Paramilitarismo y contrainsurgencia en México, una historia necesaria

Los grupos paramilitares tienen ya una existencia de más de cuarenta años en nuestro país. Durante esos cuatro decenios, los paramilitares han estado dedicados al aniquilamiento de los brotes  y movimientos guerrilleros, y al acoso violento de movimientos estudiantiles y populares.

 El paramilitarismo está reconocido en el léxico militar de todos los ejércitos del mundo, incluido el mexicano. El general brigadier retirado Leopoldo Martínez Caraza, en su libro Léxico histórico militar[1], publicado por la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), señala: “Paramilitar: que tiene organización con procedimientos semejantes a los militares, sin tener este carácter”. La definición ayuda, pero es vaga y completamente insuficiente. No aclara cómo se llega a tener esa semejanza con las fuerzas armadas en la organización, o los procedimientos militares.
 
John Quick es más preciso. Define a los paramilitares como: “aquellos grupos que son distintos de las fuerzas armadas regulares de cualquier país o Estado pero que observan la misma organización, equipo, entrenamiento o misión que las primeras.”[2] Esta es una aproximación mayor: tanto militares como paramilitares tienen la misma organización, entrenamiento y misión. Sin embargo, se mantiene vago el origen de la organización paramilitar. ¿Cómo se alcanzó esa organización?  ¿Por qué tiene el militar profesional y el paramilitar la misma misión? ¿Quién le otorga a este último la misma misión?
 
En todo caso, los grupos paramilitares actúan por una delegación del poder del Estado y colaboran a los fines de éste, pero sin formar parte propiamente de la administración pública. Así lo paramilitar no se define sólo por similitud de misiones u organización, sino porque se origina en una delegación de la fuerza punitiva del Estado.
 
En México, esta delegación de funciones ha provenido directamente del ejército, de los cuerpos de inteligencia-seguridad, o de la combinación de ambos, pero usualmente bajo las órdenes del Poder Ejecutivo, en su calidad de jefe supremo de las fuerzas armadas, y siempre como delegación directa del Estado. “Los halcones”, uno de los primero grupos paramilitares, se creó por iniciativa de oficiales del ejército, aunque bajo la administración del entonces Departamento del Distrito Federal. Sus integrantes eran jóvenes pandilleros con entrenamiento y jefatura militar, dedicados al control, infiltración y destrucción del movimiento estudiantil, así como de cualquier brote de guerrilla que pudiera salir de las filas de éste. Está plenamente documentado que este grupo fue creado por un coronel del ejército mexicano cuyos servicios fueron premiados después con la impunidad y el ascenso militar.
 
Gustavo Castillo García dio información detallada en el periódico La Jornada sobre el más conocido grupo paramilitar durante la llamada “guerra sucia”, a partir de su investigación documental en el Archivo General de la Nación:
 
La Brigada Especial, como se le llamó oficialmente a la Brigada Blanca, integró en junio de 1976 un grupo con 240 elementos, entre policías capitalinos y mexiquenses; militares y personal de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), así como de la Policía Judicial Federal, para “investigar y localizar por todos los medios a los miembros de la llamada Liga Comunista 23 de Septiembre. La orden era limitar las actividades de la liga y detener” a los guerrilleros que actuaban en el valle de México, revelan documentos obtenidos de la Procuraduría General de la República (PGR), que son el respaldo de las investigaciones que aún se realizan en torno a hechos sucedidos durante la llamada guerra sucia. Según los reportes oficiales, aunque la Brigada Blanca se formó en 1972 y operó en Guerrero, Sinaloa, Chihuahua, Nuevo León, Jalisco, Puebla y Morelos, fue hasta junio de 1976 cuando el gobierno de Luis Echeverría decidió que se integrara un grupo especial que actuara en la ciudad de México, y en el que los mandos estaban en manos del coronel Francisco Quiroz Hermosillo, el capitán Luis de la Barreda Moreno y Miguel Nazar Haro. Los documentos consultados tienen su original bajo resguardo en el Archivo General de la Nación. En ellos se detalla el “Plan de Operaciones Número Uno: Rastreo”. El grupo contaba con 55 vehículos, 253 armas: de ellas 153 eran Browning calibre nueve milímetros[3].
 
