“Sistema anticorrupción”

A más tardar en 10 días –si todo sale conforme lo planeado– en la Cámara de Diputados deberá haberse discutido y votado el dictamen sobre reformas anticorrupción.

Y antes de que concluya febrero, estará listo para que el Ejecutivo federal promulgue las leyes secundarias en esta materia, que junto con las de transparencia y protección de datos personales, inexorablemente habrán de definir el rumbo del sexenio peñista.

En medio, irrumpe el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública que el auditor, Juan Manuel Portal, entregará este mediodía a la Cámara de Diputados. En esta ocasión se presentarán y harán públicos 1,413 informes individuales y, por primera vez, un panorama objetivo de la situación del sector público nacional en lo que se refiere al ejercicio de los recursos públicos federales, durante 2013.

La exigencia del líder de la bancada panista en San Lázaro, Ricardo Anaya, es que se vaya a fondo en el castigo de los funcionarios federales que hayan consentido –ya fuera deliberadamente o por omisión– desfalcos al erario. Un clamor que podría tornarse en su contra. Y es que tanto en el Senado de la República como en la Cámara de Diputados, legisladores de los grupos parlamentarios del PRI han sido promovidos sendos puntos de acuerdo para solicitar al auditor superior de la Federación informe sobre las observaciones realizadas a los contratos de Grupo Tradeco, en el periodo comprendido entre el 2003 y el 2012, inclusive.

En ese periodo –según consta en los archivos públicos– filiales de Grupo Tradeco acumularon al menos 95 contratos de una docena de dependencias de la administración pública federal, entre las que destacan Pemex, CFE, Capufe, Policía Federal, PEP, SCT y la extinta Secretaría de Seguridad Pública.

La Auditoría Superior de la Federación revisó 11 de estas asignaciones, cuya particularidad radica en las ampliaciones –ya sea en los plazos de ejecución y/o por gastos extraordinarios o no contemplados– de esas megaobras de infraestructura.

Las filiales de Grupo Tradeco –especialmente Tradeco Infraestructura– también rompen un récord, en el rubro de litigiosidad. Entre 2012 y 2014 acumulan al menos 38 procesos de tipo mercantil y 31 de índole laboral en el Distrito Federal, más 27 juicios ante juntas especiales de Conciliación y Arbitraje en 11 entidades de la República Mexicana.

Además de reclamos por salarios caídos, hay litigios de índole civil o mercantil, promovidos por subcontratistas que reclaman el incumplimiento de contratos y pagos no realizados. Y no solo eso: la empresa de los Martínez ha gestionado ¡un centenar de amparos! para combatir sanciones administrativas o cancelaciones de contratos, promovidos por las instancias gubernamentales.

El boom de la familia Martínez –además de Federico Martínez Salas y su hijo están involucrados los hermanos de su ex nuera, Margarita Beristáin Rodríguez– ocurrió en los sexenios en los que el PAN estuvo en Los Pinos. El patriarca del grupo hizo carrera en Gutsa e ICA antes de incorporarse a Pemex, en el periodo foxista.

De entonces data el contrato para la construcción de la autopista Durango-Mazatlán –cuyos autores intelectuales fueron Jorge Herrera Caldera, actual gobernador de Durango, y el entonces subsecretario de Infraestructura, Felipe Duarte Olvera–, cuya obra emblemática es el Puente El Baluarte.

Tradeco también construyó los túneles (Copala I, II y III) de esa súper carretera; el puente vehicular La Unidad, que conecta a Campeche con la Isla del Carmen, la sede de Plataforma México y una docena de centros penitenciarios en todo el país.

Justamente las ampliaciones presupuestales y de plazos para la ejecución de la construcción de Complejo Penitenciario Federal de Papantla, Veracruz y en la nueva autopista La Pera-Cuautla, deberán ser observadas por la ASF y entonces quedaría comprobado su modus operandi: la obtención de contratos, tras de ofrecer los presupuestos más bajos, pero que sus costos necesariamente era recalculados.

EFECTOS SECUNDARIOS

ULTIMATUM. ¡Ya basta!, claman mecanógrafas, archivistas, actuarios y secretarios de acuerdos de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, ante el dispendio del presidente de esa instancia, Diódoro Siller Argüello. Emplazaron a un paro –que estallaría este miércoles– pero José Francisco Garduño Gómez, secretario particular de Alfonso Navarrete Prida, negoció una audiencia que el funcionario impugnado concederá a los inconformes el próximo viernes 20.

El acuerdo original –el establecimiento de “mesas de trabajo” que coordinaría José Francisco Maciel Amaya– quedó totalmente descartado. Mientras afronta esta revuelta interna, Siller Argüello ha decidido nombrar a Guillermo Hernández Galindo como secretario general de conciliación, no obstante que Adriana Llaca demandó en los tribunales su reinstalación en ese cargo.

ACAPULCAZO. Con el aguirrismo fuera de la contienda política en Guerrero y definidos los protagonistas de la carrera por la gubernatura, los reflectores ahora se vuelcan hacia Acapulco. La “declinación” de Ángel Aguirre a la nominación deja la responsabilidad de defender ese bastión perredista al diputado federal Evodio Velázquez, quien –de acuerdo con las mediciones más recientes– arrancará en un virtual empate con Zeferino Torreblanca Galindo, quien ya fue alcalde del puerto turístico –nominado por el PAN– y de hecho, su desempeño lo catapultó a la gubernatura.

El PRI valora nominar a la diputada local Julieta Fernández Márquez, esposa de Manuel Añorve Baños, en una misión electoral que se antoja imposible. En la contienda por la gubernatura, los escenarios han cambiado dramáticamente. Al arranque de las campañas, el PRI saca 10 puntos de ventaja al PRD, que podría disputar el segundo lugar con el PAN, cuyo abanderado, Jorge Camacho, alcanza 8% de las preferencias.

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POR ALBERTO AGUIRRE / elarsenal.net