“¿Quién manda en México?”

Una retadora pregunta que han hecho en público tanto Emilio Álvarez Icaza, Secretario Ejecutivo de la CIDH, como James Cavallaro, relator  de  esa Comisión para México, refleja las duras presiones a las que está sometido el gobierno mexicano por el espinoso tema de las violaciones a  los derechos humanos: 

 ¿Quién manda en México; el Ejército o el Gobierno?

Los  integrantes de la CIDH la formularon luego de que  el general Salvador Cienfuegos, titular de la Sedena,  declarara, en entrevista con Televisa, que ningún soldado podrá ser interrogado  por  los expertos de la CIDH que coadyuvan en el esclarecimiento de la Barbarie de Iguala.  

“Solamente respondemos a las autoridades mexicanas” dijo entonces  el general  Cienfuegos al reportero Santos Mondragón.   

* * *

Del  tema hablamos con Roberto Campa, subsecretario de Derechos Humanos de la Segob.  El funcionario recordó que esa misma pregunta se la hizo en Washington el relator Cavallaro.

“Ya la había hecho el Secretario  Ejecutivo de la CIDH (Álvarez Icaza) y le  contestamos que el comandante en jefe de las fuerzas armadas es el presidente de la República”.

Campa, por cierto, nos dijo que  el recién anunciado plazo de seis meses que permanecerán en México los expertos del GIEI  de la CIDH fue consensuado con  los integrantes de ese grupo. 

El funcionario no ocultó su satisfacción por ese acuerdo.  

Las ONGs y  los padres de los normalistas desaparecidos exigían que los expertos extranjeros permanecieran indefinidamente en México.

El subsecretario, por lo demás, fue contundente al subrayar que es “inviable” que en México  se pudiera formar una comisión similar a la que en  Guatemala investigo al hoy destituido ex presidente de ese país,  general Otto Pérez,  encarcelado por corrupción 

Esta comisión fue encabezada por un extranjero: el colombiano Iván Velázquez.
* * *

Garganta azul jura que Ricardo Anaya, jefe nacional del PAN, llamó el pasado miércoles a senadores de su partido que debatían la Ley de Ingresos del 2016, para que votaran a favor de que el déficit autorizado regresara al 3 por ciento del PIB. 

El mero mero del blanquiazul no estaba de acuerdo en la modificación que el Senado quería hacer a la  minuta de los diputados: bajar ese déficit  al 2.9 por ciento, con el argumento de que los recursos así liberados servirían para pago de deuda. 

El coordinador del grupo parlamentario, Fernando Herrera, fue el encargado de bajar la instrucción a los desconcertados sensores de la bancada azul.

La instrucción  del jefe nacional del PAN repercutió en las negociaciones.   Los grupos parlamentarios tardaron horas y horas en ponerse  acuerdo.

El PRD insistía en que se quedara en 2.9 el déficit  y que los 17 mil millones liberados se fueran a pago de deuda,  y no a obras asignadas por los diputados.    

El  debate subió de intensidad.  Provocó incluso roces entre panistas que  integran la Comisión de Hacienda.   

El tema de los “moches” pesaba en el ambiente.

El senador Ernesto Cordero, ex secretario de Hacienda, lo dijo en el debate de la Comisión de Hacienda:

“El principal espacio de corrupción que hay en México son las asignaciones que se hacen en laCámara de Diputados”.

Lo secundo su correligionario Héctor Larios: “Estos recursos se asignan de manera discrecional, sin ninguna planeación, sin ninguna prioridad, y abren espacio a la corrupción”. 
Otro panista, Jorge Lavalle, protestó con fuerza:

“Me parece muy injusta la manera en la que se está juzgando al ciento por ciento de los diputados de la legislatura anterior. Se están refiriendo a ellos como unos corruptos”.

“Mucho más grave es que estemos prejuzgando a los 500 diputados que están entrando ahora”, remató

 * * *

Una propuesta del senador perrredista, Armando Ríos Piter, fue la que destrabó la negociación.

El déficit del 3 por ciento finalmente se aprobó a condición de que  la aplicación de los 17 mil millones adicionales pudiera ser auditados, en tiempo real, por la ASF. 

 Una voz financiera autorizada nos dio la clave para entender la intervención de Anaya. Serían las dirigencias nacionales de los partidos  las que vigilen la asignación que los diputados hagan de  esos 17 mil millones de pesos a diversas obras  en los municipios.  “Son para empoderar a los jefes de los partidos”, aseveró.  

La SHCP había eliminado los fondos de los moches del Presupuesto 2016, pero los partidos con representación en el Congreso  se las ingenian para recuperarlos.

No hay duda que los políticos caminan en sentido contrario que los ciudadanos. 

Fin…

POR FRANCISCO GARFIAS / ARSENAL / elarsenal.net