“#PaqueteVerde”

El eslabón perdido –más que la pieza faltante– en el rompecabezas de la nueva legislación en materia energética es el llamado “paquete verde”; el nuevo marco regulatorio que garantizará la protección al medio ambiente y la multiplicación de las fuentes de energías renovables en todo el país.

La urgencia de materializar las “reformas transformadoras”, pero sobre todo las prisas por esquivar el escenario de una consulta popular sobre la reforma energética hizo que esos temas salieran de la agenda legislativa, al inicio del último año de sesiones de esta legislatura.

La bancada panista, según acordaron los abajofirmantes del Pacto por México, tomó la batuta en la definición de la nueva Ley de Transición Energética. En la Cámara de Diputados se originó el dictamen, a pesar de la indolencia de los representantes priistas, quienes estaban distraídos en temas más importantes para su agenda… como los nuevos usos del agua, el fracking, y la diversificación de las mineras, que podrían quedarse con un pedazo importante del mercado de los hidrocarburos.

El “nuevo escenario energético” también abrió oportunidades de negocio para los operadores y proveedores –tanto nacionales como extranjeros– en materia de cogeneración de electricidad. En los próximos 15 años el parque de generación eléctrica de México debiera crecer en 55,000 Mega Watts, con la ampliación del mercado del gas natural. ¿Y las energías limpias?

Incubada en San Lázaro, la nueva Ley de Transición Energética comenzó a ser objetada por los principales industriales del acero, cuyo cabildeo se reflejó en los senadores. Principalmente, entre la bancada del PAN en la Cámara Alta, que sin más, adoptó las objeciones de la parte empresarial que considera posible alcanzar las metas de mitigación de emisiones de CO2 sólo con gas natural.

El trabajo de la diputada poblana Marisa Ortiz, desechado. Y mientras, un bloque de legisladores blanquiazules –en el que se cuentan Francisco García Cabeza de Vaca, Jorge Luis Lavalle Mauri y Salvador Vega Casillas– ha decidido truncar al llamado “paquete verde”, dejando a la nueva Ley en la congeladora. ¿Y los senadores verdes? En stand by. Y es que el priista David Penchyna, presidente de la Comisión de Energía, ha optado por la omisión, en vez de la eficiencia.

El desplome de la cotización de la mezcla mexicana de crudo ha ensombrecido el escenario de la exploración y la extracción, pero han incrementado el interés en los yacimientos de shale gas, particularmente en la cuenca de Coahuila.

El desinterés de los senadores por decretar la nueva Ley de Transición Energética está directamente vinculado a la meta para abatir las emisiones de gases de efecto invernadero y otros acuerdos internacionales que la administración ha comprometido ante la ONU.

La administración peñista se autoimpuso metas de mitigación de emisiones y energías limpias (un máximo de 65% de combustibles fósiles en la matriz energética del sector eléctrico para el año 2024 y la reducción de las emisiones de gas de efecto invernadero, con un límite máximo de 100 millones de toneladas de CO2 para el 2030). Y es que justo en esos terrenos, la nueva Ley de Transición Energética marcaba una ruta ambiciosa, en el corto y en el mediano plazo. Justo dentro de dos semanas, en Mérida, el gobierno mexicano recibirá a los ministros de energía. La oportunidad de presentarles avances concretos en estos terrenos parece estar cancelada. Al cierre del último periodo ordinario de sesiones de la LXII Legislatura, la nueva Ley de Transición Energética se suma a la larga lista de pendientes que acumula el Congreso de la Unión.

Antes, del 6 al 8 de mayo, la Riviera Maya recibirá a los participantes en la décima reunión del Foro Económico Mundial sobre América Latina, entre los que habrán 500 líderes empresariales, 20 ministros de 11 países, la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, y los presidentes de Colombia, Juan Manuel Santos; de Honduras, Juan Orlando Hernández, de Haití, Michel Martelly, además del anfitrión, Enrique Peña Nieto. El programa oficial contempla actividades que giran en torno a tres pilares: el fortalecimiento de las instituciones, las oportunidades de crecimiento económico y las reformas y el impacto de la clase media en las innovaciones tecnológicas y el desarrollo.

EFECTOS SECUNDARIOS

EXPECTATIVAS. En el último trimestre del 2015 se presentará el Índice Global de Competitividad, que evalúa a 144 economías a partir de su productividad y la prosperidad generada. Esa extensa evaluación micro y macroeconómica mide temas como infraestructura, educación, desarrollo tecnológico, sofisticación de negocios, entre otros. México se mide con otras 143 economías que van desde Suiza y Singapur (los países más competitivos) hasta Guinea y Chad (los países menos competitivos). En la edición del año pasado México se ubicó en la posición 61, por debajo de países como Costa Rica, Barbados y Kazajistán con una calificación de 4.27 (en una escala del 1 al 7). Y una de las bases más importantes para realizar el Índice Global de Competitividad es la Encuesta de Opinión Ejecutiva 2015, que se realiza de forma simultánea en  los 144 países y en México es aplicada por el Instituto Mexicano para la Competitividad, que dirige Juan Pardinas, que ha comenzado a distribuir dicha Encuesta entre el sector empresarial mexicano. En la última edición los ejecutivos de México respondieron 340 encuestas, 20 más que en 2013.

POR ALBERTO AGUIRRE  / —Correo electrónico: alberto.aguirre@outlook.com / elarsenal.net