Presidente de México: corrupto y anti-mexicano

En 1968, la respuesta en Tlatelolco del presidente priísta Gustavo Díaz Ordaz fue la propia de un imbécil, una fiera, un animal sin correa. Todo ello fue posible porque el sistema mexicano era un sistema autoritario, corporativista, de partido único, con elecciones decorativas, sin separación de poderes, premoderno.

Hoy en cambio, en México en principio contamos -o contábamos- con un sistema democrático, elecciones medianamente limpias, pluralidad de partidos, separación de poderes…

Pero entonces llegó Enrique Peña Nieto, de sucio pasado y más sucio presente.

Peña llegó al poder alquilando votantes para el PRI, mediante un sistema de tarjetas de “prepago” con el que se compraron los votos priistas en las elecciones presidenciales de 2012, metiendo al saldo de las tarjetas unos cuantos pesos con el que el populacho del PRI fue a intercambiar su voto a las tiendas, en los días posteriores a los comicios, por un par de despensas de comida o algo similar.

A partir de entonces, ha tratado la Presidencia priista de someter a México a su férula premoderna. Entre ellos al Poder Legislativo, permitiendo y fomentando el uso ilegal e indiscriminado de recursos públicos por sus partidos inicialmente aliados: PRD y PAN, a cambio de la aprobación de su decena de reformas.

Dichos recursos públicos los distribuyen los legisladores de los partidos a los estados y a los municipios a cambio de porcentajes que reciben el provinciano nombre de “moches”. El caso emblemático lo protagonizó el Partido Acción Nacional. Partido que no sólo tiene ladrones entre sus filas, sino también asesinos, si atendemos la difundida versión de que un dirigente panista en Guerrero fue recientemente asesinado… por otros panistas.

En un ridículo cierre, otros miembros del PAN fueron sorprendidos metiéndoles la mano a un grupo de chicas alquiladas –vulgo: putas- igualmente con recursos públicos, como si fueran los legisladores panistas un grupo de pubertos sin freno.

Pubertos, ladrones y asesinos en el partido derechista de México: el PAN. Pero asesinos sobran en México, de lo cual son muestra miembros del otro aliado de Peña Nieto en su Pacto “por México”: el Partido de la Revolución Democrática. Un partido supuestamente de izquierda. Con lo cual, derecha (PAN) e izquierda (PRD) están podridos. Además del PRI, que siempre ha sido una cloaca.

Volviendo al PRD, dicho partido es el responsable último del asesinato de 43 normalistas en Iguala, Guerrero, pues colocó como presidente municipal de esa castigada población al señor Abarca, quien mandó asesinar a los estudiantes, o al menos entregarlos a los narcotraficantes que luego los masacraron.

El caso sigue después de meses “en investigación” por la Procuraduría Federal, otra de las inservibles instituciones del peñismo.

De modo que Enrique Peña tiene entre sus aliados a ladrones y asesinos. Pero los más eficientes asesinos de Enrique Peña, están en sus fuerzas armadas.

El Ejército méxicano asesinó a 22 personas en Tlatlaya, Estado de México, hace unos meses. Luego ese “instituto armado” salió a decir mentiras en un comunicado donde dijo que todo se trató de un supuesto “enfrentamiento”. Pero el asesinato se descubrió y exhibió por la prensa extranjera: la revista Esquire y la agencia noticiosa AP.

La Marina Armada de México también ya tiene al menos un cadáver en su armario peñanietista: asesinaron recientemente a una persona –al parecer ya herida y desangrándose en el piso- en Ciudad Satélite, Estado de México.

Los asesinatos, estimados delincuentes de la Marina, del Ejército, del PAN, del PRD, son delitos por los cuales los militares, los marinos, los legisladores panistas, perredistas y políticos de cualquier otro origen o charco, deben ser ajusticiados: juzgados y encarcelados.

En lugar de eso, en lugar de meter a la cárcel a su marinero asesino, el Secretario de Marina, Vidal Soberón, salió la semana pasada a amenazarnos porque, según él, los padres de los estudiantes asesinados son “manipulados” y al señor almirante eso le enoja.

Ustedes los militares ni siquiera nos tienen que dirigir la palabra a los civiles. Y menos después de los asesinatos del Ejército y la Marina.

Además de los asesinatos, que Peña tolera o es incapaz de combatir, el Presidente de México, en contubernio con el Alcalde capitalino Miguel Ángel Mancera, mandaron golpear el 20 de noviembre pasado, de manera cobarde, indiscriminada y en el Zócalo de la Ciudad de México, a familias completas, incluyendo niños, madres, padres, estudiantes, empleados y “mirones”.

Es decir, Peña y Mancera mandaron golpear a la gente que protestaba… porque a otras personas las habían matado.

Lo anterior, además de una estupidez de Mancera y Peña, es un acto claramente regresivo, pues está regresando a México al autoritarismo –del que se supone que ya habíamos salido–.

Por su parte, un elemento que subsiste, un elemento común tanto al sistema autoritario mexicano como al democrático, es la corrupción. Veamos el principal ejemplo reciente.

La Primera Dama de México ha sido vinculada en los principales diarios del mundo con actos de corrupción, con el escándalo de la llamada “Casa Blanca”.

Asunto vergonzoso para el país, desde el mismo nombre con el que se le refiere, como a una mala copia de la verdadera Casa Blanca –la de Washington–.

Eso da idea del nivel monstruoso, intolerable, al que ha llegado la corrupción mexicana. Ha llegado al nivel de la esposa del presidente, quien debería dedicarse a cortar listoncitos en sus inauguraciones y no a tratar de cortar vínculos claros de corrupción con el prestanombres presidencial: un tal señor Hinojosa.

¿Esa corrupción de la presidencia y de la Primera Dama de su propio país no le molestan, Almirante?

Pero el golpe más reciente del autoritarismo disfuncional de Peña es su decálogo o Plan de 10 puntos para combatir la incontrolable inseguridad en México, donde además de su burrada tamaño presidencial de “inventar” el número de emergencia 911, el señor Presidente tiene una propuesta cuasi-dictatorial: se otorga poderes a sí mismo para a su vez desaparecer los poderes municipales -y quizá estatales- cuando haya graves perturbaciones a la paz pública.

Esto es hoy ilegal, pues esa facultad corresponde, de acuerdo con nuestra Constitución, a las legislaturas de los Estados. Por ello, Peña enviará primero una iniciativa de modificación constitucional, y luego la llamada “Ley contra la Infiltración del Crimen Organizado en las Autoridades Municipales”.

¿Qué debe hacerse ante esta nueva intentona autoritaria de Peña? Agredir no sólo al Poder Ejecutivo, sino a todos quienes apoyen a Peña en su nueva traición a la democracia, sean estos el PAN, PRD o PRI.

Así, existe, como vemos, una contradicción creciente entre la Presidencia y el sistema político. El sistema es presuntamente democrático, pero la Presidencia es crecientemente autoritaria.

Peña quiere destruir la democracia mexicana. Peña es un corrupto, un ladrón, un traidor a la democracia y a México.

POR AH MUÁN IRUEGAS / elarsenal.net