultados.

REVIRE. En la mira de las autoridades hacendarias, los importadores de autos usados apelan a la integración comercial de México con el mundo como argumento de poder, ante la ofensiva gubernamental. Sostienen que la importación de automóviles es un compromiso suscrito por nuestro país en el marco del TLCAN, lo que permite una apertura gradual desde el 1 de enero de 2009 hasta el 2019.

Correo electrónico: aam@mexico.com

Por Alberto Aguirre / México / elarsenal.net