Sin democracia no hay progreso

Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, puso el candado a su servilismo político al negarse a retirarle el registro al Partido Verde por las violaciones en que incurrió durante los pasados comicios. La ley está ahí, pero el encargado de aplicarla prefirió imponer sus intereses a la democracia recurriendo a interpretaciones infantiles: que el Verde realmente no quería violentar la ley. A eso se le llama violencia institucional, sin matices: violencia de las instituciones contra el pueblo.

Los golpes a la democracia de México son constantes. Su origen son los intereses de quienes llegan a puestos de poder público, económico o ambos. La representación de la ciudadanía es surreal, presente sólo en poquísimos casos. Sí, hay empresas que son justas con sus trabajadores; sí, hay gobernantes que trabajan por el bien común. Pero unos y otros son opacados por una mayoría brutalmente aplastante que no nos deja ni respirar, no nos vayamos a acabar el aire.

Otra vez, la ley está ahí: nuestra Carta Magna otorga a la ciudadanía el poder de retirar de su cargo a los funcionarios públicos que incumplan con su labor de trabajar en bien de la gente. Pero del dicho al hecho hay un trecho que, en México, puede llevar a la muerte. Y no sólo por la intención de sancionar a un funcionario o a un empresario que viole la ley, sino incluso por ejercer una crítica incómoda para los poderes fácticos.

En su interesante investigación “Democracy Does Causes Growth”* (La democracia sí causa crecimiento), cuatro investigadores aplican variables que consideran las diferencias entre varios países y sus sociedades, para llegar a una conclusión con bases sólidas: a la larga, la democratización de una sociedad presenta un incremento del 20% en su Producto Interno Bruto (GDP). La receta que encuentran es: alentar las inversiones, mejorar el sistema educativo, inducir reformas económicas, mejorar el acceso a bienes públicos y reducir los disturbios sociales.

Los gobiernos de México siguen a la letra esta fórmula en discursos electorales y, una vez en sus puestos, hacen exactamente lo contrario. Así las cosas, alentar las inversiones significa que vengan las extranjeras aunque las nacionales quiebren; poner candados a la evolución educativa mediante programas retrógrados y represión; hacer reformas económicas en perjuicio del país entero, menos unos cuantos favoritos; crear programas de asistencia social que devoran el presupuesto y no alcanzan los resultados ofrecidos; por último, convertir a las fuerzas del orden público en instrumentos de una represión que genera más presión, más disturbios. Todo esto nos lleva a ser el segundo país con más desigualdad de cuantos integran la OCDE.

La agenda del grupo Bilderberg para este año contempla, con eufemismos, crear disturbios en los países para luego ofrecerse como redentor, con “soluciones de totalitarismo estatal y económico”, según aprecia el periodista Paul Joseph Watson, entrevistado por “Russia Today” (RT).** Es una receta bien probada: un pueblo con miedo es un pueblo fácil de someter.

En este contexto queda claro que en México el miedo es indispensable para que el poder haga exactamente lo que le venga en gana. Perdonar multas a los “cuates”, cambiar las leyes para que lo que es de todos sea de muy pocos, callar críticas, amasar fortunas obscenas y su imperdonable consecuencia: el aumento de mexicanos que viven en la miseria. Tal vez allá en la cúpula se crea que el incremento de su riqueza personal permea a todos los mexicanos. Pues no. Eso sucederá sólo cuando tengamos una verdadera democracia.

POR ALFONSO LÓPEZ-COLLADA / COLUMNAS, EN NIVEL BANQUETA / elarsenal.net