Opinión
¿Territorios minados?
En la recta final del trabajo legislativo que definirá la reforma energética, ya comienzan a despegar los megaproyectos de inversión –tanto públicos como privados– en ese sector. La Comisión Nacional de Electricidad acaba de presentar los cinco proyectos de su programa nacional de inversiones, entre los que están dos termoeléctricas de ciclo combinado.
La iniciativa privada hará lo propio. La firma Enerkin SAPI y SEISA, de Monterrey, edificarán una planta de cogeneración de energía eléctrica en Mérida, la primera que un productor distinto a la CFE establezca en territorio yucateco. Es el primer proyecto de cogeneración en México que cuentan con motores de gas Jenbacher J624 de GE, de dos ciclos, J624 de GE “Jenbacher”, con motores de gas, que en su conjunto producirán 13,125 megavatios que serán utilizados para alimentar la factorías de Proteínas y Oléicos, con un sobrante de energía que será transportado por la red de la CFE.
Empresas privadas que generan electricidad. ¿Y utilizarán las líneas de transmisión de la CFE o edificarán su propia red? La apuesta del sexenio peñista es la reforma energética.
Así queda plasmado desde el mismo Plan Nacional de Desarrollo 2012-2018, que además de las dos plantas termoeléctricas de ciclo combinado (Guaymas II y Norte II) contempla la construcción de 19 gasoductos, 13 de los cuales deberán ser desarrollados por Pemex, que encabeza Emilio Lozoya Austin y el resto, por la CFE, que preside Enrique Ochoa Reza.
Los industriales del ramo esperan que haya una derrama de 3,897 millones de pesos en lo que resta del periodo, de los cuales 70% será inversión pública y el resto, privadas. Entre quienes levantan la mano para concursar por los proyectos está Fermaca, de Fernando y Manuel Calvillo, apalancados por su reconocimiento internacional como la Empresa de Energía del año.
La reforma energética permitirá la ampliación de negocios boyantes, cuya rentabilidad podría multiplicarse si los legisladores mantienen el espíritu de la iniciativa presidencial dentro del nuevo marco jurídico.
En tanto, avanzan trabajos de exploración y perforación de pozos, como en Oaxaca, donde el consorcio canadiense Fortuna Silver Mines Inc. trabaja en 6,254 hectáreas de la sierra mixteca, desde hace un año y medio, tras de haber erogado 10 millones de dólares para adquirir la concesión de la mina San José. Fortuna se trazó la meta de procesar 683,000 toneladas de mineral con un promedio de 203 gramos de plata por tonelada y 1.56 gramos de oro por tonelada, lo que resulta en una producción estimada de cuatro millones de onzas de plata y 30.4 mil onzas de oro al cierre del 2014. En el primer semestre de año lograron 2.1 millones de onzas de plata y 15,583 onzas de oro.
Actualmente, 16% del territorio nacional se encuentra concesionado a empresas mineras, sin que la mayor parte de la población que lo habita lo sepa. La reforma fiscal buscó generar mayores ingresos para el erario público mediante el cobro de un derecho de 7.5% sobre las utilidades de las empresas mineras.
La reforma fiscal peñista buscó generar mayores ingresos para el erario público mediante el cobro de un derecho de 7.5% sobre las utilidades de las empresas mineras.
La actividad petrolera representa 35% de los ingresos públicos; es decir uno de cada 3 pesos del presupuesto federal proviene de la explotación del petróleo. La reforma energética recién aprobada supondrá la entrada en el territorio mexicano de nuevos actores privados y de nuevas técnicas para la explotación de los hidrocarburos, como el fracking.
La incertidumbre en la tenencia de la tierra y el temor al impacto ambiental de los proyectos mineros exacerbarán la conflictiva social que rodea estos proyectos.
En la etapa previa, está el yacimiento de oro que la Compañía Minera La Pitalla quiso explotar en el ejido San Antonio, de La Paz, Baja California Sur. Recientemente resurgió la polémica que ha acompañado al proyecto minero ahora “Los Cardones”, que busca la autorización para explotar grandes extensiones de tierra ubicadas en las cercanías de la Reserva de la Biósfera Sierra de La Laguna, principal fuente de recarga de los mantos acuíferos paceños y que ahora trata de desarrollar Grupo Salinas, después de haber adquirido los derechos de la canadiense Vista Gold.
El resurgimiento del proyecto ha movilizado a los grupos ambientalistas y ha obligado a las autoridades federales a revisar los términos de la Manifestación de Impacto Ambiental que deberán emitir a la brevedad. Después, el asunto quedará en la jurisdicción de las autoridades sudcalifornianas, pues el Consejo Estatal Forestal, en primera instancia, y el cabildo municipal tendrían que liberar los permisos correspondientes.
EFECTOS SECUNDARIOS
DIGITALIZACIÓN. Este jueves, en un centro de espectáculos de la colonia Condesa, será presentada formalmente la agenda para el desarrollo de las tecnologías de la información, que se denomina PROSOFT 3.0 y regirá como plan maestro del sector para los próximos 10 años.
Si bien se trata de una política pública, lo interesante es que se elaboró a lo largo de año y medio de jaloneos, acuerdos y consultas entre autoridades, empresarios, diseñadores de software, universidades y centros de investigación que cuenta con el apoyo y la asesoría del Banco Mundial y que se aplicarán recursos públicos y privados.
Por Alberto Aguirre / México / elarsenal.net
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