“¿Quién manda en el INE?”

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral tiene 29 asientos, de los cuales 11 han quedado vacíos desde hace dos semanas. Los representantes de siete partidos políticos y cuatro consejeros del Poder Legislativo han condicionado su regreso a la mesa en forma de hebilla, a la inmediata implementación de una serie de medidas, cuyo cumplimiento implicaría una pérdida de autoridad para Lorenzo Córdova Vianello.

Una sanción implacable para el Partido Verde, por supuesto. Pero también la reconversión de los principales funcionarios de la estructura electoral –entre ellos, el secretario ejecutivo, Edmundo Jacobo Molina– están de por medio.

Peor, imposible. La crisis de legalidad en el INE escaló por la actitud pendenciera del consejero presidente, quien rechazó la validez de los reclamos del ahora llamado bloque opositor. “La autoridad electoral no puede subordinarse a los caprichos de uno, de tres o de siete”, recriminó, “sus decisiones no pueden estar condicionadas por ningún partido político”.

Tras 10 meses como presidente consejero, el joven abogado –estudioso a profundidad de Norberto Bobbio– ha agotado buena parte del bono de legitimidad dispensado por los grupos parlamentarios que pactaron su unción. Y por su desempeño insuficiente ha acarreado suspicacias, respecto de la capacidad del referee para conducir el proceso electoral.

“No aceptaremos ni toleraremos que se pretenda regresar a los tiempos donde el gobierno y el PRI, mediante el fraude y la simulación, violentaban la voluntad popular”, sentenciaron los representantes partidistas. Y mientras emplazaban a Córdova Vianello para responder sus demandas –la más grave, sin duda, es la amenaza de solicitar la renuncia de los consejeros que “operan coordinadamente para favorecer al PRI y al PVEM”– acudieron a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para impugnar los acuerdos tomados por el Consejo General en su ausencia.

Los cuestionamientos más severos recaen en Marco Antonio Baños Martínez, a quien acusan de haber manipulado la designación de los integrantes de los OPLE y haber guiado a los consejeros que integran lo que llaman “el bloque priista”, a la imposición de un cúmulo de funcionarios electorales afines.

El bloque opositor va más allá de la demanda de sancionar a los gobernadores que promocionan su imagen o de frenar la spotización del PVEM. Ahora exigen la destitución de Alfredo Cristalinas, actual encargado de la Unidad Técnica de Fiscalización –a quien descalifican tras de la resolución del llamado Monexgate–; descalificaron el desempeño de Carlos Alberto Ferrer Silva al frente la Unidad de lo Contencioso Electoral y de Comisión de Quejas y Denuncias; y demandaron corregir el funcionamiento de la Oficialía Electoral. Esta reprobación tiene un destinatario final: Edmundo Jacobo Molina, titular de la Secretaría Ejecutiva.

Exclusión, menosprecio, desdén. Los integrantes de la Junta Ejecutiva del IFE han maltratado a los representantes partidistas, han reducido “a su mínima expresión” los espacios de discusión y deliberación. Las sesiones del Consejo General –se quejan– ahora se caracterizan por la ausencia de debate, la falta de diálogo, la descalificación a las propuestas de bloque opositor…

En los tiempos del IFE, era el J+10 (los integrantes de la Junta Ejecutiva, más los consejeros electorales). Ahora es “la mesa de consejeros”, convertida en un espacio privado, inaccesible y opaco, donde se toman las decisiones del INE y se ha sustituido de facto al Consejo General. El tamaño del reclamo, la claridad de las denuncias, amerita respuestas claras y acciones inmediatas.

EFECTOS SECUNDARIOS

CONSULTAS. Si está interesado en comparar los efectos de las actividades empresariales sobre los derechos humanos, a partir de las respuestas entregadas 94 grandes consorcios y 41 gobiernos federales, puede consultar los sitios web de acceso gratuito que acaba de abrir el

Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos, que contactó a 100 gobiernos y 180 empresas con preguntas específicas sobre las políticas y las medidas que aplican en materia las materias. En América Latina respondieron Argentina, Brasil, Chile, Colombia, El Salvador y México, mientras que Bolivia, Ecuador y Perú no lo hicieron.

FRACASO. La construcción de una coalición de izquierda en Guerrero tenía solo dos protagonistas: el ex alcalde de Acapulco, Luis Walton Aburto, propuesto por Movimiento Ciudadano; y la ex secretaria de desarrollo social de la administración estatal, Beatriz Mojica, nominada por el PRD. Los estrategas del partido naranja propusieron adoptar el “modelo de auscultación” empleado por Andrés Manuel López Obrador y Marcelo Ebrard para definir la candidatura presidencial en el 2012 (un pool de encuestas levantadas simultáneamente, con un mismo cuestionario) pero la cúpula del sol azteca no accedió y contraargumentó: el abanderado aliancista debe ser quien encabece las preferencias. El plazo legal para registrar una candidatura común corre inexorablemente… ¿habrá declinaciones más adelante o dejarán ganar al priista Héctor Astudillo?

— Correo electrónico: aam@mexico.com

POR ALBERTO AGUIRRE / elarsenal.net