Senado: finiquito imposible

Con cuatro años de demora, el proceso de entrega-recepción y finiquito por la construcción de la nueva sede del Senado de la República se alarga y tras de sí deja una estela de datos absurdos. Ahora se sabe, por ejemplo, que los sillones colocados en los 128 escaños están fabricados en Italia, pero fueron adquiridos por la empresa española Sutega, subcontratada por GAMI, Ingeniería e Instalaciones.

La firma ibérica también estuvo a cargo del equipamiento del auditorio, del salón de Plenos, de la Comisión Permanente, de la Presidencia, de las salas de reuniones, los despachos y las áreas comunes. La “inversión” –¿o gasto?– en el inmueble asciende a 3,734 millones de pesos, de acuerdo al reporte más reciente de la auditoría técnica externa contratada para fiscalizar esa magna obra adjudicada en diciembre del 2007, mediante licitación pública, a la filial de Grupo Indy, por un monto total de 1,969 millones, IVA incluido.

Los retrasos de la obra estaban contemplados desde el principio. Las bases de la licitación estipulaban que se deberían prever cambios por “actualización tecnológica” y “ajustes de proyecto” que a su entera discreción podría solicitar el Senado en el curso de los trabajos.

Lo que no estaban contemplados eran los “trabajos de mala calidad”, los “factores de ajuste” de los costos del contrato, los pagos en exceso y –sobre todo– los adeudos con otros subcontratistas. Banobras pagó 2,330 millones de pesos por la construcción, el equipamiento y las obras exteriores en la nueva sede legislativa en la que se gastaron 2,554 millones. Hay un remanente por pagar –216 millones de pesos–, sujeto a la conciliación entre la supervisora de la obra y la contratista.

La calidad defectuosa, alegada por el Senado de la República, iba en contrasentido a la exigencia de los constructores para la liquidación total del proyecto.

¿Negociación o demandas? El litigio sobre la nueva sede del Senado de la República entró en su etapa definitiva. El arbitraje acordado entre las partes involucradas –que derivó en peritajes y compulsas efectuadas por un grupo multidisciplinario, con personal del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y del Colegio de Ingenieros de México– ya resolvió que solo quedan 59 millones de pesos pendientes por pagar, a reserva de otras penalizaciones y deducciones.

Este veredicto, según lo acordado por las partes, adquiriría carácter vinculatorio. Pero los representantes de la constructora no aceptarán el fallo de los expertos y acudirán a los tribunales para reclamar casi 400 millones. Lo nuevo, en su postura, es que además de demandar al Senado, acusarán a la UNAM, para lo que contrataron al ex procurador Arturo Chávez Chávez, quien tiene una “práctica profesional” con Antonio Lozano Gracia y Diego Fernández de Cevallos. Interesante posicionamiento de la constructora, sobre todo porque la especialidad de esos poderosos abogados es el derecho penal, más que el mercantil, y porque su objetivo primario en este litigio sería Banobras. El Senado de la República, por su parte, tendría la asistencia legal del despacho White & Case.

Pero el finiquito parece lejano. Tanto, que del Fideicomiso 1705 siguen saliendo recursos para la GAMI. Alejandro Busto Rodríguez, quien es subdirector de Administración Fiduciaria de Banobras, está en el ojo del huracán por haber aprobado un pago por 100 millones a GAMI.

Busto, quien trabaja en esa institución desde las épocas en las que Georgina Kessel dirigió esa entidad financiera, por cierto, no es abogado y sus actuaciones ha despertado suspicacias en otras instancias del gobierno federal, por su constante e iracunda defensa del contrato y las ampliaciones concedidas a la constructora. El Órgano Interno de Control de Banobras abrió un expediente para investigar los hechos.

EFECTOS SECUNDARIOS

MUDANZAS. Minada por los constantes movimientos telúricos, la sede central de la agencia de noticias del Estado mexicano, se volvió un problema para sus directivos. Y más, por las exigencias de los trabajadores de Notimex, que encabeza Conrado García, que incluso amagaron con dejar de presentarse a laborar, por al riesgo latente. El director de la agencia, Alejandro Ramos Esquivel, se vio obligado a una serie de maniobras administrativas para rentar un nuevo local, mientras encuentra una solución de fondo. Y es que debido al severo daño estructural y sobre todo a la tramitadera, se dificulta la venta del inmueble afectado. Y las finanzas de la agencia gubernamental no permiten magnificencias, mucho menos adquisiciones de urgencia.

¿INÚTILES? La flamante reforma energética, a punto de aprobarse en el Congreso de la Unión, dará frutos… a largo plazo. En lo inmediato, el panorama es desolador por el estancamiento de la producción de crudo y gas en extensas áreas del país, incluyendo el sur y sureste, lo que ha generado una mayor demanda de las importaciones de gas natural proveniente de Estados Unidos, que alcanzará los 3,800 millones de pies cúbicos por día para 2018, principalmente por la mayor demanda del sector de la energía eléctrica. Y mientras Mex Gas Suply –una empresa filial de Pemex– contrató los servicios de Mercuria Energy Group para importar gas, la Comisión Federal de Electricidad adjudicó a la española Acciona las obras de la central térmica de Baja California Sur V, situada en La Paz, misma que contará con una capacidad neta de 46.8 megavatios y deberá entrar en funcionamiento en junio de 2016.

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 por Alberto Aguirre / elarsenal.net / Correo electrónico: aam@mexico.com