Peligrosos para México

Era una falacia, pero la repetían –hasta el cansancio– entre sus amigos y clientes potenciales. María Fernanda Vergara y Maira Yazmín Colín García, las dos ex colaboradoras de Alejandra Sota que salieron de Los Pinos y montaron sendos despachos de consultoría en opinión pública, amparadas por el velo del calderonismo.

En el 2006 –presumían– ambas, politógolas del ITAM, fueron parte del equipo de investigación que catalogó al candidato presidencial de las izquierdas, Andrés Manuel López Obrador, como “un peligro para México”, frase presuntamente surgida en focus groups. Una ama de casa de Nuevo León habría materializado la ira panista contra el principal adversario de Felipe Calderón Hinojosa.

Esa diatriba sonaba como una sonata, para oídos poco familiarizados con las campañas del 2006, en la que los consultores Dick Morris y Antonio Solá tuvieron un papel fundamental en la propaganda que finalmente aniquiló a López Obrador. Ellos realmente fueron quienes estuvieron detrás de los spots que derrotaron a AMLO y su “agenda socialista”, pero ellas son las que trabajaron con Alejandra Sota en Los Pinos…

Y también, Yamil Nares, otro de los amigos de Alejandra Sota, ayer reactivó su participación en las redes sociales, para “transparentar” los contratos que su empresa, Defoe Experts on Social Reporting, suscribió con la administración calderonista entre el 2009 y el 2012. Fueron 15 –detalló– y suman 55 millones de pesos.

Al margen de este peculiar disclaimer, entre el gremio demóscopo señalan que Defoe, junto con otras empresas como Varela y Asociados y Mercaei, fueron las casas encuestadoras consentidas en Los Pinos.

“Nos bloquearon todo el sexenio. A unos por ser priistas y a otros, por pejistas”, resume uno de los encuestadores marginados por los calderonistas, quien observa que entre los consentidos están aquellos que reportaron a la candidata presidencial, Josefina Vázquez Mota, a cuatro puntos de Enrique Peña Nieto antes de iniciar la campaña presidencial del 2012.

Tras de que se acumularan una docena de solicitudes de información, la Dirección General de Finanzas y Presupuesto de la Presidencia de la República emitió el oficio DAE/637/2012 –el 24 de octubre, cinco semanas antes de que concluyera el sexenio calderonista – un reporte en el que detalla las erogaciones presupuestales en las partida de gasto 3308 para los ejercicios fiscales 2007 al 2010 y 33501 para el 2011 y el 2012, bajo el rubro de “estudios e investigaciones”.

Hay periodos claramente establecidos. Los dos primeros años del calderonismo, cuatro empresas acapararon los contratos de Los Pinos, para estudiar el ánimo de la gente: Mercaei, empresa dirigida por Lauro Mercado y Guadalupe López de Llergo, recibió 23.8 millones de pesos, mientras que Opina, S.A. de C.V sumó 20.3 millones; en tanto que 4.7 millones de pesos fueron asignados a Investigaciones Sociales Aplicadas, que entonces encabezaba Ricardo de la Peña y 4.5 millones de pesos para Consultores y Marketing Político, de Gisela Ruback Luether, quien además coordina un diplomado en el ITAM.

A partir del 2008 aparece Técnicos Encuestadores de Campo, S.A. de C.V. entre los proveedores de estudios de opinión para la Presidencia de la República, que hasta el final del sexenio acumuló 41.2 millones de pesos.

La empresa de Ricardo de la Peña cambió de razón social a Indagaciones y Soluciones Avanzadas y durante el calderonismo recibió 27.2 millones de pesos, no obstante se vio superada por Perspectiva en Campo e Investigación, S.C., que en los últimos tres años de la pasada administración acumuló 61 millones de pesos.

Una tercera parte de esos contratos fueron entregados a Mercaei, Perspectiva en Campo e Investigación y Técnicos Encuestadores de Campo. “Esto apunta a que la asignación directa de estos contratos no se sustenta en la experiencia profesional o reconocimiento nacional o internacional de las casas encuestadoras”, dictaminaron Edna Jaime y Eréndira Avendaño, de México Evalúa, en un estudio que realizaron para el CIDE en el 2011, “(aunque) en descargo de lo anterior debe decirse que la normatividad se cumple, pues no se han identificado observaciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación o de la Secretaría de Función Pública”.

Ambas instancias aun tienen la última palabra.

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Por: Alberto Aguirre M. / Correo electrónico: aam@mexico.com / elarsenal.com