Relevos y vacantes

En vigor, las leyes reglamentarias en materia energética son la materialización de la agenda reformista del sexenio peñista y también son el punto de arranque de un nuevo capítulo: el de las protestas sociales.

La Coordinadora Plan de Ayala, la Unidad Democrática Nacional y otras organizaciones campesinas afines al PRD trabajan en la demanda que interpondrán ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por la inconstitucionalidad de las leyes secundarias de la reforma energética, pues consideran que violenta el derecho a la propiedad. A partir de la promulgación de las nuevas leyes, disponen de 30 días para hacerlo. El machote de los amparos que ya circulan entre comisarios ejidales y representantes de bienes comunales en Coahuila, Chihuahua, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas, objetan la aplicación de la Ley de la Industria Eléctrica y de la Ley de Energía Geotérmica, aprobada por el Congreso de la Unión y promulgada por el Ejecutivo federal.

La judicialización del sector agrícola hace que la elección de los ministros y magistrados sea un tema de la mayor relevancia. Y más en el corto plazo, pues dentro de 12 días, el actual presidente del Tribunal Superior Agrario, Marco Vinicio Martínez Guerrero, cumplirá 75 años, edad límite para ocupar esa plaza.

Otras dos posiciones en el pleno de esa instancia también están vacantes. La última, por la renuncia de Luis Octavio Porte Petit, quien también pasó a retiro. En la terna propuesta por el Ejecutivo federal para ocupar esa vacante está Concepción María del Rocío Balderas, secretaria de Estudio y Cuenta en la ponencia de la ministra Olga Sánchez Cordero, quien además es esposa del presidente del Tribunal Electoral y cuñada de la ministra Margarita Luna Ramos.

El Senado de la República deberá resolver quién queda en su lugar, después de analizar la terna que remita la Secretaría de Gobernación. En lo que va del sexenio, las últimas dos vacantes -para suplir a Ricardo García Villalobos (fallecido el 2 de julio del 2012) y Rodolfo Veloz Bañuelos, quien fue forzado a dejar el cargo por llegar a edad de retiro– han sido ocupadas por Maribel Concepción Méndez de Lara y Odilisia Gutiérrez Mendoza, ambas para cubrir sendos periodos de seis años. Sus nombramientos han sido procesados en el seno de la Comisión de Justicia, que preside el senador panista Roberto Gil Zuarth.

¿El Tribunal Agrario se feminiza o se partidiza? Los nexos de dos de los magistrados con el PAN son evidentes y ¿si llega la cuñada de Luna Ramos serían más estrechos? Resuelta la agenda de las reformas estructurales, en el Congreso de la Unión pronto deberán resolverse media docena de nombramientos, tanto de ministros como de magistrados de distintos órganos adscritos al Consejo de la Judicatura Federal.

Los magistrados de la sala superior del Tribunal Electoral, ¿en campaña? Flavio Galván Rivera dictó una conferencia sobre las nuevas reglas de la competencia política, en la sala de plenos de la sede central del Instituto Electoral de Sonora, recién bautizada como Salón de la Democracia por sus últimos ocupantes. Galván Rivera, junto con sus colegas Salvador Nava Gomar y Constancio Carrasco Daza, buscarían ocupar el lugar de Alejandro Luna Ramos, a quien restan 12 meses como presidente del Tribunal Electoral y dos años para la edad de retiro. Cuatro de los siete magistrados de la Sala Superior provienen del circuito judicial y en caso de que Carrasco no buscara llegar a la SCJN, sería perfilado para quedarse con esa posición. El consenso entre las fuerzas políticas favorecería al actual presidente de la mesa directiva, Raúl Cervantes Andrade. Los nombramientos serán materia del periodo ordinario de sesiones, que inicia en dos semanas. Y enseguida, deberá resolver quién llega a la presidencia de la SCJN, ante la jubilación del ministro Juan Silva Meza. Ese relevo no está exento de las disputas de las élites académicas, que parecerían inclinarse por Margarita Luna Ramos.

Afuera del Poder Judicial también hay disputas por relevos y vacantes. En la UNAM -por ejemplo- circula profusamente el expediente de Diego Valadés Ríos, quien en vísperas de cumplir 70 años, está por escribir el final de la suya si el rector de la UNAM, José Narro, accede a conferirle rango de emérito, dentro del Instituto de Investigaciones Jurídicas.

Con la clave 4951, el ex procurador y ex ministro de la SCJN fue contratado hace 43 años en la Máxima Casa de Estudios. Pero entre sus nombramientos académicos y administrativos sólo acumula 19 años de servicio, debido a las sendas licencias -cuando fungió como funcionario federal- y a dos años sabáticos que no son acumulables, pues de acuerdo con el artículo 58 del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, por cada seis años de servicio ininterrumpido gozarán de un año sabático, entendido como la separación de sus labores habituales (con goce de sueldo y sin pérdida de antigüedad) para dedicarse al estudio y otras actividades que les permitan actualizar sus capacidades.

La UNAM también se enfila a un periodo de politización, ante la renovación de la rectoría, dentro de un año. El subsecretario para América Latina en Relaciones Exteriores, Sergio Alcocer, es el favorito para suceder al doctor Narro.

Por: Alberto Aguirre M. / elarsenal.net