Así, el vínculo estatal otorga un elemento fundamental para una comprensión más apegada a la experiencia mexicana. Con base en esta experiencia, propongo la siguiente definición: los grupos paramilitares son aquellos que cuentan con organización, equipo y entrenamiento militar, a los que el Estado delega el cumplimiento de misiones que las fuerzas armadas regulares no pueden llevar a cabo abiertamente, sin que eso implique que reconozcan su existencia como parte del monopolio de la violencia estatal. Los grupos paramilitares son ilegales e impunes porque así conviene a los intereses del Estado. Lo paramilitar consiste, entonces, en el ejercicio ilegal e impune de la violencia del Estado y en la ocultación del origen de esa violencia.
 
Históricamente, el paramilitarismo ha sido una fase de la contrainsurgencia, que se aplica cuando el poder de las fuerzas armadas no es suficiente para aniquilar a los grupos insurgentes, o cuando el desprestigio militar obliga a la creación de un brazo paramilitar, ligado clandestinamente a la institución castrense.
 
La doctrina militar mexicana no le llama paramilitar sino “personal civil” y establece su necesidad imperiosa para controlar a la población durante las operaciones de contraguerrilla. Sostiene el Manual de Guerra Irregular de SEDENA:
 
531. las operaciones de contraguerrilla forman parte de las medidas de seguridad que adopta un comandante de teatro de operaciones en su zona de retaguardia, para evitar que las operaciones regulares sufran interferencias ocasionadas para la acción de bandas de traidores y enemigos, para lo cual el comandante de un teatro de operaciones deberá emplear a todos los elementos organizados y aun a la población civil para localizar, hostigar y destruir a las fuerzas adversarias[4].
 
Los fines del empleo de la población civil son evidentes en este párrafo. Pero aquí la necesidad de la población civil es aleatoria y sólo se le usa en caso de interferencia del enemigo. Sin embargo, más adelante, el – manual militar mexicano establece un modo más permanente y orgánico de utilización de civiles en las operaciones de contraguerrilla rural:
 
547. Cuando Mao afirma que “el pueblo es a la guerrilla como el agua a pez”, indudablemente que dijo de validez perdurable, pues ya hemos visto que las guerrillas crecen y se fortalecen con el apoyo de la población civil, pero, volviendo al ejemplo de Mao, al pez se le puede hace imposible la vida en el agua, agitándola, o introduciendo elementos perjudiciales para la subsistencia, o peces más bravos que lo ataquen, lo persigan y lo obliguen a desaparecer o a correr el riesgo de ser comido por estos peces voraces y agresivos que no son otra cosa que los contra guerrilleros.[5]
 
La experiencia del Ejército mexicano en el aniquilamiento de la guerrilla que dirigió el profesor Lucio Cabañas entre 1968 y 1974 demostró que el uso de campesinos y gavilleros como informantes fue fundamental para ubicar, cercar y aniquilar a las Brigadas de Ajustamiento del Partido de los Pobres.
 
Pero el uso de civiles va más allá: según el Manual de Guerra Irregular, las operaciones de la contraguerrilla se conducen también con personal civil o militarizado (civiles o policías dirigidos por jefes militares). Veamos el párrafo siguiente del Manual:
 
551. Por lo antes expuesto, se pude definir que las operaciones de contraguerrilla son aquellas que se conducen con unidades de personal militar, civil o militarizado en terreno propio para localizar, hostigar y destruir a fuerzas integradas por enemigos y traidores a la patria que conducen operaciones militares con tácticas de guerrilla.[6]
 
El tipo de operaciones de contraguerrilla se conduce con personal civil y está destinado al control de la población. Señala el Manual:
 
552. Las operaciones de contraguerrilla comprenden dos diferentes formas de operaciones interrelacionadas que son:
 
A: Operaciones para controlar a la población civil.
B. Operaciones tácticas de contraguerrilla.
 
553. Como puede apreciarse, la primera forma no es una operación militar clásica, por lo que puede ser conducida por personal civil o militarizado, aunque dirigido, asesorado y coordinador por el comandante militar del área, mientras que las operaciones tácticas de contraguerrilla son conducidas por unidades militares y militarizadas.[7]
 
Según el Manual de Guerra Irregular, la responsabilidad en el uso de la población civil recae en el gobierno federal y los acuerdos con los gobiernos de los estados y autoridades diversas en el área de conflicto. El párrafo C del punto 562 detalla:
 
562. Los comandantes que planean operaciones de contraguerrilla y la población civil son regidos por restricciones y acuerdos que el gobierno federal tiene con los estados y autoridades diversas de los lugares en conflicto. En caso de que el problema se suscite en áreas ocupadas por el enemigo, las contraguerrillas establecerán coordinación con la resistencia para localizar y destruir a los grupos de traidores.