¿Pacto en el Senado?

En los estertores del Pacto por México, en las últimas dos semanas de diciembre del 2013, no había más prioridad que la reforma energética. Los emisarios del gobierno federal operaban con la arrogancia que deviene de la seguridad de tener los votos suficientes para doblar a los sectores izquierdistas más radicales.

Los moderados –enquistados en la cúpula del PRD– no opondrían resistencia, tomarían la tribuna o establecerían cercos a las afueras de las sedes legislativas. Y de ese mismo lado, el jefe del Gobierno, Miguel Ángel Mancera, buscaría concretar la reforma política del Distrito Federal.

En el Senado de la República, panistas y perredistas trabajaron, codo con codo. De un lado: Roberto Gil Zuarth, Mariana Gómez del Campo y Gabriela Cuevas Barron. Del otro, Manuel Camacho Solís, Alejandro Encinas y Dolores Padierna. Ellos hicieron resurgir algo de la dinámica lograda a principios del 2013, cuando Luis Miguel Barbosa y Ernesto Cordero decidieron hacer valer el peso de la Cámara Alta, salirse de la lógica del Pacto por México y presentar una iniciativa de reforma político-electoral alternativa.

A final de cuentas, el jefe nacional del blanquiazul, Gustavo Madero Muñoz, daría su respaldo a esa iniciativa, si la nueva Constitución local incluía un apartado que permitiera la reelección de los alcaldes –la nueva denominación de los 16 delegados políticos– a partir del 2015 y no hasta el 2018. En cualquier caso, el PAN ya había ganado, con el establecimiento de una nueva fórmula de asignación presupuestal que daría a los nuevos concejales plena independencia, respecto de la Tesorería capitalina.

Los emisarios de Los Pinos –el jefe de la Oficina de la Presidencia, Aurelio Nuño, y el consejero jurídico, Humberto Castillejos– podían ceder casi en cualquier terreno, menos en la pretensión perredista de reglamentar la Ley de Participación Ciudadana. Allí se atoró la negociación política. Allí se murió el Pacto por México.

Nuño y Castillejos, a final de cuentas, definieron los transitorios de las reformas estructurales, los mismos que ahora tienen al Congreso de la Unión al borde del colapso. Tan solo en materia energética se tocarán entre 26 y 29 leyes secundarias. Si se añaden los nuevos ordenamientos que producirán las reformas en materia político-electoral, de telecomunicaciones y de transparencia, la lista crece hasta 80 leyes.

El mecanismo que sustituiría al Pacto por México habría nacido ayer en el Senado de la República, gracias a los impulsos de Emilio Gamboa y Luis Miguel Barbosa. Las iniciativas de leyes para la democratización del régimen político y la rendición de cuentas –es decir, la reforma política del DF y la ley reglamentaria de la consulta popular– ocupan los primeros lugares en ese listado. Y también, los nombramientos de los nuevos comisionados del IFAI y del nuevo Instituto Nacional de Elecciones.

Primero eso y después, las leyes secundarias en materia energética y de telecomunicaciones. ¿Saldrán a tiempo?

EFECTOS SECUNDARIOS

¿REVANCHA? Fuera de los listados de los más buscados, muy pocos personajes pueden presumir de concitar la furia del titular de la extinta SSP, Genaro García Luna, y del actual secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos. Uno de ellos, indudablemente, es el empresario Susumo Azano. Asentado en Guadalajara desde hace tres décadas años, se movía con bajo perfil en ambos lados del Río Bravo. En Coronado Cays, era vecino de la maestra Elba Esther Gordillo y en Guadalajara estuvo cerca del ex gobernador Francisco Ramírez Acuña gracias al empresario y actual diputado local, Abraham González Uyeda, quien fungió como subsecretario de Gobernación en el sexenio calderonista. Son primos. En los últimos dos años de la administración calderonista, Susumo Azano obtuvo cinco contratos en la Secretaría de la Defensa Nacional para instalar el equipo de telecomunicaciones de lo que después se convirtió en el Centro Militar de Inteligencia, ubicado en el Campo Militar Número Uno. El monto de esos contratos excedió los 5,000 millones de dólares, de los cuales cerca del 10% quedó pendiente de pago, mientras que comenzaron a circular informes sobre las vinculaciones de Azamo en operaciones empresariales de dudosa legalidad, como la instalación de la planta gasificadora de Sempra Energy en Puerto Nuevo, y en el financiamiento de senadores panistas. Ante los golpes periodísticos y las negativas para liquidar el adeudo, simplemente bajó el switch y nulificó los programas PSS –de geolocalización y sustracción de datos de equipos de cómputo–, Circles –empleado para la geolocalización de teléfonos celulares– y Zarzamora,–para la intercepción de todo tipo de comunicaciones móviles y sustracción de datos de teléfonos celulares– que tienen su servidor “madre” en Israel. El CMI es el centro neurálgico de inteligencia del Ejército mexicano y se encuentra inservible.

INVERSIÓN. Diana Chávez apenas cumplirá 30 años, es atleta paralímpica, funcionaria del ayuntamiento en su natal Nogales, Sonora, y originó una petición que pronto podría convertirse en una legislación de alcance nacional, después de proponer que las personas con discapacidad tengan acceso anticipado al seguro de retiro, cesantía de edad avanzada y vejez. El diputado priista Antonio Astiazarán presentó un punto de acuerdo que ya fue turnado a la Comisión de Desarrollo Social.

SALIDA. Gabriel Padilla Maya dejó la coordinación de promoción comercial y fomento a las exportaciones de ASERCA. Además de las dos multas deberá pagar, por negligencia administrativa, quedó inhabilitado un año del servicio público.

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 por Alberto Aguirre  / elarsenal.net / Correo electrónico: aam@mexico.com