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Opinión

Paupérrimos

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La memoria colectiva ha guardado afanosamente un desliz, sin par, cometido por el actuario, maestro y doctor Ernesto Javier Cordero Arroyo. En el mandato del ex jefe supremo de las Fuerzas Armadas, Felipe Calderón, ocupó dos carteras en el gabinete, como secretario de Desarrollo Social (Sedesol) y como titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Durante su estancia en la SHCP, el 22 de febrero de 2011 se lanzó al ruedo con una declaración que dejó pasmada a la ciudadanía: “Las familias mexicanas pueden pagar automóvil, renta y colegiaturas con seis mil pesos”. Cordero buscaba que la pieza retórica le funcionara como una válvula de escape a la justificada presión que ejercían sobre el gobierno los muchos millones de pobres de este país; quienes padecen este mal endémico que se emperra en los mismos y sus descendientes.

En los medios de difusión, incluidas las redes sociales, fluyeron torrencialmente las críticas al personaje y su pronunciamiento. Después de la andanada, de reclamos, el funcionario panista, intentó recomponer el verso, pero la jugada ya no le salió. Las referencias a sus estudios de posgrado en el extranjero llevaban jiribilla. Hubo quienes expresaron sin rodeos, que su doctorado en economía por la Universidad de Pensylvania, Estados Unidos, sólo le servía para resolver ejercicios de pizarrón.

Antes, durante la administración de Carlos Salinas de Gortari, doctor en economía política y gobierno, por la Universidad de Harvard, también se cometieron yerros a granel, que afectaron seriamente a las víctimas de la miseria, no obstante el despliegue de especialistas en el tema y la derrama de cuantiosos recursos a través del Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol).

El Pronasol se presentó como un programa especial para combatir las necesidades más apremiantes en alimentación, vivienda, educación y salud de la población con menos recursos: asentamientos humanos ubicados en zonas rurales, colonias urbano-populares, y espacios indígenas. Al final del sexenio (1988-1994), se pudo conocer que los recursos del programa beneficiaron espléndidamente a la clase política priista; para los destinatarios originales, sólo significó un remedio temporal.

En días recientes el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), le enmienda la plana a Rosario Robles Berlanga, titular de la Sedesol, y de paso, a su jefe Enrique Peña Nieto (sin doctorado), quienes entusiastas y optimistas afirman el abatimiento de la pobreza. El Coneval sostiene que en los pasados dos años el número de pobres ha aumentado dos millones, a razón de un millón cada año; de 53.3 millones a 55.5 millones. Es decir, uno de cada dos mexicanos se encuentra en esta situación.

La secretaria Robles Berlanga mantiene en su entorno institucional a servidores públicos que cobran sus emolumentos, unos como mandos medios y otros como mandos superiores. Estos personajes se incrustaron en la dependencia desde los tiempos del salinato. Nunca han entregado cuentas claras de su desempeño. Son, en cierta manera, responsables de que los programas de desarrollo social no estén dando resultados. Y lo son, porque saben que México padece un modelo económico generador de pobreza. Varios de ellos se formaron en la universidad pública y participaron en círculos de estudio, que tenían como eje primordial el pensamiento crítico. ¿La cooptación los ha instalado en un área de confort irrenunciable?

POR  / COLUMNASMISCELÁNEA / elarsenal.net

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